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La primera señal de diálogo político se dio con el encuentro entre el diputado del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Francisco Aguirre Sacasa y el presidente Daniel Ortega, en el seno de la Secretaría del FSLN, el sábado cinco de enero.
Habían transcurrido dos semanas del “cese del fuego” proclamado por el mismo Aguirre Sacasa, pero el encuentro provocó gran revuelo en el seno del PLC y del “Bloque contra la Dictadura”. A unos les alarmó que Aguirre les disputase el rol de operador político y de interlocutor con Ortega. A los otros, les inquietó que un “repacto” se estuviese cocinando.

Aguirre Sacasa sostuvo que asistió al encuentro apermisado por el PLC, que no llevó mensajes cifrados entre ambos caudillos, y que la agenda del encuentro se centró en la necesidad de aprobar un presupuesto responsable para no descarrilar al país del acuerdo con el FMI. Sin embargo, ya para entonces, en la CSJ se consensuaba sentencias judiciales para dar una salida al choque entre Alemán y Ortega.

Una vez que los magistrados del PLC en la CSJ no apoyaron dar vida jurídica a los CPC, en diciembre pasado, Alemán perdió el beneficio de la Convivencia Familiar, que le permite hacer proselitismo político a nivel nacional, vital para su rehabilitación política. Por tanto, el nuevo acuerdo político debía conducir al statu quo anterior a la crisis: vigencia jurídica a los CPC --sin incluir emolumentos ni funciones de gobierno-- y retornar a Alemán al régimen de Convivencia Familiar, con seguridad personal de la Policía Nacional, garantizada en su calidad de ex mandatario.

Así se dio a conocer cinco días después del encuentro entre Aguirre y Ortega, cuando el presidente fue notificado en el propio hemiciclo legislativo de dos sentencias de la CSJ; las que por un lado daban vigencia a los CPC y por otro declaraban inconstitucional un paquete de leyes que hubiesen restado
atribuciones al mandatario.

El combo de la CSJ ¿Qué falló la CSJ?
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) en pleno, integrada por ocho magistrados sandinistas y ocho magistrados liberales, declaró inconstitucional las leyes creadores de la Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep), la Ley del Instituto de la Propiedad Urbana y Rural, la Ley de reforma al Seguro Social y la Ley Marco que suspendía la vigencia de tales leyes.

Al declarar el máximo tribunal la inconstitucionalidad de dichas leyes, el presidente Daniel Ortega no se verá obligado a negociar en la Asamblea Nacional el nombramiento de los titulares de dichas entidades a partir del 20 de enero, cuando se suspendía la vigencia de la Ley Marco.

Sin embargo, el fallo de la CSJ dejó en vigencia las reformas constitucionales que le obligan a solicitar la ratificación de sus ministros y embajadores ante la Asamblea Nacional.

Por otra parte, la Corte también declaró inconstitucional la Ley 613 que derogaba la facultad presidencial para crear los Consejos del Poder Ciudadano, CPC, dejando en vigencia a los CPC, pero sin acceso a recursos públicos.

El Presidente de la República, Daniel Ortega, leyó la resolución judicial en el hemiciclo legislativo al darse por notificado del fallo de la Corte Suprema de Justicia, y al asistir para rendir informe de su gestión de gobierno, aunque no entró en mayores detalles en este aspecto.

Las leyes declaradas inconstitucional son las siguientes: Ley 511 creadora de la Sisep, la Ley 512 creadora del Instituto de la Propiedad Urbana y Rural, la Ley 539 de reforma al seguro social y la Ley 610, Ley Marco para la estabilidad.

Este paquete de leyes fue aprobado en 2004 y 2005 por el PLC y el FSLN como una manera de restar atribuciones al entonces presidente Enrique Bolaños. Con este fallo de la Corte, Ortega evita que estas leyes le obliguen a negociar estos puestos en el Parlamento, pero le queda el mandato de que la Asamblea le ratifique sus ministros y embajadores.

Ortega asistió al parlamento con la ausencia de las bancadas del PLC, de la ALN y del MRS, haciendo fuertes críticas a la autoridad de la jefa de la Policía Nacional, Aminta Granera, abriendo un nuevo frente en sus luchas institucionales.

Alemán sale a debilitar a Montealegre
El nueve de enero, también quedó en evidencia la estrategia oficial para debilitar a Eduardo Montealegre, Presidente de ALN, por dos vías: un interrogatorio minucioso sobre el caso de los Cenis por parte de la Procuraduría, horas antes de que se firmase la alianza electoral entre ALN y PLC, de cara a las municipales de noviembre. Y, en segundo lugar, otorgando, a través de Gobernación, un permiso extraordinario a Alemán para que asistiese a la firma de dicha unidad, como una provocación a Montealegre, de quien se esperaba que se escabullera para evitar saludarse con Alemán.

La estrategia obtuvo resultados ambivalentes: el gobierno consiguió la foto del “Bloque de la Corrupción”, como le llaman los medios oficiales, golpeando la credibilidad de Montealegre, pero no alcanzaron a sabotear la firma de la alianza electoral, lo que le complica un poco el panorama de la competencia de noviembre al FSLN.

Sin embargo, los acuerdos con el PLC dieron un golpe en la nariz al llamado “Bloque contra la Dictadura”, ya que el MRS descartó sumarse a la alianza electoral con ALN y el PLC, y la Corte Suprema de Justicia se ha erigido en un suprapoder que mantiene en jaque la labor de la Asamblea Nacional.

Fisuras en el PLC
Sin embargo, los arreglos bipartitos alcanzados en la CSJ dejaron fisuras en la bancada del PLC, donde el diputado José Pallais, presidente de la Comisión de Justicia, ya ha anunciado que promoverán una interpretación auténtica de la Ley de Amparo, para dejar en claro que no existe el control previo sobre los actos legislativos, pues la CSJ se ha convertido en una espada de Damocles para la labor legislativa.

En la Asamblea Nacional, mientras tanto, Ortega y Alemán continúan estando en minoría, pero la mayoría que le adversa continúa atomizada, incoherente y llena de fisuras internas, a lo que se ha sumado la inminencia de cañonazos políticos, tal como el oficialismo ha dejado entrever las últimas semanas.

En todo caso, los arreglos políticos alcanzados por Alemán y Ortega por la vía de la CSJ, tribunal politizado según ha reconocido su propio presidente Manuel Martínez, han demostrado una vez más que Ortega y Alemán se necesitan mutuamente, en demasía, y de hecho, forever.

La Policía y los bancos en la mira de Ortega

Hasta la semana pasada, el presidente Daniel Ortega solía acudir a sus actos partidarios, luciendo orgulloso la gorra de la Policía Nacional, pero la luna de miel con la jefe de la Policía, Aminta Granera, parece haber llegado a su fin, y aparentemente, botó la gorra por dos razones: aunque defendió la actuación de los camisas azules en la agresión contra un periodista, después limó asperezas, y eso parece no haberle gustado al mandatario. Y la segunda razón parecen ser los altos índices de popularidad de la comisionada Granera, quien ha implementado una eficaz estrategia de marketing político.

Que Ortega desconfía de la Policía Nacional es algo que se sabía, dicho por la propia comisionada Granera, quien reconoció que a lo interno del cordón de seguridad de los Camisas Azules, sólo pueden ingresar algunos policías debidamente autorizados e identificados por el cuerpo de confianza del mandatario.

A esto se han sumado los insultos del mandatario en contra de la Policía Nacional, insinuando que están al servicio de la DEA y no al de la jefa policial, durante su alocución ante un hemiciclo legislativo semivacío. Granera dejó de sonreír cuando escuchó los reproches públicos del mandatario. Y el rostro severo del jefe del Ejército, Omar Halleslevens, se acentuó.

Por la noche de ese mismo día, diez de enero, Daniel Ortega abrió otro frente de combate con los bancos privados del país, especialmente Bancentro y Banpro, principales tenedores de los famosos Cenis, por los que los nicaragüenses pagarán cincuenta millones de dólares en 2008.

Ortega aseguró que no se pagarán esos cincuenta millones de dólares, pero al día siguiente lo contradijo el presidente del Banco Central, Antenor Rosales, quien afirmó que sí se honrará dicha deuda interna.

¿Hasta dónde llegará esta espiral de conflictos que promueve el presidente Ortega? ¿Quién será su próximo contendiente? Aún no lo sabemos.