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Diputados que impulsan la iniciativa de ley que busca reformar el Código Penal para que se permita la interrupción del embarazo en casos extremos, reconocieron que entraron en una “odisea”, porque se trata de un tema muy polémico entre los nicaragüenses, y los diputados no son la excepción.

La diputada del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Jamileth Bonilla, aseguró que hay más de 20 diputados que respaldan esta iniciativa, pero admitió que la lucha por su aprobación será una “odisea”.

Sin embargo afirmó que realizarán una serie de actividades para convencer sobre la conveniencia de esta reforma, las cuales van desde pláticas con los diputados y publicidad hasta visita en los departamentos para reportar sobre la dramática situación de mujeres que no tienen la oportunidad de someterse a un aborto cuando su vida está en peligro.

Diputados que apoyan
Bonilla señaló, además, que si bien la penalización del aborto terapéutico no ha influido drásticamente en los niveles de mortandad materna, la reducción de este indicador es uno de los Objetivos del Milenio para Nicaragua.

La diputada mencionó a 20 diputados que hasta el momento están respaldando la iniciativa. Aparte de ella son: Mónica Baltodano, Enrique Sáenz, Víctor Hugo Tinoco, José Pallais, Luis Callejas, Elman Urbina, Alba Rivera, Juan Ramón Jiménez, María Dolores Alemán, Ramón González, Noel Ortega, Pedro Joaquín Chamorro Barrios, Jorge Castillo Quant, Wilber López, Eliseo Núñez Hernández, Carlos Noguera, Maximino Rodríguez, Óscar Moncada, Miguel Rosales y Augusto Valle.

La explicación de Pallais
Mientras, el también diputado del PLC, José Pallais, dijo que sabían que en su esfuerzo por aprobar esta iniciativa encontrarían incomprensión, pues a su juicio, están enfrentados a personas que se oponen a la defensa de la vida de la mujer.

Pallais recordó que esta iniciativa de ley persigue la despenalización del aborto terapéutico en casos donde no haya la posibilidad de salvar ambas vidas (madre e hijo), pero no así en los casos de violación, porque dijo que se puede prestar a manipulaciones.

Agregó que la ley obligaría a presentar una prescripción médica que garantice que es imposible salvar ambas vidas, pero insistió en que en los casos en que el médico falsee su dictamen para encubrir un aborto no terapéutico, éste recibiría una pena agravada, que es el incremento de un tercio de la pena contemplada actualmente para el aborto terapéutico.