Ary Pantoja
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El jurista Omar García Palacios, experto en Derecho Constitucional, considera que el mecanismo legal planteado por el presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez, es el idóneo para resolver el problema ocasionado por el Decreto Ejecutivo 03-2010.

“Existen dos mecanismos idóneos para resolver este tipo de problemas: el recurso por conflicto de competencia y el recurso por inconstitucionalidad. El conflicto de competencia se invoca cuando uno de los poderes del Estado considera que otro de los poderes invade sus facultades”, explicó García.

No obstante, el jurista no descartó la posibilidad de que en la propuesta de Núñez exista una intencionalidad política, en el sentido de “sacar del ámbito de la Asamblea Nacional el problema y trasladarlo a la Corte Suprema de Justicia”, donde las cosas se podrían arreglar a través de una negociación política.

“El recurso es viable, es el mecanismo idóneo para resolver el problema, pero (en la Corte Suprema de Justicia) el problema se hace más complejo”, señaló García.

Adelantados

Además, García considera que la Asamblea Nacional ha incurrido en acto inconstitucional el ordenar la conformación de la Comisión Especial de nombramientos, para cargos que aún no han quedado vacantes. García explicó que, conforme con el artículo 128 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la comisión especial debe activarse una vez que se produce la vacante en el cargo correspondiente.

Esto quiere decir, señala García, que la actual comisión especial sólo debería servir para nombrar al procurador y subprocurador de Derechos Humanos, así como al superintendente de bancos, que son los cargos que están vacantes, no así el de los magistrados del Consejo Supremo Electoral, CSE, la Corte Suprema de Justicia, CSJ, y los contralores colegiados, que aún no cesan en los cargos, y para los cuales debería nombrarse otra comisión una vez que se den las vacantes.