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El futuro de la relación de Nicaragua con uno de sus principales cooperantes sigue en juego. Desde ayer, el Consejo de la Unión Europea, máximo órgano de esa instancia, se encuentra reunido y en su agenda está abordar el fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, que habilita al presidente Daniel Ortega para participar nuevamente como candidato en las elecciones nacionales de 2011.

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea, UE, decidieron durante su última reunión incluir en los temas sobre América Latina el caso de Nicaragua, según confirmó la semana pasada el oficial de prensa de la Comisión Europea para América Central y Panamá, Pedro Mucciolo, quien agregó que la reunión es de alto nivel.

Hasta el momento ninguna autoridad de la Unión o de la Comisión Europea se ha pronunciado sobre la sentencia de la Sala Constitucional, que de acuerdo con el presidente Ortega, “está escrita en piedra”, pero que ha sido criticada por la oposición y el gobierno de Estados Unidos.

La gota que derramó el vaso

Y es que el pasado 19 de octubre, la Sala Constitucional de la CSJ emitió una resolución en la que declara inaplicable el artículo 147 de la Constitución, que establece que “no podrá ser presidente ni vicepresidente de la República el que lo hubiera ejercido en cualquier tiempo del período en que se efectúa la elección para el período siguiente, ni el que hubiere ejercido dos períodos presidenciales”.

La sentencia cobija a otros 109 alcaldes sandinistas, pues también declaró inaplicable el artículo 178 de la Carta Magna, el cual, entre otras cosas, dice que “el alcalde y vicealcalde sólo podrán ser reelectos por un período” y que “la reelección del alcalde y vicealcalde no podrá ser para el período inmediato siguiente”.

La acción de la Sala Constitucional ha sido calificada de ilegal por expertos, ya que la misma responde a un recurso de amparo interpuesto por Ortega y los 109 alcaldes del FSLN a través del abogado Eduardo Mejía Bermúdez, luego de que el Consejo Supremo Electoral, CSE, supuestamente causara agravio al declararse no competente para resolver la antinomia (contradicción) expuesta por los recurrentes.

La petición de los recurrentes consistía en la aplicación del principio constitucional de igualdad incondicional de todo ciudadano.

Oficialismo no da tregua y espera unción de comunidad internacional
La cúpula del FSLN no ha reconocido los señalamientos de los expertos y más bien asegura que con esa sentencia se restituyó el derecho del pueblo a “elegir libremente y dar continuidad a los gobiernos nacionales y municipales que han servido a sus intereses”.

Un día después de que la Sala Constitucional emitiera la controversial sentencia, el secretario general del Frente Nacional de los Trabajadores, FNT, y diputado orteguista, Gustavo Porras, llamó a la población a presentarse “de forma permanente” en las rotondas de la capital para defender la decisión.

En esa misma ocasión, Porras confió que la sentencia contaría con la aprobación de la comunidad internacional, tal y como sucedió en Costa Rica y Colombia, donde sus actuales presidentes llegaron al poder a través de una reelección.

“Si esto fue aceptado internacionalmente (las resoluciones judiciales de Colombia y Costa Rica), entonces tiene que ser aceptado en Nicaragua”, señaló.

El magistrado FSLN y vicepresidente de la CSJ, Rafael Solís, sostiene que con esta sentencia se restituyeron “los principios universales cercenados al pueblo nicaragüense en las reformas constitucionales de 1995”.

“La sentencia es totalmente legal, cualquier organismo que venga a Nicaragua lo que va a hacer es bendecirla y a ratificarla diciendo que todo se hizo con las legalidades del caso, de manera que pueden decir lo que quieran, pero la sentencia es legal”, aseguró, también un día después de la decisión de la Sala Constitucional.

Otro que celebró la sentencia fue el representante legal del partido de gobierno y jefe de su bancada en el Parlamento, Edwin Castro, para quien “es de obligatorio cumplimiento”.

Sentencia entre acatos y rechazos

Tres horas después de la acción de la Sala Constitucional, el Consejo Supremo Electoral confirmó su acato a ésta. “Sencillamente nosotros estamos acatando lo de la Sala Constitucional, lo que nos mandata (...) para mí, lo que la Sala Constitucional dice y me está mandando como Poder de Estado, y que este Consejo está resolviendo, sí está escrito en piedra”, dijo el magistrado presidente, Roberto Rivas.

En cambio, el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, deslegitimó la resolución que abre las puertas a la reelección de Ortega, señalando que el Poder Judicial nicaragüense no es independiente a los intereses partidarios.

Agregó que el fallo que lo inhibió de ser candidato presidencial comparado con el que le otorgó esa facultad a su homólogo nicaragüense es como “una gota de agua y una gota de aceite”.

Luego de que el Departamento de Estado estadounidense expresara su preocupación respecto a la sentencia, el embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Robert Callahan, dijo que la CSJ actuó de manera “indebida, atípica, precipitada y en secreto”.

Y habló Coronel Kautz

Con la visita de una comisión de la Internacional Liberal, el diputado del Parlamento Europeo, Hans Van Baalen, se reunió con políticos de oposición a quienes instó a unirse y a salir a protestar a las calles pacíficamente, además de criticar al presidente Ortega por la sentencia de la Sala Constitucional que lo habilita para competir de nuevo en las próximas elecciones nacionales.

Por tanto, el canciller por la ley, Manuel Coronel Kautz, calificó de injerencista a la delegación de la Internacional Liberal, y al saber que Van Baalen era de Holanda, llamó “paisucho” a esa nación.

No obstante, horas después el mismo Kautz leyó un comunicado donde el Ministerio de Relaciones Exteriores pidió disculpas a Holanda y reconoció su “solidaridad con Nicaragua en los momentos más difíciles de nuestra historia”.

Las declaraciones del canciller por la ley le valieron al gobierno del presidente Ortega el rechazo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, ALDE, un grupo político que cuenta con 99 miembros en el Parlamento Europeo.

El legislador belga y líder de dicho grupo, Guy Verhofstadt, expresó en un comunicado oficial que “si Daniel Ortega no está preparado para aceptar la libertad de expresión y las críticas, entiende poco la democracia y no merece un nuevo mandato”.

Pero los calificativos no pararon ahí. El sábado pasado, durante un acto con la Policía Nacional, el presidente Ortega calificó de “pirata sinvergüenza” a Van Baleen, a la vez que lo señaló de venir al país a probar si el Ejército de Nicaragua estaba dispuesto a dar un golpe de Estado como el sucedido en Honduras.

Durante su discurso, el Presidente dijo que la cooperación que recibe el país no es más que un abono a una “deuda histórica de los países más ricos con los países más pobres”.

El mandatario fue secundado un día después por el secretario de Relaciones Internacionales del FSLN, Jacinto Suárez, quien afirmó que Van Baalen “es un pobre payaso buscando protagonismo (...) un loco que en Holanda no vale nada”.

Pendientes con la Unión Europea

Es la Unión Europea el mismo organismo internacional que mantiene congelados más de 62 millones de dólares consistentes en ayuda presupuestaria debido a las irregularidades ocurridas durante las elecciones municipales pasadas.

Además, Holanda es el país que el próximo año destinará a Nicaragua 30 millones de dólares para asistir programas de salud y educación, aparte de apoyar programas a favor de la producción, con la entrega de 4.6 millones de dólares dirigidos a unos 5,000 pequeños y medianos productores de café en Las Segovias.

Según una publicación oficial de la Unión Europea, aparte de la Comisión Europea, son 12 los países de esa región que cooperan con Nicaragua. España es el país que registró un mayor desembolso, con aproximadamente 93 millones de euros.