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A la luz de las nuevas proyecciones sobre recaudaciones tributarias presentadas por el presidente del Banco Central de Nicaragua, BCN, Antenor Rosales Bolaños, el gobierno debería flexibilizar la iniciativa de Ley de Concertación Tributaria y abrirse a las consultas con los diferentes sectores de la economía nicaragüense, sobre todo, considerando que la aprobación del programa macroeconómico por parte del Fondo Monetario Internacional, FMI, permitirá el rápido desembolso de unos 90 millones de dólares en préstamos antes que finalice el año 2009.

El diputado del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, y miembro de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, Francisco Aguirre Sacasa, señaló ayer que ésta es una oportunidad para que el gobierno reconsidere algunos aspectos de la iniciativa de ley que atentan contra la empresa privada, la inversión extranjera y, principalmente, la clase media, en un país que tiene los impuestos más altos de la región centroamericana.

“Esto cambia el panorama... Estos 90 millones nos han dado una mayor holgura y han reducido la necesidad de proceder con una reforma que era confiscatoria y no tributaria. La magnitud (de recaudación) que está proponiendo el Presidente del Banco Central es algo más manejable y nos da la posibilidad de llegar a un acercamiento de posiciones”, expresó Aguirre en alusión a la nueva meta de recaudaciones que presentó el titular del BCN.

Consulta necesaria

Aguirre Sacasa recomendó al gobierno abrir un verdadero proceso de consulta de la Ley Tributaria, e insistió en que el PLC no respaldará en el Parlamento aspectos fiscales, como la intención gubernamental de gravar con impuestos las remesas familiares que vienen del exterior, las pensiones de los jubilados y eliminar la exoneración del Impuesto al Valor Agregado, IVA, a los clientes cuyo consumo energético va de los 300 a los 1,000 kilovatios hora al mes, entre otros.

“Todo eso apuntaba a un impacto recesivo (en la economía), pues significaba succionarle al sector privado 2.5 por ciento (en impuestos) del Producto Interno Bruto”, expresó.

Para Aguirre, la nueva proyección recaudatoria del gobierno representa “cifras más consistentes con la realidad del país”, aunque enfatizó en que era preferible dejar el nivel de impuestos como está. “Yo soy enemigo del aumento de los impuestos en un país con la mayor carga tributaria más alta de Centroamérica, pero ahora por lo menos estamos en un nuevo juego y hay que ver la composición de esos impuestos”, señaló.

Elogio a Rosales

No todo fue crítica, Aguirre elogió el anuncio y el trabajo del presidente del Banco Central, Antenor Rosales; además resaltó la “responsabilidad” con que el gobierno ha actuado de cara al cumplimiento de sus obligaciones con el FMI, y recordó que tanto la Ley Tributaria como el Presupuesto 2010 constituyen dos condicionantes del organismo financiero multilateral, por lo que ambos deben ser aprobados antes de que concluya el año 2009.

Gobierno “de retro”

Por su parte, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Guevara, dijo que es falso que la iniciativa de Ley de Concertación Tributaria que presentó el pasado 15 de octubre ante la Primera Secretaría del Parlamento tenga la intención de gravar con impuestos las remesas familiares provenientes del exterior; las pensiones de los jubilados, cuyos montos son menores de 8,000 córdobas mensuales, y a las pulperías cuyas ventas sean hasta de 10,000 córdobas mensuales o más.

En tanto, el jefe de bancada del Frente Sandinista, Edwin Castro Rivera, considera que “al proyecto de ley que envió el gobierno hay que hacerle algunos ajustes y para eso está la Asamblea Nacional”.

“Yo no estoy de acuerdo con que se grave con un impuesto a las remesas familiares, a la seguridad social, pero hay que ponerle nombre y apellidos a las cosas; hay que defender a los pobres, pero también hay que hacer que paguen los que no han pagado históricamente”, dijo Castro, quien confía en que la Ley Tributaria será aprobada antes que termine 2009.