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Ética y Transparencia, EyT, reveló ayer las inconsistencias encontradas en siete de las 15 circunscripciones de la Región Autónoma del Atlántico Sur, RAAS, donde predominó la alteración de votos, diferencias aritméticas, anulación sin fundamento de Juntas Receptoras de Votos, JRV, lo cual favorece los resultados del partido de gobierno, Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, según la evaluación realizada por el organismo de observación electoral.

La evaluación y dictamen técnico que realizó EyT a petición del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, hace ver que los resultados electorales emitidos por el Consejo Electoral Regional, CER, de la RAAS no son idénticos a la sumatoria de votos válidos de todos los partidos.

Actas PLC, base para auditoría
En el informe leído ayer por el director ejecutivo de EyT, Roberto Courtney, se explica que en los resultados emitidos por el CER en las circunscripciones 1, 6, 8, 9, 11, 12, y 13 hay diferencias de 30, 19, 18, 1, 46, 1 y 7 votos, respectivamente, en relación con los resultados que aparecen en las actas originales en poder de los partidos políticos.

El dictamen de EyT se realizó con base en las actas electorales del PLC. Este partido centra sus cuestionamientos en los resultados referidos a las circunscripciones 1, 7, 11 y 12, así que EyT dirigió el análisis de la evaluación específicamente en ese sentido, porque se entiende que el PLC acepta las discrepancias en las otras circunscripciones.

Circunscripción 1
Uno de los casos más graves que revela el análisis es el de la circunscripción uno, donde el CER certifica 40 votos adicionales al FSLN, lo que implica dos consejeros para el FSLN, cuando sin ese incremento lograba sólo uno.

El informe explica que en la circunscripción 1 de la RAAS, la sumatoria de las once JRV correspondientes a la totalidad de JRV de dicha circunscripción, resulta en 463 votos para el PLC y 427 para el FSLN, siendo los votos de los demás partidos ampliamente insuficientes para participar en la asignación de los tres escaños correspondientes.

Estos resultados son corroborados con exactitud, tanto por las actas auditadas como por los resultados provisionales publicados por el mismo CSE, y resultan en dos escaños para el PLC y uno para el FSLN.

Alteración
La certificación del CER otorga 40 votos adicionales al FSLN, para que con un total de 467 votos supere por tres votos al total del PLC, causando que sea el FSLN el que obtenga dos escaños por uno del PLC.

En el dictamen de EyT se señala que “las alteraciones realizadas a los resultados de las JRV 0040 y 0060, en lo interno del CER, son las que causan tanto la discrepancia aritmética entre los votos válidos totales y los votos válidos por partidos, así como la fraudulenta adición de votos al FSLN que resulta en un segundo escaño para este partido contrario a la voluntad popular expresada en las urnas que se lo otorga al PLC”.

Grave delito electoral
“Aparte de solventar esta cuestión de acuerdo con la voluntad popular, a la luz del artículo 175 de la Ley Electoral, estamos probablemente ante la comisión de un grave delito electoral, por lo que se espera de las autoridades electorales la debida diligencia y beligerancia”, agrega el informe.

Con respecto a la circunscripción 7 de la RAAS, la sumatoria de actas en poder de EyT refleja un resultado de 742 votos para el PLC y mil 987 votos para el FSLN, que con este resultado obtendría dos escaños por uno del PLC.

En el resultado que presenta el CER, el PLC resulta con 111 votos menos y el FSLN con 10 votos menos. Sin embargo, como resultado de ambas substracciones en la operación del CER el FSLN obtendría los tres escaños.

Por tomar fotos
Esta operación parece estar fundamentada en la anulación indebida de la JRV número 8090 por parte del CER, ante la impugnación presentada debido a la toma de fotos a lo interno de la JRV y a las reacciones ocasionadas por esto.

Courtney explica que la Ley Electoral 331 es clara en su artículo 162, cuando establece las cuatro causales de nulidad, las que acertadamente no contemplan la nulificación por razones de índole tan menor como tomar fotos.

En la circunscripción número 12 de la RAAS se anularon los resultados de al menos dos JRV (que son las número 8124 y 8110). EyT explica en el informe que no tiene conocimiento de las causales argumentadas ni de su legitimidad, sin embargo, señala los siguientes elementos:

Al menos esas dos JRV no son anulables debido a que no fueron impugnadas en tiempo y forma, según el artículo 163 de la Ley Electoral, es decir, en la respectiva JRV.

Escaños del PLC y ALN
Los dos primeros escaños están claros y pertenecen al PLC y a la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, respectivamente.

El tercer escaño, de la circunscripción, está en disputa entre el PLC y el FSLN, por unos 80 votos, y para que este último partido pueda obtenerlo es necesaria la nulidad de al menos una JRV en la circunscripción.

EyT es categórico en afirmar que bajo esas circunstancias no puede proceder la autoridad electoral a la asignación de escaños, sin antes solventar dichas discrepancias aritméticas.

Magistrados CSE aplazados
El nombramiento de magistrados electorales independientes y reformas básicas a la Ley Electoral, son las principales recomendaciones que hizo ayer Mauricio Zúñiga, Director Ejecutivo del Instituto para el Desarrollo y la Democracia, Ipade, después de presentar su último informe sobre las elecciones regionales del Caribe.

Tras informar sobre las irregularidades antes, durante y después de las votaciones el pasado 7 de marzo, el Ipade recomendó “el nombramiento de magistrados del CSE con plena autonomía, que posibiliten un CSE profesional e independiente en sus decisiones, elector por consenso y tomando en cuenta las propuestas de las sociedad civil y solamente por cuotas partidarias”.

Así mismo, Ipade propuso “reformas básicas a la Ley Electoral en este año 2010, con miras a contar con un sistema electoral independiente, inclusivo y transparente, de acuerdo con la propuesta que ha elaborado el Grupo Promotor de Reformas Electorales”.

Las irregularidades
En la etapa previa al día del sufragio, el Ipade señaló la falta de acreditación de observadores nacionales e internacionales y la falta de transparencia en el manejo de 8 mil 290 cambios de domicilio en el padrón electoral, de los cuales 5 mil 536 corresponden a las regiones autónomas.

El informe también refiere que “el proceso de cedulación no fue priorizado por las autoridades del CSE”, por cuanto las delegaciones municipales de cedulación se quejaron de la falta de materiales para cedular, y sólo los partidos políticos mayoritarios realizaron un proceso de cedulación paralelo.

Control partidario
Pese a que reconocen que el día de la votación transcurrió sin ningún incidente que afectara el proceso, este organismo cívico insistió en que “el control partidario de las estructuras electorales sigue siendo el problema crucial del sistema electoral”.

También apuntó que está de manifiesto “la manipulación en los centros de cómputos municipales y regionales, pues reflejan una alteración de datos en actas regionales comparadas con los datos publicados en la página Web del CSE en las circunscripciones 1, 7, 11 y 12 de la RAAS”.

En esas mismas circunscripciones es que el PLC está denunciando que les quieren quitar a cuatro consejeros a través de la impugnación ilegal de Junta Receptoras de Votos, JRV, por lo cual solicitó al CSE una revisión de actas.

El informe concluye que “si bien estas elecciones no fueron fraudulentas en sus resultados, no se puede afirmar que fueron transparentes debido a la manipulación de aspectos claves del proceso que violentan el derecho a la equidad de competencia electoral, a la libertad de voto y a contra con un árbitro confiable e imparcial”.

Insisten en reformas a Ley Electoral

La propuesta de reforma a la Ley Electoral, que según sus promotores no requiere reformar la Constitución Política, contempla el nombramiento de los Consejos Electorales Departamentales, Regionales y Municipales de manera proporcional a los votos obtenidos en las últimas elecciones de diputados departamentales, y el nombramiento de miembros de las JRV, de una lista de ciudadanos seleccionados de manera aleatoria del Padrón Electoral del Municipio.

También busca la flexibilización de requisitos para la constitución de alianzas electorales de partidos políticos, nacionales o por municipio, conservando su personalidad jurídica e identidad partidaria. Y entre las que según ellos harían un sistema electoral transparente, está la de establecer la obligatoriedad del CSE de acreditar a los observadores electorales nacionales e internacionales.

El Grupo Promotor de las Reformas Electorales está compuesto por 15 organismos cívicos, entre los que están Ética y Transparencia, el Ipade, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro; el Movimiento por Nicaragua, MpN y la Coordinadora Civil, CC.