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Les costó, pero lo lograron. Cuarenta y siete diputados opositores votaron ayer a favor de una resolución legislativa que rechaza y desconoce los efectos jurídicos de la Sentencia 504, emitida el pasado 19 de octubre por seis magistrados del FSLN de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, mediante la cual habilitaron al presidente Daniel Ortega para presentar su candidatura para un segundo período consecutivo en las elecciones nacionales de 2011.

A la vez, la resolución legislativa reafirma la facultad que tiene la Asamblea Nacional para reformar --parcial o totalmente-- la Constitución Política de la República de Nicaragua, considerando que la Sentencia 504 del 19 de octubre modificó la Carta Magna, al declarar la inaplicabilidad de los artículos 147 y 178, los cuales prohíben la reelección presidencial continua y la reelección de los alcaldes y vicealcaldes del país.

Con las completas

Cuarenta y seis diputados opositores votaron a favor de la resolución, sin embargo, el diputado Ramón Macías Luna, de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, quedó presente, y, conforme con la Ley Orgánica del Poder Legislativo, aquel legislador que se encuentra presente y no vote en ningún sentido ni se abstenga de votar, se suma automáticamente a la mayoría de diputados que haya votado en uno u otro sentido.

Fallan los 38

Sólo 36 de los 38 diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, se opusieron a la resolución. Los aliados del partido de gobierno, la conservadora Miriam Arguello Morales y el democratacristiano Agustín Jarquín Anaya, se retiraron momentáneamente del hemiciclo, mientras se discutía y se probaba la resolución.

La diputada Miriam Arguello alegó que no podía votar por una resolución que considera jurídicamente inexistente, y, por tanto, “no tiene caso que me quede a votar por algo que no existe”. Plegándose a este argumento, Agustín Jarquín también se retiró del hemiciclo.

Algunos diputados del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, como Freddy Torres y María Dolores Alemán, comentaron en voz alta que la posición de Jarquín Anaya era “una lavada de manos al estilo Poncio Pilatos”.

Pese a votar a favor de la resolución, el diputado de la ALN y segundo vicepresidente del Parlamento, Carlos Salomón García Bonilla, reconoció que el documento aprobado no tiene “carácter vinculante”, es decir, que no tiene fuerza de ley, y que por tanto no es de obligatorio cumplimiento, en este caso, por parte de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, y del Consejo Supremo Electoral, CSE, cuyo presidente Roberto Rivas es el único que reconoció la validez jurídica de la sentencia reeleccionista a favor de Ortega.

Al igual que García Bonilla, el jefe de la bancada del Frente Sandinista, Edwin Castro Rivera, dijo que la resolución es meramente política y no surte ningún efecto jurídico-legal.