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¿Cuál cree usted que es el trasfondo del problema con el Consejo Nacional de Universidades? ¿Es político o institucional?
Hay quienes quisieran convertir este órgano profesional, plural, responsable, con sólida institucionalidad y con firme compromiso con el desarrollo integral del país, en un instrumento de intereses particulares de naturaleza diferente, donde el profesionalismo y la institucionalidad fueran sustituidas por el clientelismo, el oportunismo y la corrupción.

Yo creo que en lugar de hacer una reforma a escondidas, de espaldas a la comunidad universitaria, y sin lógica técnica ni jurídica, hubieran propuesto y discutido de forma abierta y transparente. Hubo suficiente tiempo, dado que el CNEA lleva ya casi tres años de haber sido nombrado, y nosotros siempre tuvimos una actitud propositiva.

¿Existen o no existen los cobros por autorización de nuevas universidades?
El CNU, en la sesión número 31-97 del 18 de diciembre de 1997, aprobó los aranceles para autorización de nuevas universidades y dictámenes de carreras, todo de conformidad con el artículo 58, numerales 4 y 7 de la Ley No. 89 (LAIES), y según los establecido en el artículo 37, inciso g) del Reglamento de Funcionamiento del CNU publicado en La Gaceta No. 203 del 30 de octubre de 1995, y ratificado mediante sentencia 14-2000 de la Corte Suprema de Justicia del 14 de enero de 2000. Esto sustenta la legalidad de los aranceles, cuyos cobros están debidamente registrados en recibos oficiales y su ejecución sustentada contablemente.

Los aranceles son de diez mil dólares por institución con cuatro carreras; más 2 mil dólares por carrera adicional, o a sea a partir de la quinta carrera, y mil dólares por sede adicional.

Estos aranceles son utilizados para sufragar los pagos de honorarios de especialistas y gastos operativos para la realización de dichos estudios. Los procesos generalmente tienen una duración de entre uno a dos años, y requieren de la contratación de académicos de alto nivel y especialistas en evaluación y dictamen de proyectos universitarios. Estos estudios se convierten en asesorías calificadas y no en un simple trámite de aprobación o rechazo a las instituciones y carreras en proceso de autorización o dictamen.

¿Y qué responde a las pruebas presentadas por el diputado José Pallais?
El diputado José Pallais dijo públicamente que a una universidad se le habían cobrado 60 mil dólares, yo le pedí que me dijera a qué universidad se refería, porque yo como presidente del CNU era el principal interesado en investigar eso, y me dijo él tenía una carta en inglés de la American College, donde se indicaba eso. Inmediatamente me puse en contacto con el rector de esa universidad, y él después me informó que él personalmente fue a la Asamblea Nacional, y cuando le mostraron la carta se dieron cuenta de que era una carta de la Ave Maria University y no de la American College, entonces me puse a lo inmediato en contacto con el rector de la Ave Maria University, y él me expresó que eso era completamente falso que esa carta indicaba el monto de dinero que ellos habían gastado para crear las condiciones para ser autorizada, no que habían pagado eso al CNU, y que eso estaba dispuesto a aclararlo públicamente. Esto demuestra que se hacen acusaciones infundadas y a la ligera.

¿Significa eso que el CNU no tiene nada que mejorar en cuanto a sus procedimientos y actuaciones?
Claro que tiene mucho que mejorar, al igual que toda persona e institución pública o privada en este país, y lo estamos haciendo. Y abiertos y dispuestos a seguir a haciéndolo. Incluso estamos abiertos a toda crítica, lo que no estamos dispuestos aceptar es que se pretenda eliminar o menoscabar este órgano del Estado.

¿Cree usted que hay algún interés político en desacreditar al CNU para beneficiar al CNEA o a alguna persona en particular?
No tengo dudas de que hay intereses de naturaleza diferente para desacreditar al CNU.

Se han hecho señalamientos sobre la contratación de un círculo de familiares en el CNU, y hay quienes consideran que los rectores se han enriquecido con el 6%. ¿Qué puede decir usted al respecto?
Yo les invito a que vayan a la UNA y al CNU e investiguen si hay un solo familiar mío trabajando de manera permanente o temporal en cualquiera de estas instituciones. Yo tengo una familia grande, y en varias ocasiones familiares míos con excelente preparación y méritos han estado --y todavía están algunos—desempleados, pero yo para preservar la institucionalidad y para poder hablar con la autoridad moral que ahorita lo hago no les he dado trabajo. Nosotros no hacemos lo que hacen muchas universidades privadas, y no los estoy criticando porque tienen derecho de hacerlo, como es poner a sus familiares en diferentes posiciones de sus instituciones.

El 6% no lo hemos defendido para enriquecernos. Yo como presidente del CNU no devengo ni un córdoba más que mi salario de rector de la UNA, ni me autocontrato para hacer estudios de universidades ni de ningún tipo, ni contrato a mis familiares. Yo no me he enriquecido del erario ni he hecho negocio de la educación privada.

El CNU siempre ha sido considerado uno de los órganos de poder institucional del Frente Sandinista. ¿Por qué ahora el partido de gobierno estaría interesado en deshacerse del CNU y en particular de su persona?
Yo no creo que el Gobierno esté interesado en deshacerse del CNU, y mucho menos el Presidente de la República, pero sí estoy seguro de que hay algunas personas dentro del Frente Sandinista, que quisieran que estuviera al frente del CNU una persona o personas sin criterio propio, y que simplemente obedecieran órdenes indistintamente de cuáles fueran.

¿Conoce usted que el gobierno esté interesado en poner a algún incondicional al frente del CNU?
Yo creo que todo Gobierno debe procurar que en todas las instituciones públicas, y no sólo en las universidades, haya personas dispuestas a servir no a servirse, incondicionales con el desarrollo integral del país, en la lucha contra la pobreza, el hambre, el analfabetismo, la marginación, el deterioro ambiental, la injusticia, la inequidad.

¿Confía en que el veto parcial a la Ley Creadora del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación, CNEA, será respaldado por el Frente Sandinista, como lo prometió públicamente el jefe de esa bancada Edwin Castro Rivera?
Como lo decimos también en el comunicado, yo tengo la certeza de que todos los diputados del Frente Sandinista y la mayoría de los diputados ante la Asamblea Nacional van a respaldar el veto.

¿Qué pasará si el veto es rechazado? ¿Saldrán los estudiantes a las calles?
Rechazar el veto sería una enorme irresponsabilidad, dado que la ley, como está aprobada, rompe el equilibrio lógico entre estas dos instituciones del Estado y cercena completamente las atribuciones del CNU, deja en el limbo la distribución del 6% constitucional, y quedaría reafirmada con esta ley, la reforma inconsulta y sin razones técnicas ni jurídicas.

¿Por qué cree que los diputados liberales se echaron para atrás en el sentido de que apoyarían el veto parcial a la Ley del CNEA, y ahora han alegado o se opondrán al veto?
Yo tengo la confianza de que la gran mayoría de los diputados liberales y de las diferentes bancadas van a apoyar el veto. Ha habido mucha desinformación promovida por intereses políticos e intereses particulares.

¿Cree usted que con la Ley del CNEA el gobierno pretendía congraciarse con el diputado Mario Valle Dávila, para tener su voto asegurado en cualquier iniciativa de ley?
En la Asamblea Nacional se dan muchas negociaciones, y hay quienes tienen mucha habilidad para sacarle provecho personal a sus posiciones y a sus votos. En el caso del ingeniero Mario Valle, a quien respeto a pesar de todo el ataque que ha hecho contra mí y contra el CNU, solo él y el Gobierno pueden opinar si hubo algún arreglo previo o no.