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El diputado del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, José Pallais sostiene que el Frente Sandinista podría estar impulsando una reforma a la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, con el propósito de que en un futuro la Sala Constitucional revierta la prohibición constitucional de la reelección presidencial continua.

Pallais calificó ese hecho como “un absurdo jurídico” improbable de ocurrir en nuestro país si se toma en cuenta que la Constitución Política es clara en esta prohibición.

“Equivaldría a que la Constitución es inconstitucional”, expresó Pallais, quien igual que sus demás colegas del PLC toma como referencia lo ocurrido en Costa Rica.

El diputado liberal Wilfredo Navarro señaló que el Frente Sandinista pretende consultar al Consejo Supremo Electoral, CSE, si el presidente Daniel Ortega puede o no ser candidato a la presidencia, y al tener una respuesta negativa del Consejo, recurrirá de inconstitucionalidad. Es ahí donde pretenden declarar inconstitucional el artículo que prohíbe la reelección.

La iniciativa también pretende reformar la integración de las cuatro salas que conforman la Corte Suprema, y por ello se incluye la modificación del artículo 31 de la Ley Orgánica, el que establece la cantidad de magistrados que se requiere para nombrar a los integrantes de las salas Penal, Constitucional, Civil y de lo Contencioso Administrativo.

La historia de Arias

El actual presidente de Costa Rica, Óscar Arias, estaba inhibido de participar como candidato a la presidencia. En abril del año 2003 la Sala Cuarta Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica aceptó el recurso de amparo que presentaron allegados a Arias, cuyo primer período fue entre 1985 y 1990.

Dicho amparo ordenó revocar la reforma constitucional de 1969 que prohibió la reelección presidencial.

Esta decisión causó grandes rechazos entre diversos sectores costarricenses, que alegaron que una reforma a la Constitución debió haber sido aprobada por el Congreso. Algunos políticos, incluso, llegaron a decir que si Arias resultaba electo “sería un presidente de facto, ilegal y espurio”.

En el caso de Nicaragua, la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial plantea la reducción del quórum de magistrados para reunión de Corte Plena, así como el número de magistrados requeridos para emitir una resolución judicial.

“Ya se dieron cuenta de que no tienen de parte del PLC los votos para reelección, y como ellos han condicionado reelección de cargos públicos a cambio de la reelección, pretenden que la Corte pierda su independencia y quede subordinada”, agregó Pallais.