Leyla Jarquín
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El congresista republicano, Aaron Schock, recomendó al gobierno de los Estados Unidos reanudar su asistencia a Honduras y las visas a los funcionarios del gobierno de facto, así como enviar observadores para las elecciones nacionales de noviembre, luego de que un estudio de la biblioteca del Congreso estadounidense concluyera que la destitución de Manuel Zelaya de la presidencia fue legal.

“El Servicio de Investigaciones del Congreso, una agencia apolítica, concluyó que la destitución del ex presidente Zelaya fue constitucional y debemos respetar ese hallazgo. Es inaceptable que nuestro gobierno trate de obligar a Honduras a violar su propia Constitución al cortarle la ayuda extranjera”, expresó Schock, según información publicada por el servicio de radio de la Universidad de Nuevo México a través de su portal en Internet.

Schock también sugirió a su gobierno “reconocer la legitimidad de los comicios (presidenciales del próximo noviembre) si se celebran de manera justa e imparcial”.

Suficiente sanción con destituirlo

Sin embargo, el informe realizado por la biblioteca del Congreso de Estados Unidos y dado a conocer por Schock, también señala que la expulsión de Zelaya del país no fue constitucional.

Por tanto, el congresista recomendó al gobierno de facto de Honduras permitir la salida del depuesto presidente de la Embajada de Brasil, donde permanece desde su retorno a Tegucigalpa el pasado 21 de septiembre.

Según Schock, congresista por el Estado de Illinois, el gobierno de Roberto Micheletti debe reconocer que el derrocamiento de Zelaya fue suficiente para sancionar sus intenciones reeleccionistas, por lo que le sugirió abandonar los planes de procesarlo por la supuesta comisión de 18 delitos y emitir una amnistía general para todos los involucrados en la expulsión del país, el pasado 28 de junio.

Schock manifestó que así Zelaya tendría derecho a hacer campaña a favor del candidato de su preferencia en las elecciones de noviembre próximo, pero que si llegase a incitar a la violencia debería ser arrestado y procesado por la justicia hondureña.