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El gobierno de Costa Rica no ha sido notificado por la administración del presidente Daniel Ortega sobre el decreto que reglamenta la navegación limitada de embarcaciones costarricenses en el río San Juan.

Hasta las cinco de la tarde de este viernes no existía ningún pronunciamiento al respecto. En la Cancillería costarricense informaron que el canciller Bruno Stagno permanecerá fuera del país hasta en la otra semana, mientras el presidente Oscar Arias llegaba ayer en horas de la noche procedente de Estados Unidos.

“Consultamos a nuestra Cancillería y a esta hora no hemos recibido nada oficial (cinco de la tarde). Sólo conocemos lo que se ha publicado en los medios de comunicación”, indicaron en la oficina del ministro de la Presidencia de Costa Rica, Rodrigo Arias.

Mientras, el presidente de la Comisión del Exterior de la Asamblea Nacional, Francisco Aguirre Sacasa, valoró positivamente el decreto que emitió el presidente Daniel Ortega para reglamentar la navegación limitada de embarcaciones de Costa Rica en el río San Juan, pero advirtió que existe la posibilidad que las instituciones encargadas de hacer cumplir el decreto no tengan capacidad de hacerlo.

Una preocupación

“Lo que me preocupa es lo complejo de la comisión. Yo no estoy criticando, todo lo que dijo (el presidente Ortega) fue consistente con el fallo de la Haya, pero son demasiados los integrantes de la comisión y estoy claro de que esas instituciones no tienen la plata”, expresó Aguirre.

El legislador se refiere a la Comisión Interinstitucional creada mediante el decreto y que es coordinada por el Ejército de Nicaragua. La conforman, entre otros, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Transporte e Infraestructura, el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, la Dirección General de Aduanas, la Policía Nacional y la Empresa Portuaria Nacional.

Cada una de las instituciones tiene una tarea específica. La Cancillería, por ejemplo, tendrá que informar oficialmente al gobierno de Costa Rica sobre el decreto; mientras el Ejército, a través de sus puestos en Delta, Sarapiquí, San Carlos, Boca de Sábalos, San Pancho, Bartola y El Castillo, supervisará el cumplimiento del decreto.

“Se pintó un cuadro idealista de lo que debería de pasar. Que se ejerza la soberanía y no nos ahoguemos en cuestiones burocráticas”, recomendó Aguirre Sacasa.

Lo que hará cada quien

El Marena monitoreará la calidad del agua para evitar la contaminación del río; Gobernación, a través de Migración y Extranjería, velará para que los extranjeros cumplan con la legislación nacional, y el Magfor asegurará la regulación del control de plaguicidas, entre otros.

El decreto establece una serie de prohibiciones, entre ellas la navegación de embarcaciones costarricenses de Policía, que transporten equipos de seguridad, armamentos, pertrechos y embarcaciones de carácter oficial que no porten el debido permiso.

A cada barco les será entregado un “documento válido” y gratuito que los militares requerirán en los puestos de control.

El artículo cuatro establece que no podrán navegar en el río embarcaciones que por su estructura física incumplan con lo dispuesto por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena). Tampoco aquellos barcos donde haya casinos y hoteles.

En este caso y en el de la pesca deportiva, también prohibida en el articulado, Ortega hizo la aclaración que se puede permitir si previamente se solicita autorización y se paga. Esto por ser un negocio, sobre todo en lo referido a los casinos y hoteles.

Este reglamento se elaboró tres meses después de que la Corte Internacional de Justicia de La Haya sentenció que Costa Rica tiene derecho de navegar con objetos de comercio y por turismo en el río San Juan, exactamente en el trecho ubicado a tres millas inglesas al este de El Castillo de la Inmaculada Concepción hacia la desembocadura en el Mar Caribe, y con la salvedad que en esta zona Nicaragua no podrá exigir visas o tarjetas turísticas.

El presidente Ortega lo valoró como “un hecho histórico, (porque) Nicaragua reivindica dentro del marco internacional el derecho pleno sobre el río San Juan”.