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Contrario a lo que argumentan los magistrados sandinistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que las reformas constitucionales de 1995 violentaron el principio de igualdad de los derechos políticos, al imponer un doble candado a la reelección presidencial en el artículo 147, la bancada oficial del Frente Sandinista no objetó en ningún momento este punto, como se puede constatar en los libros del diario debate de las primera y segunda legislatura de esa época.

Liderada por el propio secretario general del FSLN, Daniel Ortega, tras la ruptura con los renovadores que encabezaba Sergio Ramírez, la bancada “ortodoxa” del FSLN estaba integrada por ocho diputados: Nathán Sevilla, Omar Cabezas, Gladis Báez, Francisco Rivera (El Zorro), Roberto Laguna, Benigna Mendiola, Luis Enrique Figueroa y Dámaso Vargas.

Ninguno de ellos dijo una sola palabra en los debates parlamentarios sobre la prohibición de la reelección consecutiva, ni argumentó que ésta significara una violación a los derechos humanos, políticos, o a la Constitución misma, como se alega catorce años después para justificar a posteriori el asalto a la Constitución por el grupo partidario del FSLN en la Corte Suprema de Justicia.

A la bancada del Frente Sandinista lo único que le preocupaba era la segunda vuelta electoral que se estableció como mecanismo cuando un candidato no hubiese obtenido el cuarenta y cinco por ciento de los votos válidos en una primera elección.

Cinco años después, con el pacto libero-sandinista de 2000, el Frente Sandinista logró reformar la Constitución y bajar a un 35% el porcentaje requerido para ganar la Presidencia en primera vuelta, si el ganador del primer lugar obtiene una ventaja de cinco puntos sobre el segundo.

FSLN sólo se opuso a segunda vuelta electoral

En enero de 1995, cuando se sellaría el nuevo marco constitucional, en una segunda legislatura, la bancada del FSLN mantuvo el argumento que por razones de carácter económico, debía eliminarse del primer párrafo del artículo 147, que obliga a una segunda ronda electoral cuando no se alcanzase el 45% de votos válidos.

En los debates de primera legislatura, a finales de 1994 la moción que presentó la diputada Gladis Báez, en nombre de su bancada, para eliminar la segunda vuelta no progresó. Sólo obtuvo ocho votos a favor, todos del FSLN, 55 en contra y cinco abstenciones.

“Voy a referirme al artículo 147”, dijo la diputada Gladis Báez, en la sesión de enero del 95.

“Es importante que el pueblo de Nicaragua se dé cuenta de que aquí en este artículo se está planteando que hayan dos vueltas para elegir al Presidente y Vicepresidente, y una campaña electoral nacional cuesta millonadas de córdobas…”

“No es posible que le impongamos al pueblo semejante atropello de gastar tanto en una segunda vuelta. Tampoco es posible que haya una diferencia en cuanto a que unos partidos que tienen el respaldo económico estén pisoteando a otros partidos que no tienen la misma cantidad de respaldo económico, por lo tanto, estoy mocionando para que en el párrafo primero del 147 se elimine lo concerniente a una segunda elección o segunda vuelta electoral del Presidente y Vicepresidente de la República. Esta es la posición del FSLN”, argumento Báez.

El diputado Nathán Sevilla secundó la propuesta: “…En efecto, el establecer en este artículo 147, en el primer párrafo, una imposición de que los partidos que salgan victoriosos en la primera vuelta electoral tengan que someterse a una segunda elección si no alcanzan un mínimo de cuarenta y cinco por ciento de votos, es imponerle al país un capricho político de la derecha, que es la única que se beneficia de una segunda vuelta electoral…”.

Sevilla dijo que un partido que ganase en una segunda vuelta operaría con una sicología de “partido que va a ejercer una dictadura porque ya derrotó en la segunda vuelta a los partidos que se le opusieron…”

Por lo que “nosotros”, reiteró, “pedimos que se someta a votación la eliminación del primer párrafo del artículo 147”.

El actual procurador de Derechos Humanos, Omar Cabezas Lacayo, también se pronunció en contra de la segunda vuelta “porque yo digo, hombré, lo que estamos haciendo los políticos, la clase política es hacerle pagar al pueblo de Nicaragua la jugarreta de las alianzas y los amarres de los políticos”.

No les preocupó doble candado a la reelección

Sin embargo, el doble candado a la reelección presidencial --permitiendo ésta por una sola vez en período no consecutivo-- no era motivo de objeción alguna para el ex presidente Daniel Ortega, quien se disponía a correr nuevamente en las elecciones nacionales de 1996.

El artículo 147 establece que no pueden ser candidatos a la Presidencia “el que ejerciera o hubiese ejercido en propiedad la Presidencia de la República en cualquier tiempo del periodo en que se efectúa la elección para el periodo siguiente, ni el que la hubiere ejercido por dos periodos presidenciales”.

Con base en esto, Ortega pudo inscribirse como candidato en las elecciones de 1996, en 2001, y en 2006, cuando finalmente logró la reelección (antes había sido electo Presidente en 1987).

De regreso en 2006, se le agotaron las reservas constitucionales para un tercer periodo presidencial.

Entonces, los magistrados del FSLN que integran la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rompieron con los esquemas constitucionales y elaboraron una sentencia que declara “inaplicable” el artículo 147 de la Constitución Política, porque violentaba el principio de igualdad en el goce de los derechos políticos de los nicaragüenses, contemplados en el artículo 48 constitucional.

Pero nada de eso se alegó ni se discutió en 1994-95. El tema acalorado de debate entonces fue el de las “inhibiciones”. El inciso 3 del artículo 147 establece que no podrán ser candidatos a la Presidencia “los parientes en el cuarto grado de consanguinidad y los que sean o hayan sido parientes dentro del segundo grado de afinidad del que ejerciera o hubiere ejercido en propiedad la Presidencia de la República en cualquier tiempo del período en que se efectúa la elección”.

Aunque esta norma fue una demanda histórica de la oposición en la época de Somoza, para frenar la perpetuación de la dictadura dinástica, en 1995 fue percibida como una “inhibición”, para impedir la candidatura presidencial del ex ministro de la Presidencia, Antonio Lacayo, yerno de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro.

Diputado Sánchez lo mencionó de refilón

El diputado Domingo Sánchez Salgado presentó una moción para eliminar las inhibiciones contempladas en el 147, pues consideraba que derogaba “ipso facto” los artículos 27 y 51 de la Constitución.

“…Precisamente el artículo 27 dice que todas las personas son iguales y que tienen igual derecho a la protección, que no habrá discriminación por motivo de nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma o religión, opinión u origen, posición económica o condición social. Quiero decir que aunque sea millonario, aunque sea pobre, aunque sea entenado, que sea yerno, que sea hijo o lo que sea, tiene derecho a que lo proteja la ley, es decir, la Constitución Política, para poder ser candidato”, dijo Sánchez.

La moción que presentó Sánchez para eliminar las inhibiciones, hubiese dejado sin efecto la prohibiciones para la reelección presidencial consecutiva, pero en ese momento los diputados del Frente Sandinista también la rechazaron. Sólo obtuvo un voto a favor, 53 en contra y dos abstenciones.

Miriam Argüello, promotora de la No Reelección

La diputada conservadora Miriam Argüello, una de las principales promotoras de las reformas constitucionales de 1995, fue una de las voces más insistentes sobre los alcances del artículo 147.

“…El hecho que se plantean las inhibiciones es una medida cautelar a la democracia, no para una u otra persona, no para favorecer, y no para perjudicar. Porque existe una realidad, que las personas son pasajeras, pero las instituciones quedan, y se hace necesario que en este país esa clase de instituciones se consoliden y que no vuelvan a existir en este país, reformas constitucionales ad-hoc para entablar dinastías como las que tuvimos en la década pasada, (perdón), no en la década pasada, las décadas anteriores”.

“De tal manera, pues, que hoy quiero ratificar nuestra aprobación y decisión por sostener en una Constitución dos principios que para nosotros se han convertido en algo inmutable: la no reelección presidencial y las inhibiciones a los parientes cercanos al Presidente de la República”, señaló Argüello, cuando se discutió el dictamen en la primera legislatura en 1994.

Nadie, después de Argüello hizo mención al tema de la reelección presidencial.

Catorce años después, y siendo diputada de la Convergencia Nacional del Frente Sandinista, Argüello mantiene su posición.

Un testimonio que lo explica todo:

“Asamblea sandinista, así lo había aprobado”

El doctor Danilo Aguirre relata por qué los diputados llamados ortodoxos del FSLN no se opusieron y dieron su voto a la No Reelección continua ni más allá de dos períodos, en las reformas de 1995.

Refiere el doctor Aguirre que para esa época aún funcionaban algunos estamentos orgánicos del FSLN, y así las reformas a la Constitución que se impulsaban en el Parlamento eran también objeto de debate en la Asamblea Sandinista.

“La discusión no progresaba porque era evidente que el establecimiento de la No Reelección incomodaba al secretario general Daniel Ortega y a un sector de la Asamblea Sandinista”, expresó Aguirre.

“Ortega decidió poner fin al asunto y nombró una comisión de doce miembros de la Asamblea para que dieran un dictamen sobre las posiciones expresadas, y luego se votara el dictamen por toda la Asamblea”, continuó explicando.

Discusión y votación

“La comisión fue presidida por el doctor Mariano Fiallos Oyanguren, y tuvo realmente una composición pluralista de acuerdo con las corrientes que se habían manifestado”, indicó Aguirre.

Después de amplias discusiones, en la comisión se sometió a votación, y el resultado, según Aguirre, fue el siguiente:
Tres miembros --Dora María Téllez, Ariel Bucardo y Danilo Aguirre-- se pronunciaron por la no reelección absoluta, es decir, el que fue Presidente de la República no pudiera repetir nunca.

Tres miembros encabezados por Nathán Sevilla, optaron por la posibilidad de reelección indefinida.

Seis miembros votaron por la posibilidad de la reelección no continua y se agotaba con dos ejercicios en la Presidencia. “Esa última ganó en la comisión, y así fue aprobada por la Asamblea sandinista, razón que explica el porqué de las votaciones en el Parlamento”, puntualizó el doctor Aguirre.

Una interrogante

Daniel Ortega en esa ocasión no miraba problemas con su candidatura, ya que no se trataba de reelección continua.

“En cuanto a los dos períodos, o bien Ortega realmente pensaba que sólo un período más necesitaba para volver a gobernar, o ya desde entonces concebía que una vez vuelto a la Presidencia encontraría la manera de tumbar el artículo 147 de la Constitución como está intentando ahora”, concluyó el doctor Aguirre.

(Publicado en Confidencial)