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Una nueva controversia político-jurídica desató el presidente de la Asamblea Nacional, Santos René Núñez Téllez, al pretender ayer poner en vigencia el artículo 201 de la Constitución Política de 1987, que facultaba transitoriamente a los magistrados ante la Corte Suprema de Justicia, CSJ; Consejo Supremo Electoral, CSE, y demás funcionarios públicos, a mantenerse en sus cargos en tanto no fueran electos sus sucesores en el Parlamento.

Según Núñez, el párrafo segundo del mencionado artículo nunca fue suprimido mediante una reforma oficial, y que por “una omisión constitucional” no figura en la Constitución actual. El artículo 201 de la Constitución de 1987 constaba de dos párrafos, y, según la explicación de Núñez, en una de las modificaciones que se le hicieron a la Carta Magna después de 1990 sólo fue derogado el primer párrafo, quedando vigente el segundo.

No existiera el decretazo

Sin embargo, el primer secretario del Parlamento, Wilfredo Navarro Moreira, asegura que ese artículo fue derogado totalmente. “Sólo tengo que chequear en cuál de las reformas fue que se suprimió”, explicó Navarro.

El legislador liberal dijo que si ese párrafo del artículo 201 de la Constitución de 1987 estuviera vigente, el Presidente de la República, Daniel Ortega, “con todos los asesores jurídicos que tiene, no habría tenido necesidad de recurrir al famoso decretazo” emitido el nueve de enero pasado, mediante el cual prorrogó el período de unos 22 funcionarios.

El enredo

Sin embargo, los ejemplares publicados por varias instituciones dejan al descubierto la maniobra jurídica del partido gobernante. Un ejemplar de la Constitución Política publicado en 2000 por la Procuraduría de Derechos Humanos, dirigida entonces por Benjamín Pérez Fonseca, contempla en su artículo 201 algo totalmente distinto de lo que sostiene Núñez Téllez. Este ejemplar coincide con otra publicación más reciente del denominado “Poder Ciudadano”.

El artículo 201 de la Constitución de 1987 --en ambas publicaciones-- aparece con la reforma realizada a la Carta Magna con el fin de adecuarla a las circunstancias políticas de 1990, cuando el entonces presidente Daniel Ortega decidió adelantar las elecciones previstas para noviembre de 1990 y las trasladó para el 25 de febrero de ese año.

El artículo 201 reformado se refería a las fechas de toma de posesión del Presidente y Vicepresidente de la República, así como de los diputados que resultaran electos en los comicios de febrero de 1990. Esta disposición era de carácter transitorio, es decir, que su vigencia era temporal.

Transitorio

Precisamente en una publicación oficial de la Asamblea Nacional de octubre de 2004, cuando era presidente del Parlamento el diputado liberal Carlos Noguera Pastora, el artículo 201 señala el carácter transitorio del mismo.

El mencionado artículo se lee textualmente así: Artículo 201 “Esta disposición y su reforma mediante Ley No. 190 fueron de carácter transitorio. Su vigencia se encuentra agotada. Se refiere a la conclusión de los períodos constitucionales del Presidente, el Vicepresidente, Representantes o Diputados de la Asamblea nacional, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral y demás funcionarios regulados por la Constitución válida para su momento”.

Rebaten argucias de Núñez

El jurista y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Politécnica de Nicaragua, Upoli, Óscar Castillo, refutó las pretensiones del presidente de la Asamblea Nacional, señalando que “la disposición del artículo 201 establecido en la Constitución que se aprobó en 1987, sirvió para dejar resuelta una situación particular en ese momento, pues en Nicaragua no teníamos Constitución y las autoridades de estos poderes eran designados por la Junta de Gobierno, asimismo, lo que existía era un Consejo de Estado y luego una Asamblea Nacional electa en 1984”.

El jurista alega que “es falso que esta disposición no haya sido reformada posteriormente, para tratar otra situación transitoria, ya que mediante las reformas a la Constitución en la Ley 330, de enero de 2000, en su artículo 8, numerales II y III, dejó superado un problema similar para el caso de las magistrados, tanto de la CSJ como del CSE, ya que esa reforma cambió lo relativo al nombramiento y al número de magistrados; de igual manera lo hizo la Ley 192 del 4 de julio de 1995 para un caso similar en su artículo 20, numeral III”.

Castillo considera la actuación del Presidente del Parlamento, René Núñez, “un manoseo al orden jurídico institucional y una burla a la práctica y teoría jurídica en general”. También el Movimiento Autónomo de Mujeres se sumó a las críticas contra Núñez.

Sólo Solís atiende

Mientras tanto, el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Rafael Solís, aseguró que el artículo 201 de la Constitución de 1987 es claro en decir que los funcionarios se mantendrán en sus cargos hasta que nombren a los nuevos, y que lo demás son interpretaciones erradas de los liberales.

“Yo me mantendré en mi cargo obedeciendo la Constitución y el decreto presidencial que es legal”, dijo Solís, a quien se le vencerá el período constitucional como magistrado de la CSJ el próximo 12 de abril.


(Colaboración de Martha Vásquez)