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El presidente depuesto de Honduras, Manuel Zelaya, no reconocerá las elecciones nacionales que se realizarán en noviembre mientras el Congreso de ese país no lo restituya en el cargo, tal como establecen los acuerdos a los que llegó con el gobierno de facto el fin de semana pasado, anunció la cancillera depuesta, Patricia Rodas.

En conferencia de prensa en Managua, Rodas, tal como lo hizo Zelaya en Honduras, denunció lo que denominó “tácticas dilatorias” del Congreso para no restituir a Zelaya.

“No aceptamos que el gobierno de unidad no esté presidido por el presidente constitucional Manuel Zelaya”, expresó la cancillera.

Según el acuerdo alcanzado el pasado viernes, hoy debería quedar constituido el gobierno de unidad nacional, lo que parece imposible dada la falta de tiempo.

Micheletti envió el martes una carta a Zelaya pidiéndole diez nombres para formar el gobierno de unidad nacional, pero el mandatario constitucional, que considera que debe presidir dicho gobierno, fustigó a su compañero del Partido Liberal, PL, y rival, y tildó su solicitud de “agresión”.

Increpó a EU

Rodas también increpó al gobierno de Estados Unidos por las declaraciones del subsecretario del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Thomas Shannon, y a través de una carta dirigida a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, pidió una aclaración.

En la misiva Zelaya solicitó a Clinton que “aclare al pueblo hondureño si la posición de su país ha sido modificada o cambiada sobre la condena al golpe de Estado en Honduras”.

Ayer mismo el portavoz del Departamento de Estado, Ian Kelly, en respuesta expresó: “Ya aclaramos nuestra posición sobre el presidente Zelaya y su restitución: creemos que debería ser reinstaurado” en el poder.

La imprecisión del acuerdo

En rueda de prensa, Kelly dijo que “ahora éste es un proceso hondureño que se inició con el acuerdo del pasado fin de semana.

El acuerdo deja al Congreso hondureño la potestad de restituir a Zelaya, pero no precisa cuándo ni qué pasaría en caso de que la mayoría de los 128 diputados votaran en contra de su regreso al poder, del que le sacaron los militares el 28 de junio, con la aprobación casi unánime del Legislativo.

Antes de someter a votación el regreso de Zelaya, el Congreso esperará el parecer de la Corte Suprema de Justicia y de otras tres instituciones, para lo que tampoco hay plazos.

De acuerdo al punto número cinco, el Congreso Nacional, “como una expresión institucional de la soberanía popular, en uso de sus facultades, en consulta con las instancias que considere pertinentes como la Corte Suprema de Justicia y conforme la ley, resuelva en lo procedente en respecto a ‘retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio hasta la conclusión del actual período gubernamental’”.

A juicio de Rodas, consultar este punto con la Corte no es correcto, pues se trata de un acuerdo político, no jurídico.