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Con cuatro votos a favor y tres en contra, los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional resolvieron ayer rechazar el Decreto Ejecutivo 03-2010 mediante el cual el presidente Daniel Ortega ratificó y prorrogó los cargos de magistrados del Consejo Supremo Electoral, CSE, y de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, así como de funcionarios públicos de otras instituciones cuyos plazos se vencen en el transcurso del año.

En la resolución, la Junta Directiva llama al mandatario nicaragüenses a abstenerse de continuar violando la Constitución Política de la República, a través de este tipo de acciones, arrogándose facultades que no le confiere la Carta Magna. Además, advirtieron a los funcionarios, cuyos plazos ya vencieron, que no reasuman sus cargos amparados en el decreto de lo contrario podrían ser encausados judicialmente.

Pese a la resolución, los miembros de la Junta Directiva también se apresuraron a conformar la Comisión Especial que se encargará de iniciar el proceso de nombramiento de al menos 25 funcionarios, entre magistrados, contralores, procurador y subprocurador de derechos humanos y superintendente de bancos. La conformación de esta comisión era una de las demandas que contenía el controversial Decreto Ejecutivo 03-2010, emitido por el presidente Ortega el pasado sábado nueve de enero.

Primer ALN que afloja: Ramiro Silva

Por otra parte, cuatro jefes de las bancadas opositoras en el parlamento presentaron ayer ante la Primera Secretaría la iniciativa de ley para derogar el Decreto Ejecutivo 03-2010, asimismo, ante el pleno de la Junta Directiva. Según el procedimiento, el presidente del Poder Legislativo, René Núñez Téllez, deberá notificar sobre la iniciativa al plenario en la sesión del próximo martes y luego enviarla a la comisión correspondiente que, seguramente, será la de Justicia y Asuntos Jurídicas.

El jefe de bancada de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, Ramiro Silva Gutiérrez, no respaldó con su firma la iniciativa, pese a que se comprometió con sus colegas, según expresó el diputado del PLC, José Pallais. Silva no explicó su decisión.

Comienza proceso de nombramientos
A pesar de insistir en que el presidente Ortega ha cometido delito contra la Constitución Política, los diputados y dirigentes de los partidos opositores se niegan a encausar judicialmente el mandatario nicaragüense. Como ya es casi una costumbre, ayer el primer secretario del Parlamento, Wilfredo Navarro, sumamente molesto le gritó a la periodista de Radio 580, Marcela Rivera, quien insistió en preguntarle cuándo acusarían al presidente Ortega ante las autoridades correspondientes.

Se apruebe o no la ley de nulidad del controversial decreto ejecutivo, la Junta Directiva del Parlamento decidió la conformación de la Comisión Especial responsable de comenzar el proceso de nombramientos, el cual incluye la recepción de propuestas de candidatos, las consultas correspondientes y el posterior informe de quienes “cumplen con la idoneidad” requerida para ocupar los cargos vacantes.

Navarro iracundo

Navarro también se molestó cuando EL NUEVO DIARIO, le preguntó si el decreto presidencial los había presionado para apresurarse a conformar la comisión especial, pues precisamente ese punto está contemplado en la ordenanza ejecutiva emitida el sábado nueve de enero.

La comisión será presentada oficialmente durante la sesión plenaria del próximo martes y está integrada por los diputados Edwin Castro Rivera y José Figueroa Aguilar, en representación del Frente Sandinista; Ramón González y José Pallais, por el Partido Liberal Constitucionalista, PLC; Guillermo Osorno Molina, por la Bancada de Unidad Nicaragüense, BUN; Ramiro Silva, por la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN; Víctor Hugo Tinoco, por el Movimiento Renovador Sandinista, MRS, y, Carlos Langrand, de la Bancada Democrática Nicaragüense, BDN.