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La propuesta de cambiar la ruta de la marcha organizada por la Unión Ciudadana por la Democracia, UCD, es “un signo más del autoritarismo y la dictadura”, consideran sus organizadores.

Violeta Granera, del Movimiento por Nicaragua, sostuvo ayer que a pesar de que no han decidido si cambiarán la ruta, la marcha se realizará.

“Esto es una cosa bastante obvia, hay un grupo que está abusando del poder, y esto es un signo más del autoritarismo y dictadura”, dijo Granera, quien adelantó que hoy en la mañana se reunirán nuevamente con la Policía para aceptar o rechazar el cambio de ruta.

Granera dijo que le pidió a la jefatura de la Policía Nacional que hablara con los organizadores de la otra marcha, en este caso, el Frente Nacional de los Trabajadores, FNT, para persuadirlos a que acepten marchar por otras calles.

Es político

“Nosotros tenemos certificado que cuando solicitamos la ruta, no había solicitud previa.

Comprendemos que es asunto político, que aquí es abuso de poder de unos que se creen dueños de las calles”, expresó Granera.

Según el diputado Eduardo Montealegre, la marcha de la sociedad civil organizada a la que acudirán los partidos políticos de oposición, tiene que salir de la Rotonda “Jean Paul Genie” y concluir en las inmediaciones del Consejo Supremo Electoral, CSE, en Metrocentro.

En defensa de la Policía

“(Gustavo) Porras no tiene derecho de decir qué se va a hacer ni tiene derecho de pasar encima de la primera comisionada y de la jefatura de la Policía. No es aceptable bajo ningún punto”, expresó Montealegre.

Montealegre exoneró en parte a la Policía por la propuesta de cambio de ruta. “La Policía quiere que no haya ningún enfrentamiento. No me gusta, pero sí quisiera que la Policía acepte nuestra ruta”.

Ayer la Policía presentó a los organizadores de la marcha un plan de seguridad “bastante exhaustivo que incluye patrullaje en la carretera para la gente que viene de los departamentos”, aseguró Granera.

Otra opinión sobre la Policía

En principio, el primer vicepresidente del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Wilfredo Navarro, dijo desconocer si la Policía Nacional ordenó el cambio de ruta de la marcha, pero rechazó la intención de las autoridades en ese sentido.

“Creemos que ni siquiera debió plantearse el cambio de ruta, y si la Policía accede a eso está demostrando que el que manda es el Frente Sandinista, y es una actitud de privilegiar y apañar la violencia del FSLN”, dijo Navarro. “Nosotros teníamos una constancia de permiso de la Policía Nacional y nadie había solicitado permiso previo a nosotros. Es una actitud blandengue ante la violencia que promueve el FSLN; esto sería una demostración más de que la Policía no puede frenar los abusos del partido de gobierno, sobre todo cuando hay miembros de la institución que participan en actividades del Frente Sandinista. Eso demuestra la debilidad de la institución”, agregó Navarro.

Pero al anochecer de ayer, el PLC como institución dijo a través de su vocero, Leonel Téller, que “se limitarán a escuchar y a atender lo que decidan sobre la marcha sus organizadores, porque nosotros somos invitados”.

Empresarios escriben a Ortega

Ayer, el Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, y la Cámara de Comercio Americana, Amcham, enviaron una carta al presidente Daniel Ortega en la que le recuerdan que el derecho a la manifestación está establecido en la Constitución, y lo instan a evitar la violencia este sábado.

“Consideramos que está en sus manos el evitar que se alienten enfrentamientos entre ciudadanos de un mismo país que piensan de forma diferente. La violencia que en el pasado se ha generado por este tipo de acciones de intolerancia, únicamente ha servido para enturbiar cada día más la imagen de Nicaragua en el exterior y provocar que los inversionistas eviten nuestro país como destino para sus negocios”, dice la carta firmada por José Adán Aguerri y Róger Arteaga, presidentes del Cosep y de Amcham, respectivamente.

En la misiva piden también que Ortega influya para que los partidarios del FSLN no marchen, “decisión política que valoramos, evidenciaría la tolerancia y el respeto que su gobierno tiene con los ciudadanos que piensan diferente en relación con su proyecto político-ideológico”.