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El próximo cuatro de febrero culmina el período de 15 días que tiene la Comisión Especial de nombramientos de la Asamblea Nacional para recibir las listas de aspirantes a 25 cargos públicos que quedarán vacantes en el transcurso del año. Diez días después, el 14 de febrero, la Contraloría General de la República --ente fiscalizador de la administración pública--, quedará descabezada, pues sus cinco contralores propietarios y los tres suplentes terminan su período de cinco años.

Ese mismo día dos magistrados del Consejo Supremo Electoral, CSE, incluyendo a su vicepresidente, Emmett Lang Salmerón, dejarán sus cargos a menos de un mes para que se realicen las elecciones regionales en la Costa Caribe nicaragüense. El primero de junio, todo el Poder Electoral quedará sin magistrados, pues propietarios y suplentes cesan en sus cargos, para un total de 11 funcionarios, siete propietarios y cuatro suplentes.

La Procuraduría de Derechos Humanos y la Superintendencia de Bancos cumplirán el 10 de febrero, dos meses de estar sin dirección, pues en diciembre del 2009 los respectivos funcionarios concluyeron el período para el que fueron electos hace cinco años.

El 11 de abril, cuatro magistrados --dos liberales y dos sandinistas--, de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, terminan su período.

La primera reunión de la Comisión Especial integrada para recibir las propuestas de candidatos, consultarlas y emitir un informe en torno a los nombramientos, concluyó que deben realizarse cinco informes-dictámenes, considerando que son igual número de instituciones, cuyos funcionarios debe elegir la Asamblea Nacional con el voto favorable mínimo de 56 diputados.

Así, la comisión debería emitir un dictamen con los candidatos a Procurador y Subprocurador de Derechos Humanos; otro con los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, CSJ; otro con los candidatos a magistrados del Consejo Supremo Electoral, CSE, uno más con la lista de postulantes a contralores colegiados, y, un último dictamen, para los candidatos a Superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras, SIBOIF.

En ningún momento se ha contemplado la idea de emitir un solo informe-dictamen que incluya a los 25 cargos vacantes, pues “se trata de instituciones totalmente diferentes”, según expresó el diputado liberal José Pallais Arana, integrante de la comisión.

De hecho, el presidente de la comisión, Ramiro Silva Gutiérrez, habló ya de cinco dictámenes distintos, pero coincide con el diputado del Frente Sandinista, Edwin Castro Rivera, de que todos los cargos deben ser electos el mismo día, es decir, someter cada dictamen a consideración del plenario del Parlamento uno tras otro.

En este aspecto no parece haber consenso, pues el diputado Pallais es del criterio de que la Comisión Especial debería emitir los dictámenes conforme se vayan produciendo las vacantes y ponerlos a disposición del plenario en ese orden. Es decir, según Pallais, los informes para los cargos de Superintendente de Bancos y de Procurador y Subprocurador de Derechos Humanos, por ejemplo, deberían ser los primeros en emitirse y someterlos a consideración del plenario lo antes posible, considerando que estos puestos están inactivos desde el 10 de diciembre de 2009.

Conforme con la explicación de Pallais, continuarían con el informe-dictamen de aquellos funcionarios cuyos períodos vencen el 14 de febrero, y así sucesivamente; no obstante, el legislador hace la salvedad de que deben elaborarse los informes separados en tanto sean instituciones diferentes. O sea, que para los contralores debe emitir un informe y para los dos magistrados electores otro, y someterlos a votación también por separado.

El Frente Sandinista, por su parte, apuesta a que, en el caso de los magistrados electorales que terminan su período en fechas distintas, se elabore un solo dictamen; esto implicaría que los dos magistrados del CSE que cesan en sus puestos el 14 de febrero sean incluidos en el mismo dictamen que los magistrados que concluyen su período el primero junio, lo que significaría un “combo electoral”, lo cual rechazan los liberales, al menos públicamente.

Elegir conforme la Constitución

“Los cargos se elegirán conforme con lo establecido en la Constitución Política”, se ha limitado a decir en reiteradas ocasiones el jefe de bancada del Frente Sandinista y miembro de la Comisión Especial, Edwin Castro Rivera.

Pero ¿qué significa “elegir conforme con la Constitución Política”? El artículo 138 de la Carta Magna establece las atribuciones de la Asamblea Nacional y en los numerales siete, ocho y nueve se contemplan los procedimientos para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los del Consejo Supremo Electoral, los contralores colegiados, y el superintendente de bancos, así como el procurador y subprocurador de derechos humanos.

Artículo 138. Son atribuciones de la Asamblea Nacional:

7) Elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de listas separadas propuestas para cada cargo por el Presidente de la República y por diputados de la Asamblea Nacional, en consulta con las asociaciones civiles pertinentes. El plazo para presentar las listas será de quince días contados a partir de la convocatoria de la Asamblea Nacional para su elección. Si no hubiere listas presentadas por el Presidente de la República, bastarán las propuestas de los diputados de la Asamblea Nacional. Se elegirá cada magistrado con el voto favorable de por lo menos el sesenta por ciento de los diputados de la Asamblea Nacional.

Asimismo se elegirán a un número igual de Conjueces con los mismos requisitos y procedimientos con el que se nombran a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

8) Elegir a los magistrados, propietarios y suplentes, del Consejo Supremo Electoral de listas separadas propuestas para cada cargo por el Presidente de la República y por los diputados de la Asamblea Nacional, en consulta con las asociaciones civiles pertinentes. El plazo para presentar las listas será de quince días contados a partir de la convocatoria de la Asamblea Nacional para su elección. Si no hubiere lista presentada por el Presidente de la República, bastarán las propuestas por los diputados de la Asamblea Nacional. Se elegirá cada magistrado con el voto favorable de por lo menos el sesenta por ciento de los diputados de la Asamblea Nacional.

9) Elegir con el sesenta por ciento de los votos del total de los diputados de la Asamblea Nacional, de listas separadas propuestas para cada cargo por el Presidente de la República y por los diputados, en consulta con las asociaciones civiles pertinentes:

a) Al Superintendente y Vicesuperintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras;

b) Al Fiscal General de la República quien estará a cargo del Ministerio Público, y al Fiscal General Adjunto de la República, quienes deberán tener las mismas calidades que se requieren para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia;

c) A los miembros del Consejo Superior de la Contraloría General de la República;
d) Al Procurador y Subprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos;

e) Al Superintendente y a los Intendentes de Servicios Públicos;

f) Al Director y Subdirector del Instituto de la Propiedad Reformada Urbana y Rural;

Todos estos funcionarios serán elegidos para un período de cinco años y gozarán de inmunidad.

Los candidatos propuestos para los cargos mencionados en este numeral y en los numerales 7 y 8 no deberán tener vínculos de parentesco entre sí, ni con el Presidente de la República, ni con los diputados proponentes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, ni deberán ser miembros de las Juntas Directivas Nacionales, Departamentales o Municipales de partidos políticos y si lo fueren, deberán cesar sus funciones partidarias.

El plazo para presentar las listas de candidatos será de quince días contados a partir de la convocatoria de la Asamblea Nacional para su elección. Si no hubiere listas presentadas por el Presidente de la República, bastarán las propuestas por los diputados.

La Asamblea Nacional, a través de Comisiones Especiales podrá convocar a audiencias con los candidatos. Los candidatos deberán ser debidamente calificados para el cargo y su postulación deberá acompañarse de la documentación que se les solicitare.

Como se puede observar, en ninguna parte del texto constitucional se establece o se deja abierta la posibilidad, de nombrar funcionarios de diferentes instituciones “en combo”; y tampoco, elegir funcionarios de una misma institución o Poder del Estado en un mismo proceso, sino que habla “cargo por cargo” y “listas separadas”.

Comisión es inconstitucional

“Los cargos se elegirán conforme con lo establecido en la Constitución Política”, se ha limitado a decir en reiteradas ocasiones el jefe de bancada del Frente Sandinista y miembro de la Comisión Especial, Edwin Castro Rivera.

Pero ¿qué significa “elegir conforme con la Constitución Política”? El artículo 138 de la Carta Magna establece las atribuciones de la Asamblea Nacional y en los numerales siete, ocho y nueve se contemplan los procedimientos para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los del Consejo Supremo Electoral, los contralores colegiados, y el superintendente de bancos, así como el procurador y subprocurador de derechos humanos.

Artículo 138. Son atribuciones de la Asamblea Nacional:

7) Elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de listas separadas propuestas para cada cargo por el Presidente de la República y por diputados de la Asamblea Nacional, en consulta con las asociaciones civiles pertinentes. El plazo para presentar las listas será de quince días contados a partir de la convocatoria de la Asamblea Nacional para su elección. Si no hubiere listas presentadas por el Presidente de la República, bastarán las propuestas de los diputados de la Asamblea Nacional. Se elegirá cada magistrado con el voto favorable de por lo menos el sesenta por ciento de los diputados de la Asamblea Nacional.

Asimismo se elegirán a un número igual de Conjueces con los mismos requisitos y procedimientos con el que se nombran a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

8) Elegir a los magistrados, propietarios y suplentes, del Consejo Supremo Electoral de listas separadas propuestas para cada cargo por el Presidente de la República y por los diputados de la Asamblea Nacional, en consulta con las asociaciones civiles pertinentes. El plazo para presentar las listas será de quince días contados a partir de la convocatoria de la Asamblea Nacional para su elección. Si no hubiere lista presentada por el Presidente de la República, bastarán las propuestas por los diputados de la Asamblea Nacional. Se elegirá cada magistrado con el voto favorable de por lo menos el sesenta por ciento de los diputados de la Asamblea Nacional.

9) Elegir con el sesenta por ciento de los votos del total de los diputados de la Asamblea Nacional, de listas separadas propuestas para cada cargo por el Presidente de la República y por los diputados, en consulta con las asociaciones civiles pertinentes:

a) Al Superintendente y Vicesuperintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras;

b) Al Fiscal General de la República quien estará a cargo del Ministerio Público, y al Fiscal General Adjunto de la República, quienes deberán tener las mismas calidades que se requieren para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia;

c) A los miembros del Consejo Superior de la Contraloría General de la República;

d) Al Procurador y Subprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos;

e) Al Superintendente y a los Intendentes de Servicios Públicos;

f) Al Director y Subdirector del Instituto de la Propiedad Reformada Urbana y Rural;

Todos estos funcionarios serán elegidos para un período de cinco años y gozarán de inmunidad.

Los candidatos propuestos para los cargos mencionados en este numeral y en los numerales 7 y 8 no deberán tener vínculos de parentesco entre sí, ni con el Presidente de la República, ni con los diputados proponentes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, ni deberán ser miembros de las Juntas Directivas Nacionales, Departamentales o Municipales de partidos políticos y si lo fueren, deberán cesar sus funciones partidarias.

El plazo para presentar las listas de candidatos será de quince días contados a partir de la convocatoria de la Asamblea Nacional para su elección. Si no hubiere listas presentadas por el Presidente de la República, bastarán las propuestas por los diputados.

La Asamblea Nacional, a través de Comisiones Especiales podrá convocar a audiencias con los candidatos. Los candidatos deberán ser debidamente calificados para el cargo y su postulación deberá acompañarse de la documentación que se les solicitare.

Como se puede observar, en ninguna parte del texto constitucional se establece o se deja abierta la posibilidad, de nombrar funcionarios de diferentes instituciones “en combo”; y tampoco, elegir funcionarios de una misma institución o Poder del Estado en un mismo proceso, sino que habla “cargo por cargo” y “listas separadas”.