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Si por el “alba se saca el día”, la falta de transparencia en la gestión municipal podría estar en entredicho. A 100 días de administración edilicia, en el 80 por ciento de las alcaldías del país se reformó el presupuesto y, en estos municipios, cuatro de cada diez concejales dijo que la reforma se hizo sin la debida consulta, según el monitoreo realizado por la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local, RDDN, cuyos resultados fueron presentados ayer por su directora ejecutiva, Damaris Ruiz.

El estudio se realizó en 39 municipios de los 15 departamentos y dos regiones autónomas del país, y contó con entrevistas a 4,650 personas entre ciudadanos, concejales y representantes de las organizaciones de la sociedad civil de las respectivas localidades.

Según el estudio, el alcalde puede elaborar y presentar al Concejo un proyecto de reforma o modificaciones de la Ordenanza “Presupuesto Municipal Anual” y el Concejo tiene la obligación de discutirlo y aprobarlo.

En el estudio se indagó con concejales y organizaciones de la sociedad civil sobre reformas al presupuesto municipal y si se cumplió con la consulta debida. El monitoreo refleja que el 81 por ciento de los concejales afirma que se hicieron reformas al presupuesto municipal. Al averiguar si se hizo el proceso de consulta, el 46 por ciento respondió que no y el cuatro por ciento dijo que no sabía.

Las reformas al presupuesto
En el documento, la Red Local señala que “es una práctica que los gobiernos municipales entrantes reformen, tanto el Plan de Inversión Multianual Municipal, PIMM, como el Presupuesto que deja la administración anterior, esto se repite con mayor magnitud en alcaldías donde cambia el partido político”.

Al comparar por regiones, se observa que en el Caribe es donde más concejales afirman que se hicieron reformas al presupuesto, seguido por el centro-norte del país. Sobre las consultas de esas reformas, la tendencia es a no realizarlas en una buena parte de los municipios.

Así, en el Caribe, el 67 por ciento de los concejales afirmó que no se hicieron las consultas; en el centro-norte, el 47 por ciento dijo que no, y el tres por ciento respondió que no sabe si las hicieron, mientras que en el Pacífico el 40 por ciento dijo que no y un seis por ciento no sabe si se hicieron. En la costa Caribe, en el 100 por ciento de los municipios se realizaron reformas al presupuesto.

Los cabildos
Otro de los deberes de los alcaldes es la realización anual de cabildos abiertos para consultar y presentar a la población la “rendición de cuentas”, es decir, la ejecución presupuestaria anualmente.

Este cabildo se realiza generalmente los últimos 15 días de febrero. De los 39 municipios consultados, el 65 por ciento de los concejales señaló que sí se realizó el cabildo de rendición de cuentas (para este caso, posterior al cambio de gobierno), mientras que el 32 por ciento dijo que no se realizó, y sólo un tres por ciento contestó que no sabía. “Es una competencia de los concejales evaluar y aprobar el informe de cierre de presupuesto municipal, el porcentaje que afirma que no se hizo es significativamente alto”, valora la Red Local en su informe.

Conforme con el artículo 38 de la Ley de Presupuesto, los alcaldes deben consultar y discutir cada reforma presupuestaria; además, deben realizar un cabildo abierto para presentar la ejecución presupuestaria (rendición de cuentas) anualmente. Sólo seis de cada diez concejales consultados dijo que sí se realizó el cabildo de rendición de cuentas, para este caso, por el cambio de gobierno; mientras que cuatro de cada diez concejales dijo que se reformó el presupuesto sin la debida consulta

CDM desplazados por el “Poder Ciudadano”
Del informe de monitoreo de la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local, RNDD, se deduce que la democracia local va en franco deterioro. Las estructuras municipales de participación establecidas en la Ley de Participación Ciudadana, Ley 475, prácticamente han sido desplazadas por el “Modelo de Poder Ciudadano”, impulsado por el gobierno del Frente Sandinista y reflejado en los municipios en los denominados “Gabinetes del Poder Ciudadano”, GPC.

Según un estudio de la misma Red Local del año 2007, en el 72 por ciento de los municipios del país funcionaban los Comités de Desarrollo Municipales, CDM, como estructuras establecidas en la Ley 475.

Ese año los encuestados señalaban que los CDM “hacían sus reuniones y las decisiones se tomaban por consenso, lo cual ha servido como un valioso espacio de comunicación plural entre los distintos actores municipales y de concertación interinstitucional para elaborar y ejecutar las políticas y acciones de desarrollo municipal. También, los CDM habían servido para canalizar demandas ciudadanas a través de las organizaciones civiles participantes”.

Según los resultados del estudio 2009, solamente el 12 por ciento de los concejales encuestados manifestó como una de las prioridades para fomentar la participación ciudadana trabajar con los CDM. En tanto el 64 por ciento expresa que la prioridad del gobierno municipal es trabajar con el “Modelo del Poder Ciudadano”, es decir, con los GPC.

CDM sólo en alcaldías liberales
Los datos demuestran que los CDM continúan funcionando mayoritariamente en aquellos municipios gobernados por alcaldes del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, y tienen menos incidencia en las alcaldías dominadas por el Frente Sandinista.

El 66 por ciento de los concejales encuestados en 2009 indicó que en sus municipios existe el CDM; de éstos sólo el 44 por ciento señala que están funcionando, y el 45 por ciento dice que han sido convocados por las autoridades municipales.

Al indagar sobre los municipios donde señalan que los CDM están funcionando, los resultados de la encuesta a los concejales demuestran que en el 80 por ciento de los municipios cuyos alcaldes son del PLC, el CDM está funcionando; contra un 37 por ciento de los municipios gobernados por el FSLN.

Incumplen Ley de Participación Ciudadana
Otro aspecto a destacar es la organización de los Gabinetes del Poder Ciudadano, GPC, frente a los CDM. El 92 por ciento de los concejales expresó que los GPC están organizados, frente a un 66 por ciento que dijo que los CDM existían en sus municipios.

“Este dato no llamaría tanto la atención si los GPC existieran sin detrimento de los CDM. Sin embargo, al encontrar que el 41 por ciento de los concejales asegura que los CDM han pasado a ser parte de los GPC, nos encontramos frente al dilema del incumplimiento de la Ley de Participación Ciudadana, pues los artículos 45 y 102 dan a los CDM el carácter de máximo espacio de concertación local, no obstante vía decreto presidencial están siendo sustituidos por otro espacio”, señala la Red Local en el documento.

Al analizar la situación de los CDM, con base en las tres regiones naturales del país, en todas prevalece la tendencia a trabajar con el Modelo del Poder Ciudadano, 73 por ciento en el Pacífico; 62 por ciento en el centro-norte, y 33 por ciento en el Atlántico. Sin embargo, en esta última región el porcentaje más alto (34%) expresó que su prioridad es trabajar con los Comités de Desarrollo Comunitarios.