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Los diputados del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, exigirán a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional la devolución al Poder Ejecutivo de la iniciativa de “Ley especial para el uso responsable del servicio público básico de energía”, por considerar que la misma atenta contra la estabilidad emocional y jurídica de los ciudadanos más pobres del país.

El coordinador de la bancada del MRS, Víctor Hugo Tinoco, considera que la futura legislación penalizará tres veces a los usuarios del servicio que cometan una sustracción indebida de energía eléctrica, pues “por un lado se le impondrá una multa, y por el otro, tendrá que pagar los gastos en que se incurra para la detección y corrección de la infracción, además de pagar al Instituto Nicaragüense de Energía, INE, un importe equivalente a un porcentaje de la facturación de la energía sustraída”.

Iniciativa debe revisarse
Tinoco señaló que estas disposiciones van en detrimento de los usuarios pobres, pues además le permiten a las autoridades de Unión Fenosa entablar un juicio expedito contra los “roba energía”.

El diputado del MRS señaló que los pobres no tienen dinero para cubrir sus necesidades básicas de alimentación y vestuario, y mucho menos tienen para pagar un abogado defensor ante una posible demanda judicial.

La propuesta del MRS es devolver la iniciativa de ley al Poder Ejecutivo para realizar una exhaustiva revisión, de manera que se mejore y no perjudique a los más desposeídos del país.

La iniciativa está aún en proceso de consulta para su posterior dictamen, y además de las sanciones penales antes señaladas, también faculta a Unión Fenosa para embargar los bienes de aquellos usuarios que “roben energía”.

“Por si fuera poco, se le faculta a Unión Fenosa para que cobre hasta 12 meses en concepto de energía sustraída o registrada; mientras que las leyes vigentes sólo permiten el cobro de tres meses”, expresó Tinoco.

Otro de los cuestionamientos del MRS es que la iniciativa no obliga a los prestatarios privados del servicio a cumplir con los contratos suscritos con el Estado. “Las instituciones reguladoras del Estado no han sido eficientes para exigir el cumplimiento de contratos a esas empresas, pero sí han sido eficientes para aprobarles todos los incrementos de tarifas”, dijo.