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El anteproyecto de Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado contempla medidas de protección a los testigos, víctimas y peritos, de modo que se reduzcan los obstáculos que impiden en ciertas ocasiones, y en el caso de los testigos, la conclusión del juicio.

La secretaria ejecutiva del Ministerio Público, Delia Rosales, considera que éste es un “tema muy importante para los operadores de justicia”, puesto que la falta de protección está causando “mucha presión que impide que los testigos colaboren con la justicia”.

Actualmente la Comisión de Justicia está consultando dicha iniciativa de ley. Según el presidente de la Comisión, José Pallais, podría estar aprobada a finales de este año, a pesar de que el proceso de consulta ha sido muy lento por la dificultad para que las partes involucradas se pongan de acuerdo.

Ayer los delegados por la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Ejército abordaron el tema de la protección a los involucrados en el proceso juzgatorio. “La ley trae como propuesta diversas medidas de protección cuando se encuentre en riesgo”.

Las medidas

El riesgo será determinado en conjunto por la Policía y la Fiscalía. Entre las medidas de protección está la custodia policial en su domicilio, que no se declare directamente frente al acusado, que no se refleje el nombre en el cambio de información y prueba, explicó Rosales.

Todo esto se haría dentro de un “Programa de protección a testigos” coordinado por Ministerio Público y la Policía Nacional, dijo José Pallais.

Los recursos

Sin embargo, para llevar a cabo estas medidas de protección se requerirá de recursos económicos. “Éstas son medidas especiales”, explicó el asesor legal de la Policía Nacional, comisionado mayor Juan Ramón Grádiz, quien agrega que la disponibilidad de recursos fue tomado en cuenta en la iniciativa de ley.

“Una fuente (de financiamiento) sería la subasta, pero no se deja cerrada la opción de donación nacional o internacional”, expresó Grádiz.

Según Pallais, el presupuesto saldría de las subastas de los bienes incautados al narcotráfico.