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La Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional dictaminó favorablemente la Ley de los Conjueces, de manera que esta figura judicial asumirá función de suplente de cada uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, una vez que la ley sea aprobada por el plenario del Parlamento.

El objeto de la ley es terminar con las “integraciones irregulares” de las salas que conforman la CSJ y evitar cualquier tipo de crisis en este poder del Estado por falta de quórum durante las decisiones importantes para el país.

El presidente de la Comisión de Justicia, José Pallais, explicó que la ley asignará a cada uno de los magistrados propietarios del Poder Judicial un conjuez a manera de suplente; es decir, que cuando el propietario se ausente por cualquier motivo, el suplente o conjuez asume automáticamente la titularidad del cargo.

Pese a que en la reunión de ayer no estuvieron presentes los diputados del Frente Sandinista, Pallais señaló que el dictamen fue unánime y que los legisladores Edwin Castro y Marcelino García, del Frente Sandinista, se comprometieron a firmarlo para luego enviarlo a la Primera Secretaría del Parlamento. Pallais espera que el dictamen sea presentado y aprobado por el plenario la próxima semana.

Tres dictámenes más
La Comisión de Justicia también emitió tres dictámenes más, entre ellos uno favorable a la interpretación auténtica del Código Tributario. Éste se refiere a las causales de multas para quienes no declaren a tiempo sus impuestos, solicitado por algunos diputados considerando que las autoridades de la Dirección General de Ingresos, DGI, están imponiendo multas a negocios que cerraron por algún tiempo y que no declararon los impuestos correspondientes, pues sus ganancias fueron cero.

La interpretación pretende aclarar que aquellos negocios que cerraron por algún motivo y luego volvieron a abrir, no tienen por qué pagar impuestos si no tuvieron movimiento comercial y, por ende, tampoco se les puede imponer una multa.

Otro dictamen corresponde al rechazo a una reforma al Código Penal que se refiere a imponer sanción de cárcel a quienes conduciendo en estado de ebriedad, causen muerte a cualquier persona. La propuesta fue rechazada argumentando que ya quedó estipulada en el artículo 141 del Código Penal como homicidio imprudente.

Además, rechazó la propuesta para crear una Ley de Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera.

El dictamen desfavorable establece que ya existe la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa que regula a los empleados del Estado, por lo que no se puede aprobar una ley exclusiva estableciendo categorías de empleados públicos.