Ary Pantoja
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La Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional tiene preparadas más de 20 mociones para presentarlas durante la discusión, en lo particular, de la reforma a la Ley de Suministros de Hidrocarburos, la mayoría dirigidas a establecer controles de precios en los derivados del petróleo, entre los que destacan que los costos de los combustibles al consumidor se mantendrán iguales para todo el territorio nacional.

Además, se prevé una tabla de variación de precios con una vigencia de 28 días, señalando los márgenes máximos y mínimos en los que se “moverá” el precio de los combustibles semanalmente en las estaciones de servicio. Cabe destacar, sin embargo, que las propuestas aún no están consensuadas.

Otro de los posibles mecanismos de control es modificar el “precio de referencia”. Actualmente, Nicaragua tiene como referente el petróleo de Texas, también conocido como el del Golfo de México, sin embargo, el diputado liberal Freddy Torres Montes no apoya esta moción, pues considera que el referente de Texas es de “libre mercado”.

Ante la posibilidad de que Nicaragua asuma el referente de menor precio --el de Venezuela, por ejemplo--, Torres considera que con ello se corre el riesgo de “caer en un monopolio” y que, en determinado momento, eso se revierta y perjudique más al consumidor final.

Los antecedentes

En lo que aparentemente sí están de acuerdo todos los diputados miembros de la Comisión de Infraestructura, es en la necesidad de regular los precios de los combustibles y para ello han recurrido a antecedentes en la legislación nicaragüense.

En 1994, Nicaragua ya contaba con una normativa para regular el precio de los combustibles, sin embargo esta disposición fue derogada en 1999 por el entonces presidente de la República Arnoldo Alemán Lacayo.

El Decreto Ejecutivo 56-94 del 20 de diciembre de 1994, firmado por la entonces presidenta Violeta Barrios de Chamorro, establecía en sus artículos 11, 12, 13, 14, 15 y 16 el mecanismo de regulación de precios de los derivados del petróleo, y aunque las disposiciones fueron derogadas mediante el Decreto Ejecutivo 106-99, firmado por el presidente Arnoldo Alemán Lacayo, serán tomadas como antecedentes para aplicar una nueva forma de regulación de precios.