Ary Pantoja
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El presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez Téllez, dejó abierta la posibilidad de presentar un recurso por conflicto de competencia en el caso del Decreto Ejecutivo 03-2010, emitido por el Presidente de la República, Daniel Ortega, el nueve de enero. “Eso fue lo que me recomendó la asesoría jurídica del Parlamento”, expresó Núñez, quien se mostró “dispuesto a negociar para encontrar una solución que no vaya en detrimento de la Asamblea Nacional”.

“… es una solución jurídica, política e institucional, porque había un claro conflicto de competencia”, explicó Núñez respecto al Decreto Ejecutivo emitido por Ortega el nueve de enero, prorrogando en el cargo a varios funcionarios y magistrados, cuyos períodos se vencieron o están próximos a vencerse.

El argumento del presidente

Según Núñez, esta posibilidad jurídica fue rechazada “de forma más que extraña”, por los demás miembros de la Junta Directiva del Parlamento. “De forma más que extraña y por un interés político, más que jurídico, la Junta Directiva decidió no aceptar el recurso por conflicto de competencia, y nosotros (el Frente Sandinista) vamos a seguir insistiendo en esa solución que es la solución jurídica, institucional y política frente a este problema”, enfatizó.

Núñez tampoco descartó negociar otro tipo de soluciones, pero no especificó si eso incluye aprobar la iniciativa de ley que deroga el “decretazo”. “Cualquier otra solución lograda de consenso con todas las bancadas es bienvenida”, reiteró, a la vez que rechazó las acusaciones de sus colegas de la oposición en el sentido de que manipuló la Ley Orgánica del Poder Legislativo para que el plenario rechazara la iniciativa.

Liberales promueven declaración

En tanto, unos 40 diputados opositores firmaron una declaración rechazando el llamado “decretazo”; no obstante, el documento es no oficial por no haber sido sometido a la consideración del plenario en una sesión ordinaria o extraordinaria.

Según el documento, presentado ayer por el diputado del Partido Liberal Constitucionalista, Francisco Aguirre Sacasa, los legisladores firmantes “condenan, repudian y rechazan las acciones ilegales e inconstitucionales del presidente Ortega y de su Administración…”.

“Bajo el régimen del presidente Ortega, Nicaragua ha dejado de ser un Estado de Derecho, y se ha convertido en un país cuyo presidente abriga intenciones de crear una dictadura vitalicia, y cuyo gobierno es de facto…”, se lee en el punto dos de la declaración.

En el punto tres, los diputados opositores manifiestan que “Nicaragua se ha vuelto un estado fracasado en donde el gobernante atropella la Constitución Política y a las otras leyes de la República”.