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El afán del gobierno por legitimar el decreto presidencial 03-2010, que prorroga en sus funciones a los 25 funcionarios que se les vence el período, llevó a la diputada sandinista Alba Palacios a presentar un recurso por conflicto entre poderes, para ser discutido en Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia.

Los magistrados liberales podrían negarse a discutir el tema, porque están en desventaja de votos 7-8 por lo que el decreto presidencial seguirá vigente mientras la Sala Constitucional y la Corte Plena no se pronuncien.

Los recursos de amparo contra el decreto presidencial, resueltos por los tribunales de Masaya y Granada también quedarán ‘trabados’ en esta sala.

Empieza el teatro

La disputa ya empezó pues el magistrado Francisco Rosales, presidente en la Sala Constitucional, aseguró que el miércoles pasado hubo una discusión del tema y no se llegó a acuerdo, porque los magistrados liberales Damisis Sirias, Iban Escobar y Sergio Cuarezma se opusieron a admitir el recurso presentado por la diputada Palacios.

Además el presidente y vicepresidente de la CSJ, Manuel Martínez y Rafael Solís, respectivamente, se contradicen sobre la legalidad en cómo se introdujo el escrito de conflicto de competencia.

Para Martínez, el procedimiento utilizado por Palacios “es anómalo”, pues no fue recibido por el secretario general de la CSJ, Rubén Montenegro, sino por el secretario de la Sala Contencioso y Administrativo, Moisés Martínez.

“Los recursos de competencia entre poderes del estado son competencia exclusiva de Corte Plena y el escrito no fue recibido por Montenegro por eso considero no está bien recibido”, aseguró Martínez.

“Martínez inventa”

Mientras tanto el vicepresidente de la CSJ, Rafael Solís aseguró que Martínez está equivocado y que los recursos pueden ser recibidos por cualquier secretario de sala del máximo tribunal.

“Martínez vive inventando cosas porque nunca está en la Corte. El recurso se presentó correctamente. Cualquier secretario de cualquier sala puede recibir un recurso, la diputada se presentó a las 4: 30 de la tarde, (y) como no están los otros secretarios la recibió Martínez”, expresó Solís.

Agregó que como el recurso debe ser conocido por la Corte Plena, ayer mismo sacarían copias al expediente para entregarlo a cada uno de los magistrados.

Por otra parte, Martínez aseguró que el escrito presentado por la diputada Palacios no cumple el requisito de trámite de conciliación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, “indispensable para presentar el recurso”, pero el magistrado Solís dijo que hay tres cartas que lo demuestran en el expediente.

“Hay tres cartas, una de René Núñez, presidente de la Asamblea Nacional donde no está de acuerdo con el decreto porque invade funciones (del Legislativo); una segunda carta del presidente (Daniel) Ortega contestándole que está equivocado, que él tiene la potestad de hacerlo porque no está nombrando funcionarios. Y una tercera carta de Núñez diciendo que no estaba de acuerdo y que el decreto era inconstitucional. Así que el tramite de conciliación se cumplió”, explicó Solís.

La próxima semana podría quedar dilucidado el tema cuando se prevé una reunión de los miembros de la Sala Constitucional.

En alusión a la “guerra de apelaciones”, el presidente de la Sala Constitucional, Francisco Rosales, recordó que no es competencia de los tribunales de apelaciones resolver los recursos de amparo, pues eso es potestad única y exclusivamente de la Sala Constitucional.

La aclaración de Rosales es en respuesta a las dos últimas resoluciones de los Tribunales de Granada y Masaya. Este último admitió un recurso de amparo presentado por el diputado liberal Oscar Moncada en contra del decreto 03-2010 y mandó a suspender los efectos de la polémica ordenanza presidencial.

Luego el Tribunal de Granada mandó a suspender la resolución del de Masaya, argumentando que los decretos son solo recurribles por inconstitucionalidad y no de amparo.

Además Rosales dijo que el diputado Oscar Moncada no podía presentar un recurso de amparo pues no es parte afectada, y tampoco el decreto le causa agravio alguno, situación indispensable para ampararse, según la Ley de Amparo.

Solís: “seguiré en mi puesto”

Mientras esto se resuelve Rosales y Solís sostiene que el decreto presidencial sigue vigente. “El 14 de abril yo me mantengo en mi puesto y el magistrado Armengol Cuadra también”, recalcó Solís.