Rafael Lara
  •  |
  •  |
  • END

“El ex funcionario que reasuma su cargo, bajo el decreto del presidente Daniel Ortega, no tendrá dignidad”, es el criterio de representantes de organizaciones de derechos humanos, quienes señalan que a un juego de presiones políticas entre los partidos mayoritarios, se reduce la elección de procuradores, magistrados y contralores que el mandatario elevó a pugna de poder y violación constitucional.

Bayardo Izabá, director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, señaló que quien reasuma su cargo por el decreto presidencial ilegal demostrará que carece de dignidad y por tanto no pueden dignificar a las instituciones que encabezan, por montarse en un acto, a todas luces, de ilegalidad.

Denis Darce, director de proyectos y capacitación de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, señala que la oposición política y sus bancadas, en vez de estar discutiendo si el decreto es inconstitucional o no, lo que deberían hacer es sentarse a estudiar la selección de los candidatos a los puestos vacantes y disponerse a la elección de los mismos lo más rápidamente posible, para que el decreto no tenga efecto.

Darce especificó que los ex funcionarios, si reasumen sus cargos a través de este decreto, sus acciones serán totalmente ilegales e inexistentes.

“La Asamblea Nacional no ha tenido un rol beligerante ante las violaciones constitucionales del mandatario. Entre varias cosas por ejemplo, aunque los fondos del ALBA deben pasar por el Presupuesto General de la República, el Poder Ejecutivo no lo acata, y el Poder Legislativo no ha hecho nada al respecto. En este caso, los diputados saben muy bien cuando se les vencen sus períodos, sin embargo no hicieron nada para el proceso de selección y elección”, expresan.