Martha Vásquez Larios
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Los funcionarios públicos a quienes se les vence el período en los próximos meses no cometen delito al desobedecer el decreto presidencial, pero sí lo sería si continuaran ejerciendo sus funciones una vez vencidos los períodos, aseguraron constitucionalistas consultados.

La semana pasada, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, magistrado Manuel Martínez, dijo que el funcionario que obedeciera el decreto presidencial 03-2010, después de vencérsele el período constitucional, cometería delito, porque estaría usurpando funciones.

Pero su vicepresidente, el magistrado Rafael Solís, aseguró que el funcionario que no acate el decreto presidencial podría ser procesado por abandono de sus funciones.

Para el constitucionalista Fanor Avendaño, ambas declaraciones son políticas, más que jurídicas, porque el funcionario afectado bien se puede quedar en el cargo, mientras se nombre al sustituto para no dejar descabezada la institución, pero no puede firmar nada en nombre del gobierno ni emitir memorandos internos.

No hay abandono

O bien se puede ir y no está cometiendo delito o abandono de sus funciones, porque su período constitucional asignado se le venció y nadie puede alegar abandono de funciones fuera del período establecido, explicó Avendaño.

Para el doctor Óscar Castillo, Decano de la Facultad de Derecho de la Upoli, el artículo 138 de la Constitución, numerales 7, 8 y 9, establece que corresponde única y exclusivamente a la Asamblea Nacional nombrar a los funcionarios de los distintos poderes e instituciones sujetas a dichos nombramientos por este poder del Estado.

Asimismo, el artículo 182 de la Constitución establece que las leyes están subordinadas a ella, y que “no tendrán valor alguno las leyes, tratados, órdenes o disposiciones que se le opongan o alteren sus disposiciones”.

De lo anterior se deduce que el decreto 03-2010 es ilegal, porque viola la Constitución, y los funcionarios no están obligados a acatarlos, no hay abandono de sus cargos, pues simplemente ya culminaron en los mismos, explicó Castillo.

Para Avendaño, los verdaderos señalados deben ser los diputados ante la Asamblea Nacional, quienes cometen omisión constitucional al no nombrar a los funcionarios a tiempo.