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El presidente del Consejo Nacional de Universidades, CNU, Telémaco Talavera, denunció que la ley orgánica del nuevo Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, CNEA, viola la Ley de Autonomía de Instituciones de Educación Superior, pues ayer en su aprobación los diputados acordaron atribuirle la facultad de aprobar la creación de nuevas universidades, razón por la cual recurrirán de amparo.

Talavera señaló que la Ley de Autonomía en su artículo 58, numeral siete, referido a las facultades del CNU, establece que es esta instancia la encargada de “autorizar la creación de nuevas universidades y centros técnicos superiores”.

Sin embargo, uno de los últimos artículos aprobados ayer y propuesto por la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional reza que “a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, la Asamblea Nacional otorgará personalidad jurídica únicamente a aquellos proyectos de universidades que cuenten con el dictamen del CNEA”.

Poco transparente

Pese a que Talavera reconoció que el CNU ha trabajado para que exista un sistema de evaluación y acreditación para el sistema de educación superior, criticó la disposición de la nueva ley. “Es poco transparente que sin consultar al CNU se haya hecho una reforma a la Ley de Autonomía”, expresó el también rector de la Universidad Nacional Agraria, UNA.

“Es una mezcla que menoscaba la facultad del CNU”, señaló, pues explicó que en la ley orgánica del nuevo CNEA se juntaron las facultades de autorizar la creación de nuevas universidades y la de acreditar la calidad de éstas.

Talavera dijo que con dicha aprobación se evidencia que “hay intereses de por medio”, pero no quiso ahondar porque anunció que el CNU expondrá hoy su posición formal luego de que sesione su junta directiva. Hoy también se conocerá la reacción de la UNEN, que se erige abanderada de la autonomía universitaria.

Más atribuciones

Otro de los artículos de la ley orgánica del CNEA señala que “a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, las universidades públicas y privadas tendrán un período de tres años para subsanar las debilidades que enfrenten conforme a los requisitos y estándares de calidad estipulados por el CNEA”.

La misma ley establece que las universidades deberán realizar autoevaluaciones bajo la supervisión del CNEA para detectar sus fortalezas y debilidades, “con miras a mejorar la calidad”. Los resultados de esas autoevaluaciones deberán enviarlas al CNEA para su debida certificación.

La institución autoevaluada tendrá un período de tres meses a partir de que el CNEA le entregue su resolución para presentar al organismo rector su plan de mejora.

Hasta podrán cerrar universidades

En este particular la ley es severa, pues establece que si la institución autoevaluada no presenta su plan de mejora en el tiempo anteriormente estipulado, el CNEA otorgará 30 días de plazo fatales para que las universidades autoevaluadas presenten sus planes de mejora y, en caso de incumplir con este requisito, “se presumirá la insuficiencia (de la universidad) para garantizar la calidad educativa”.

Al ejecutar su plan de mejora, las universidades deberán informar anualmente al CNEA sobre los avances de este proceso.

Por otra parte, en la ley se obliga a las universidades públicas y privadas a que el diez por ciento del personal docente contratado debe ser “personal de planta o docentes fijos”, a fin de garantizar la calidad en la enseñanza. Originalmente, el proyecto estipulaba el 25 por ciento, sin embargo, el presidente de la Comisión de Educación, Mario Valle Dávila, dijo que actualmente ninguna universidad alcanza siquiera el cinco por ciento de personal docente de planta.