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Los dos principales líderes del liberalismo son presionados por diferentes instituciones del Estado. Por un lado, la Fiscalía General de la República pidió a la Asamblea Nacional la desaforación en un plazo de 72 horas del diputado Eduardo Montealegre, líder del movimiento del mismo nombre. Por el otro, el Tribunal de Apelaciones de Managua revivió dos casos contra Arnoldo Alemán, líder del Partido Liberal Constitucionalista.

Los hechos ocurren en medio de las negociaciones por la elección de decenas de funcionarios, entre magistrados, contralores, el Procurador y subprocurador de Derechos Humanos, entre otros. La “movida” política a través del sistema judicial sacó a relucir ayer los casos conocidos como el Narcojet y las vaquillas del Instituto de Desarrollo Rural (IDR).

Ambos casos fueron resueltos por la Sala Penal Uno del TAM, que decidió, en el caso del Narcojet, por el que está acusado Alemán, Edgar Quintana y Marcos Aurelio Sánchez, ex director general de Aduanas por exoneración ilegítima y otros; confirmar el sobreseimiento definitivo para Quintana y ordena continuar el juicio contra Alemán y Sánchez.

Los argumentos

Los magistrados argumentan que la resolución de estas causas, después de cuatro años engavetadas, obedecen a la entrada en vigencia de la Ley nro. 715 Ley de Fijación de Plazo Razonable en Causas Pendientes del Código de Instrucción Criminal (In); la cual establece que los procesos penales que se continúen tramitando con el Código de Instrucción Criminal deberán ser resueltos en los plazos establecidos en la presente ley.

Alemán promete que no pactará

Por su parte Alemán asegura que “es un momento de desesperación del presidente Daniel Ortega por reelegir a los magistrados del Consejo Supremo Electoral”, por lo que no negociará más que lo firmado en Metrocentro II, donde se pusieron de acuerdo, partidos políticos opositores y organizaciones de la sociedad civil.

Además, señaló que el TAM actúa contra ley expresa pues precisamente la Ley de Fijación de Plazo Razonable en Causas Pendientes del Código de Instrucción Criminal (In) en su artículo cuatro establece que una sentencia no puede ser modificada en apelación o en casación favorable al reo, por lo que los acusa de prevaricato. El diputado José Pallais, del PLC, asegura que ni siquiera se han cumplido los tiempos del artículo dos de dicha ley.

Líderes a prueba

Por su parte, el jefe de la bancada Democrática Nicaragüense, Adolfo Martínez Cole, aseguró que las acciones en contra de los líderes opositores es un intento de obligarlos a negociar bajo condiciones favorables a Ortega. Además llamó a la dirigencia del PLC a que se mantenga firme y que sostenga lo suscrito en los acuerdos de Metrocentro II y los acuerdos por la unidad de los liberales.

“Es un paso importante la decisión que tomen los líderes de los diferentes partidos porque la sociedad nicaragüense esta apostando por su fortaleza, su firmeza y el cumplimiento de lo suscrito en cada documento”, afirmó Cole.

El fiscal especial, Armando Juárez, exigió a la Asamblea Nacional un plazo de 72 horas para poner en agenda del Poder Legislativo, la solicitud de desafuero contra Eduardo Montealegre. El primer secretario de la Asamblea Nacional, quien recibió la solicitud dijo que no responderá a plazos fatales por no ser un juzgado sino un foro político. Además, dijo que la solicitud sería bloqueada por considerarlo un juicio político.

Los talones del expresidente
Caso Narcojet
Este caso se refiere a la internación, nacionalización, exportación y tributo de la aeronave Leart Jet 35 A, en el que se movilizaba Alemán y sus allegados. En este caso el juez de primera instancia había sobreseído por prescripción de la acción penal a Alemán y a Sánchez, ya que por ser diputados gozaban de inmunidad y la acción penal había prescrito.

Sin embargo la sala penal del TAM argumentó que el tiempo procesal para estos dos acusados corre después de terminar su inmunidad, ya que ni siquiera se ha procedido a la investigación.

“Según la Ley nro. 419 de Reforma y Adición al Código Penal de Nicaragua, el término de la prescripción de la acción penal en los delitos propios que gocen de inmunidad y que se cometieran a partir de la vigencia de esta ley, se iniciará a partir del cese de sus funciones, sin perjuicio de las facultades que le corresponden a la AN en materia de inmunidad”, reza la sentencia.

De manera que Alemán y Sánchez fueron electos diputados ante la AN para el período 2002 a 2007, fecha en que se debe iniciar el cómputo de la prescripción de la acción penal, continúa la sentencia.

Las Vaquillas

En el segundo caso, Alemán es acusado junto a Eduardo Mena, ex director del IDR por los delitos contra la administración pública y fraude en perjuicio del Estado de Nicaragua, IDR. Aquí supuestamente se asignaban vaquillas a productores fantasmas entre otras anomalías.

Aquí la Sala resolvió ha lugar al recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría General de la República, en consecuencia se declara nula la sentencia dictada por el Juez Quinto Distrito del Crimen de Managua, donde sobresee a Arnoldo Alemán y Eduardo Mena, ex director de IDR y ordena continuar el procedimiento o juicio en el juzgado pertinente.

Otras resoluciones

El Tribunal de Apelaciones de Managua resolvió también sobreseer definitivamente a Francisco Meneses, Francisco Castañeda entre otros por los delitos de defraudación, asociación para delinquir, estafa entre otros delitos.

También absuelve al ex director de Enitel Jorge Solís Farias de los delitos de fraude, defraudación, asociación para delinquir, en perjuicio del Estado de Nicaragua, Enitel.

Además confirma la sentencia interlocutoria de sobreseimiento definitivo para Francisco Mayorga, ex presidente del Banco Central y compañía.

Mientras que a Byron Jerez, ex director de la Dirección General de Ingresos le declaran nulo de toda nulidad el pago de indemnización más intereses en bienes del caso conocido como el camionetazo.

Esta sala resuelve declarar nulo de toda nulidad absoluta todo lo actuado por el juez suplente del Juzgado Quinto Civil Distrito de Managua, donde mandaba a pagar al Estado más de 200 millones de córdobas a Byron Jerez en concepto de indemnización más intereses, por el proceso del camionetazo. Esta sentencia fue emitida el 18 de marzo de 2009.

(Con la colaboración de Ary Pantoja y Leyla Jarquín)