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Aumento de precios, reducción de la inversión y persecución tributaria son los tres elementos que comprende la reforma fiscal propuesta por el gobierno del presidente Daniel Ortega, según las críticas de los diputados liberales en el Parlamento y de algunos economistas.

Entre los principales temas que preocupan a los legisladores del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, respecto a esta iniciativa, destacan la aplicación de un impuesto a los premios de lotería a partir de los 5,000 córdobas; así como la utilización de estudiantes universitarios como “soldados recaudadores” de impuestos por parte de la Dirección General de Ingresos, DGI.

“La reforma incluye incrementos en la energía y una agresión directa a las Organizaciones No Gubernamentales y a las iglesias, porque les establece listas taxativas a exonerar y les prohíbe la venta de las donaciones que reciben”, según explicó el primer secretario del Parlamento y miembro de la Comisión Económica del Parlamento, Wilfredo Navarro.

Navarro dijo que existen muchas iglesias que reciben en calidad de donaciones camiones con diversos artículos usados que luego los venden para obtener fondos. Con la reforma tributaria el gobierno prohíbe esta práctica.

Los soldados recaudadores

Otro de los elementos de la nueva legislación tributaria es la persecución utilizando a estudiantes universitarios.

“Establecen una figura en la que señalan que están haciendo convenios con las universidades para que los muchachos (estudiantes) vayan a cobrar fiscalmente a la gente; este convenio, según el ministro Alberto Guevara, es para que los estudiantes presten su servicio social en la DGI y DGA (Dirección General de Aduanas)”, explicó Navarro.

Todo esto, a parte de los 40 millones de córdobas extra que le “están recetando” a la DGI en la reforma presupuestaria para incrementar su capacidad de cobranza.

“El ministro lo dijo: ‘Incorporar a los estudiantes para ir a trabajar en la consecución de las metas de recaudación’, ‘tradúzcase’ esto en ir a perseguir a los contribuyentes, son policías fiscales”, señaló el Primer Secretario del Legislativo.

Cambio del año fiscal

Para el economista René Vallecillos, uno de los elementos peligrosos de la reforma tributaria lo constituye el 25 por ciento de Impuesto sobre la Renta con el que pretende gravar el gobierno a aquellas instituciones financieras “no residentes”.

“Por ejemplo, si un banco internacional quiere prestarle dinero a un banco nacional o a una empresa, el gobierno impondrá una tasa del 25 por ciento sobre ese préstamo, lo que conlleva a un encarecimiento del crédito o de los costos de la empresa o institución financiera o empresa nacional que recibe ese crédito”, explicó Vallecillo.

Con este nuevo impuesto, señala Vallecillo, puede ocurrir una de dos cosas. “Que la institución financiera internacional decida no prestar o simplemente trasladar ese 25 por ciento de impuesto al crédito que va otorgar a la empresa o banco nacional”, agregó.

Vallecillo se reunió ayer con los jefes de bancada y algunos miembros de la Comisión Económica en el Parlamento para explicar los alcances y consecuencias de algunos de los aspectos que comprende la propuesta gubernamental, entre ellos el riesgo de cambiar el año fiscal.

Actualmente, el año fiscal va de julio (de un año) a junio (del siguiente año). El gobierno pretende cambiar ese año fiscal a un año calendario, es decir, de enero a diciembre. El riesgo, según Vallecillo, es que en la propuesta el gobierno pide que se adelante el pago de impuesto correspondiente a seis meses “para poder hacer el empalme del nuevo año”, pero con eso los empresarios pagarán el doble.

“Van a pagar los seis meses por adelantado y cuando comience el nuevo año fiscal, que será el año calendario, volverán a pagar ese mismo impuesto”, explicó Vallecillo, quien no recomienda hacer el cambio de año fiscal en un momento de crisis económica.