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De establecerse la reelección presidencial continua, a través de una reforma a la Constitución Política, tal como lo pretende el presidente Daniel Ortega, la pregunta clave es ¿quién contará los votos en un proceso electoral de esa naturaleza? Ésta es la principal observación que hace el jurista Fanor Avendaño, quien además señala que “la reelección no tiene que hacerse para favorecer a personas con nombres y apellidos”.

“De darse la aprobación de las reformas para establecer la reelección, el dilema después será llegar al proceso electoral, definir quiénes serán los responsables de contar cada uno de los votos de los nicaragüenses y garantizar la legitimidad de la ruta electoral”, explica Avendaño.

Avendaño considera que “para realizar un cambio completo y corregir los errores de los últimos comicios electorales municipales, el gobierno necesita demostrar transparencia y legalidad, y esto sólo lo puede hacer mediante una reingeniería en el sistema electoral”.

Según el jurista, esta “reingeniería” pasa por un relevo institucional y personal de quienes integran el Consejo Supremo Electoral, CSE, “que puede ser de más del 50% (del personal a sustituir) para poder cambiar la imagen negativa que tienen muchos nicaragüenses y la misma  comunidad internacional”.

Respetar resultados

Avendaño considera indispensable el respeto al sufragio universal en caso de aprobarse una reelección. Además, añade, los procesos deben ser legítimos, desde la cedulación,  la  atención de los miembros en las Juntas Receptoras de Votos, las impugnaciones, la observación nacional e internacional, hasta el depósito libre, soberano, secreto y directo de los votos de los ciudadanos.

“Hay debilidades en la institucionalidad del Estado porque en los cargos se está colocando a personas afines al partido de gobierno, sin capacidad profesional ni técnica para administrar; hay que analizar las capacidades y estudios de los que tienen esta responsabilidad en las instituciones para encaminar mejor el país”, acotó.

¿Reforma o reasignación tributaria?

Respecto de la propuesta de Reforma Tributaria del gobierno, Avendaño considera que “no le podemos llamar paquete de reforma, sino una reasignación tributaria”.

“La reforma significa una ampliación de la base de contribuyentes y el espacio de los mecanismos legales, y eso no se está dando, lo que se está haciendo es reasignando el tributo del contribuyente”, explica.

Para Avendaño, lo preocupante es saber si el Fondo Monetario Internacional, FMI, está avalando esta reasignación tributaria, “porque en poco tiempo puede haber un colapso de la economía al incrementar el tributo a los inversionistas nacionales y extranjeros”.

Según el jurista, el gobierno quiere realizar una redistribución tributaria para asentar las bases y entrar a una discusión en la mesa con la empresa privada, Asamblea Nacional y la clase financiera sobre una Reforma Tributaria.

“Eliminar medidas populistas”

A juicio de Avendaño, una Reforma Tributaria no puede ser efectiva si no está acompañada de tres elementos: el primero, la apertura de caminos para la producción, eliminando lo que considera “medidas populistas, como el proyecto Calles para el Pueblo, pues se deben garantizar los caminos para sacar la cosecha”.

“El segundo punto es el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas por medio de financiamientos de microcréditos y fortalecimiento institucional, ya que éstas representan actualmente más del 80% del desarrollo socioeconómico del país, y la tercera regla del juego es propiciar un clima jurídico de inversión, o sea, que cuentas claras conservan amistades”, enfatizó Avendaño.

Avendaño considera que “si el gobierno llama a una reforma Tributaria es porque hay una actitud preocupante en la economía nicaragüense”. A diferencia del año pasado, señala, en 2009 se recortó el financiamiento de la Unión Europea y del FMI, que en gran parte fortalecía las cuentas del Presupuesto General de la República y cuyos fondos eran dirigidos a proyectos en los diferentes departamentos de Nicaragua.