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El 19 de octubre Nicaragua entera fue estremecida por una resolución fuera de toda lógica jurídica. Seis magistrados de la Sala Constitucional emitían la “Sentencia 504”, que, reformando la Constitución Política, dejaba inaplicable el artículo 147 de la Carta Magna, el cual establecía los límites de la reelección presidencial y con ello permitían al presidente Daniel Ortega Saavedra postular su candidatura en las elecciones nacionales de 2011 para un segundo período consecutivo.

De paso, 109 alcaldes del país también podrían postularse para la reelección en el cargo, pues la misma sentencia dejaba sin validez el artículo 178 que prohíbe el continuismo para los munícipes.

Nueve días después, el 28 de octubre, siete magistrados liberales de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, incluyendo a su presidente y los tres miembros de la Sala Constitucional, emitían un comunicado rechazando la legalidad del documento denominado “Sentencia 504”.

El presidente de la CSJ, Manuel Martínez Sevilla, expone en esta entrevista sus consideraciones de por qué un comunicado y no una sentencia o un voto razonado contra la “sentencia 504”.

¿Por qué un comunicado y no una resolución judicial o un voto razonado?
Una resolución no es posible, porque la composición de la Corte Suprema de Justicia es de ocho a siete (ocho magistrados FSLN y siete arnoldistas), y no podríamos tener la mayoría de votos. Una resolución de los siete sería un ilícito, y eso no se remedia con otro ilícito. Ésa es la posición nuestra de respeto a la Constitución y a nuestra Ley Orgánica, que es la forma de conducirnos, y no queremos hacer algo ilegal.

¿Por qué un comunicado?
Queremos dejar sentada de una manera legal, sincera y franca, nuestra posición y la realidad de lo que ha sucedido. Se ha dicho que nosotros conocíamos lo que se estaba tramando y que nos tapamos los ojos para no ver y consentirlo.

Yo pongo mi firma ahí (en el comunicado), porque eso es lo que ha sucedido. No tuvimos conocimiento de nada de eso; haberlo percibido es una cosa, pero saber que lo iban a hacer es otra.

Es más, al platicar con uno de los autores de eso, Rafael Solís, me confesaba que sólo cuatro personas de ellos supieron lo que iban a hacer y lo dejaron hecho desde antes que viajaran a España, entonces nadie sabía de eso más que cuatro personas.

No me corresponde a mí los arreglos que puedan hacer los partidos políticos, pero sí es conveniente que las fuerzas democráticas no tengan ninguna suspicacia del comportamiento nuestro.

Por lo que dice, ¿debo entender que hubo un arreglo político entre Arnoldo Alemán y Daniel Ortega para emitir esta sentencia?
No, no, no. Me refiero a los partidos políticos representados por Eduardo Montealegre, por Alemán y el grupo de ALN... de que en las publicaciones de ustedes se ve que hubo diputados que dijeron que nosotros éramos sabedores.

Resulta difícil creer que ustedes no sabían nada cuando conocemos que usted y Rafael Solís estaban trabajando juntos una reforma constitucional para incluso darle la reelección a Ortega.
Yo he dicho que trabajé en una reforma constitucional, y particularmente en el tema del Consejo Supremo Electoral, de que me parece, tiene que ser reformado ese sistema, porque el Consejo Supremo Electoral no tiene ninguna dinámica, ningún contenido durante los períodos no electorales, excepto el de la cedulación que para mí, debe ser una gestión separada del Consejo Supremo Electoral.

¿Qué incluía esa reforma?
No incluía cambio de sistema ni la reelección de Ortega, de ninguna manera. Es más, yo no tengo ningún empacho en decir que si se quiere que haya reelección, entonces que se cambie el cociente necesario para que haya reelección y que lo pongan al 50 por ciento más uno de los votos, porque esa sería la representatividad absoluta de los nicaragüenses.

¿Es legal esta iniciativa de ley que presentaron los diputados liberales en la Asamblea Nacional para anular esa sentencia de la Sala Constitucional?
La Asamblea Nacional es un constituyente indirecto, es el poder más soberano que existe dentro de la organización del Estado, de manera que como soberanos que son, ellos pueden invocar la recuperación, si es que acaso le han quitado su facultad de reformar la Constitución, que es propia de la Asamblea Nacional. Porque esa supuesta sentencia lo que hace es reformar la Constitución Política, pretende una reforma al artículo 147, y la reforma sólo tiene dos caminos: la parcial o la total; la primera le corresponde a la Asamblea Nacional y la otra al poder constituyente a través de una Asamblea Constituyente.

Insisto, ¿es correcta esta iniciativa de ley para anular esta sentencia?
No creo que sea incorrecta por la soberanía que tiene el Poder Legislativo. Pensemos en que la soberanía está en el pueblo y lo más próximo al pueblo es la Asamblea Nacional como delegados del pueblo, porque ellos (los diputados) fueron electos para legislar en nombre del pueblo dentro del marco del ordenamiento jurídico. De manera que ellos perfectamente pueden sacar cualquier ley.

¿Hay otro mecanismo para invalidar esta sentencia reeleccionista?
Es que no tiene validez. Para mí no tiene validez.

Si la sentencia no tiene validez, ¿qué caso tiene presentar una iniciativa de ley para que anule algo que no tiene validez jurídica?
Lo que se pretende, tengo entendido, es recuperar su condición y reiterar que la única que puede reformar la Constitución es ella.

¿Entonces en ese sentido debería ir la iniciativa de anular la sentencia?
Bueno, eso ya es cuestión de la Asamblea, yo no asesoro a la Asamblea, ellos tienen sus asesores.

¿Conoce usted el cuerpo de la iniciativa de ley?
No lo conozco... la que sí conozco es otra reforma que hay para cerrar la composición de las salas y del quórum de la Corte Suprema de Justicia, ésa sí la conozco porque me consultaron, es para que no se den estas anomalías y que en el futuro sólo integren salas los miembros propietarios o sus respectivos suplentes conforme con el acuerdo de la Corte. Que no haya libertad de un presidente de sala para que pueda llamar a cualquiera a integrar, como se dio con este caso.

Los magistrados liberales se reunieron con Arnoldo Alemán.

¿Fue para buscar un mecanismo legal para anular esa sentencia?

Cuando se trata de asuntos de Estado, soy presidente de un Poder del Estado, tengo que moverme para platicar con todos las actores. Si el presidente Daniel Ortega me llamara a mí para hablar del tema, yo voy donde él. Me acaban de invitar los de la bancada de Eduardo Montealegre y los de la ALN para que le demos nuestros puntos de vista, entonces en el mismo sentido acudí al llamado.

Nosotros sólo discutimos los puntos de vista jurídicos, los políticos, ellos lo deciden. La bancada liberal nos dijo que no nos iba pedir que hiciéramos una ilegalidad de esa naturaleza.

¿Entonces esa iniciativa de ley que presentó el PLC para anular la sentencia es política, no jurídica?
En este país todo es político, sobre todo en la organización del Estado. La sociedad es eminentemente política, usted ha renunciado a una parte de su libertad, para disfrutar del resto de sus derechos, y la Asamblea Nacional es la que representa esos derechos del pueblo.

¿La solución es política?
Así se resolvió el caso de las otras reformas (de 2005) que fueron tramitadas legalmente, cuando el presidente era Enrique Bolaños. Se tramitaron legalmente, hubo dos legislaturas, la aprobó una Asamblea con la mayoría necesaria; el presidente no las quiso acatar y concluyeron con una Ley Marco, eminentemente política, porque no es nada jurídico, porque no puede haber ley ni norma por encima de la Constitución.

Ortega tentado a reformar Cn. con sentencias
Para el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Martínez, la sentencia “ilegal” del 19 de octubre sienta un mal precedente, pues al reformar la Constitución Política, nada le impide al presidente de la República, Daniel Ortega, intentar algo similar y reformar otros “obstáculos” que le establece la Constitución, como el hecho de la ratificación de los nombramientos de ministros, viceministros, directores y presidentes de instituciones y entes autónomos, así como de los embajadores.

¿Cómo resolver un problema político con un mecanismo jurídico y viceversa?
Cuando los políticos se reúnen a discutir un tema, por muy escabroso que sea, que no está reñido con la parte dogmática de la Constitución, ellos pueden hacer cualquier cosa, porque si yo le doy un poder para comprar una casa, usted tiene la facultad para ir a buscar la casa que usted cree que con el dinero que yo le di, puede comprar, y que es la mejor escogencia, ésa es la responsabilidad del representante o apoderado. En este caso, los diputados son los apoderados del pueblo y de la soberanía nacional; ésa es la solución que como sociedad tenemos que enfrentarla, aceptarla y tomar decisiones.

¿Por qué entonces los diputados pretenden darle una solución jurídica a través de una ley que anule esa sentencia?
Porque no podemos fomentar golpes de Estado a la Constitución, porque si no, entonces, lo más lógico es que salieran a las calles y se arme una revuelta...

¿Usted comparte la opinión del presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez, sobre la existencia de un conflicto entre poderes?
No lo veo, porque el Poder Electoral no ha hecho nada...

¿Pero entre la Asamblea Nacional y la Corte Suprema a raíz de la sentencia de la Sala Constitucional?
Tampoco...

¿Si usted dice que la sentencia de la Sala Constitucional reforma la Constitución, y reformar la Constitución es una facultad de la Asamblea Nacional, entonces hay un conflicto entre poderes o una intromisión de un poder en los asuntos del otro?
Hay una pretendida intromisión, no llego a darlo por un hecho, porque yo le niego valor jurídico al documento, yo no le llamo sentencia, es un panfleto político que emitieron los seis colegas...

¿Entonces ninguna institución está obligada a acatarla?
Si yo fuera el Consejo Supremo Electoral, cuando lleguen con esta sentencia, yo les diría esto no vale nada... El Consejo no está en proceso electoral, no hay candidaturas rechazadas.

¿Qué es lo que rechazó, cuál es la negativa, cuál es el acto por el cual recurrir de amparo? Eso es una simulación, es una ficción.
Si jurídicamente la sentencia es inexistente, ¿por qué hay que recurrir a una iniciativa de ley para anular algo que no existe?
Porque el tema político le corresponde a la Asamblea Nacional... Ellos están rescatando su poder político, el poder que el pueblo les ha dado a ellos.

¿Usted apoya la reelección?
Si nos vamos con el 50 por ciento más uno de los votos, sí. Si un ciudadano tiene el apoyo del 50 por ciento más uno de los votos, por qué no va a ser reelecto.

¿Usted cree que el presidente Daniel Ortega recurriría a este tipo de sentencias para reformar la Constitución y derogar lo referente a la ratificación de los nombramientos de funcionarios públicos y finalmente gobernar por decreto?
Estás tocando un tema bien álgido y es la ingobernabilidad. Los nicaragüenses no podemos permitir que, so pretexto de ingobernabilidad, se pueda llegar a eso. El año que viene hay 27 funcionarios de alto rango que hay que elegir, si no se eligen, no habrá Contraloría, no habrá Consejo Supremo Electoral ni Superintendencia de Bancos, y ésa es una situación de ingobernabilidad, pero ahorita todo mundo tiene miedo de hablar de eso, porque si no es pacto... pero hay que hacerlo. Lo tiene que hacer Arnoldo Alemán, Eduardo Montealegre y Daniel Ortega.

¿Tiene usted conocimiento de que esto pueda ocurrir?
Bueno, por la víspera se saca el día. Si hicieron ésta porque no consiguieron los votos para reformar el artículo 147, no creás que no tienen pensado qué hacer para lo otro...

¿Reformar la Constitución vía sentencias?
Reformar la Constitución vía sentencias, entre paréntesis, subrayado y en negritas.