Leyla Jarquín
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El decreto ejecutivo que prorroga los cargos de magistrados, contralores y otros funcionarios públicos, no solamente viola la Constitución Política de Nicaragua, sino también la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, OEA, según denunció la Academia Nicaragüense de Ciencias Jurídicas y Políticas.

En un pronunciamiento oficial, esta academia reitera que el decreto 03-2010 emitido por el presidente Daniel Ortega el pasado sábado viola la Constitución porque ejerce funciones que solo le competen a la Asamblea Nacional y además señala que quebranta la citada carta de la OEA, por cuanto ésta en su artículo 2 establece que “la democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional”.

Llaman a recurrir

También evocan el artículo 3 de la carta de la OEA, el cual dice que “Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho y la separación e independencia de los poderes públicos”.

El comunicado contiene un llamado a “los actores políticos del país a pronunciarse ante este hecho, recurrir y solicitar, de conformidad con los artículos 18 y 19 de la Carta Democrática, al Consejo Permanente de la OEA y su Secretario General, para que adopte todas aquellas medidas, dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática del país y su fortalecimiento”.

Exhortan a funcionarios

La Academia exhortó a los “funcionarios públicos sujetos a nombramientos por la Asamblea Nacional y que se les venció su periodo para el cual fueron nombrados o que estén próximos a vencerse, a abstenerse de acatar dicho Decreto por ser ilegal, ilícito y, fundamentalmente, por ser violatorio del orden constitucional establecido”.

Asimismo, llamaron “al Poder Legislativo a convocar de urgencia al plenario de la misma y demandar, mediante iniciativa legislativa, la aprobación de una Ley que derogue dicho Decreto y asegurar con ello la restitución de las facultades que le competen”.