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El presidente derrocado, Manuel Zelaya, instó ayer lunes al gobierno de facto a que deje las “estrategias dilatorias” para aplicar el acuerdo alcanzado y poner fin a la crisis política, mientras el Congreso sigue sin definir una fecha para votar su eventual restitución.

Las dos delegaciones se han enfrascado en una guerra retórica por la interpretación del acuerdo Tegucigalpa-San José-Diálogo de Guyamuras firmado el viernes, que deja abierto el primer punto: la restitución del presidente derrocado.

Zelaya considera que su restitución --que según el acuerdo deberá ser votada en el Congreso-- está implícita en el cronograma del documento firmado, que contempla que para el cinco de noviembre haya quedado constituido el gobierno de unidad nacional, que él debe presidir.

“Si va a la semántica literaria del lenguaje, ahí no van a encontrar la respuesta”, pero la “conciliación y el espíritu de concertación tiene que ver con las partes en conflicto para que los dos salgan totalmente armonizados”, dijo a la AFP. Para Zelaya, el “espíritu” del acuerdo es revertir el golpe de Estado del 28 de junio.

Niegan acuerdo “bajo la mesa”

Sin embargo, la comisión negociadora del gobierno de facto de Roberto Micheletti no lo ve así y descarta que haya un acuerdo “bajo la mesa” para restituir automáticamente al presidente depuesto, que se refugia en la embajada de Brasil desde que llegó subrepticiamente al país el pasado 21 de septiembre.

“No hay acuerdo bajo la mesa”, zanjó Arturo Corrales, en un desayuno con corresponsales extranjeros este lunes, enfatizando que es el Congreso el que debe decidir la restitución de Zelaya.

En cambio, el embajador de Estados Unidos en Tegucigalpa, Hugo Llorens, cuyo país forzó la firma del acuerdo, fue más diplomático: “Yo no voy a comentar en lo específico, lo que sí digo es que Estados Unidos, como toda la comunidad internacional, apoya al Acuerdo Tegucigalpa-San José y espera que se implemente de la forma más expedita para resolver los problemas de Honduras”.

Zelaya espera que la Comisión de Verificación del acuerdo, integrada por el ex presidente chileno Ricardo Lagos, la secretaria de Trabajo estadounidense, Hilda Solís, así como por los hondureños Jorge Arturo Reina, por Zelaya, y Arturo Corrales, por Micheletti, aclare esta confusión.

Tanto Solís como Lagos y el secretario para Asuntos Políticos de la Organización de Estados Americanos, OEA, Víctor Rico, llegan hoy martes a Tegucigalpa.

Congreso en receso

La salida a la crisis pasa por el Congreso, que está en receso hasta después de las elecciones del 29 de noviembre.

Al menos 65 diputados de los 128 del Congreso tendrían que votar a favor de esta cláusula para restituir a Zelaya en la presidencia hondureña, pese a que mayoritariamente votaron a favor de su destitución el 28 de junio.

El presidente del Congreso, José Alfredo Saavedra, del Partido Liberal (PL, el mismo que el de Zelaya y Micheletti), dijo que los diputados iban a recibir este lunes “copia” del acuerdo.

Saavedra advirtió que “el Congreso Nacional es un poder totalmente independiente del resto de los poderes constituidos” y cada diputado será libre de decidir en el momento la votación.

Militares atemorizados

El jefe de los militares, el general Romeo Vásquez, según oficiales a sus órdenes, está muy preocupado por no terminar en prisión, porque el acuerdo no contempla la amnistía.

“Si algo ha quedado claro”, dice un militar, “es que aquí el Ejército cumplió una misión. Nos dieron una orden y la cumplimos. Ahí terminó nuestra intervención. Ni el general ni ninguno de nosotros hemos participado después del nuevo gobierno o de cualquier otra prebenda. Sería injusto que los políticos se pusieran ahora de acuerdo y que el chivo expiatorio lo pusiéramos nosotros”.

Tanto el general Romeo Vásquez Velásquez, como los militares y el propio Micheletti, se muestran temerosos de que, si Zelaya regresa al poder, aproveche para poner en su sitio a quienes lo secuestraron.