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Cuando se suponía que los gobiernos habían aceptado la liberación de los pueblos y la democracia, resurge un autoritarismo en algunos países de América Latina donde se está acosando a las organizaciones ciudadanas de carácter no gubernamental, principalmente por criticar al gobierno.

La abogada del Centro de Derechos Constitucionales, Esperanza Silva, recordó ayer la más reciente intervención y expropiación de los archivos, computadoras, entre otros objetos, del Centro de Investigaciones de la Comunicación, Cinco; y la intención de aplicar un manual para la regulación de las Organizaciones No Gubernamentales, ONG, en Nicaragua, esto sólo como un ejemplo del control que quiere imponer el Gobierno a los organismos civiles críticos a su administración.

Pero Silva explicó que esto no es sólo característico de la actual administración del presidente Daniel Ortega.

Un poco de historia

Recordó el caso de María Eugenia Morales, directora de Nochari, una ONG ubicada en Nandaime. Morales fue acusada en 1999 por desviar fondos de la ONG a su cuenta personal, exactamente cuando había decidido participar como candidata a alcaldesa por el Partido Liberal en Nandaime, pero esa denuncia la hizo desistir.

También rememoró el intento de la Contraloría General de la República, CGR, de penetrar los fondos de la Fundación Popol Na en el año 2002. Relató que la CGR quiso entrar a la Fundación Popol Na para revisar sus fondos, pero no se lo permitió la Corte Suprema de Justicia, CSJ, porque se determinó que los fondos eran privados no públicos.

“La Contraloría no puede revisar los libros contables cuando lo que se maneja son fondos privados”, reiteró Silva, agregando que es algo que se mantiene en la actualidad.

Lo criticable

Para Silva los casos de Nochari y Popol Na importan porque son un precedente de que no se puede intervenir arbitrariamente a una ONG. La experta en derecho aclaró que no critica el hecho que el gobierno revise el Estado legal de las ONG, sino que lo hagan por las posiciones políticas de los organismos.

“Si se hace desde el gobierno un ataque es dirigido porque esas instituciones están criticando la gestión gubernamental y así ha sido en los gobiernos anteriores y así es en este gobierno”, afirmó Silva.

“Si la Ley la aplicarán a todos por igual, hubiese un montón de organizaciones civiles que no existieran, porque no la han cumplido al pie de la letra”, agregó la abogada.

El reto de las ONG

Sin embargo, manifestó que la estructura legal no está completa hasta que se pone en práctica de parte de los ciudadanos y de las personas jurídicas.

“El componente de formalidad de las leyes no basta, tiene que haber una institucionalidad que se apropie de esas leyes y una ciudadanía que las cumple y que las acepta y que las haga cumplir a quienes debe, empezando por la misma ciudadanía”, dijo.

En ese sentido, Silva expresó que el reto de las ONG es cumplir las leyes al pie de la letra para que no haya por dónde se les pueda cuestionar.