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Organizaciones de derechos humanos criticaron fuertemente la participación de jueces en los actos vandálicos de los simpatizantes del partido de gobierno, en apoyo de los ex magistrados Rafael Solís y Armengol Cuadra, donde “se quitaron la máscara” para definirse públicamente como activistas políticos.

Gonzalo Carrión, Director del Área Jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, dijo que estos jueces le pusieron un sello a lo que ya se venía viendo en el tema del control partidario de las instituciones, siendo mucho más grave en el sistema de administración de justicia.

“Estamos hablando de que los jueces deben administrar la ley, y el tema de la demostración partidaria no es más que el compromiso que tienen con su partido y no con la ciudadanía. Todos tenemos derecho a tener simpatía y a militar en un partido político, pero fue evidente que deben más a lealtades políticas”.

Interés partidario

Marcos Carmona, Director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, según las encuestas del Observatorio de Derechos Humanos, la población acusa de que el Poder Judicial está en manos de los políticos.

“El Poder Judicial responde a un interés partidario, personal, y en devoción de los caudillos políticos. No lo dice la CPDH, sino las encuestas. Hoy con esta actitud de los jueces queda demostrado, se les ha quitado la máscara, que este Poder del Estado es manoseado y manipulado por el presidente Daniel Ortega”.

Atienden a secuestrados

Por la tarde, tanto el Cenidh como la CPDH, atendieron por separado a los diputados y dirigentes de oposición que mantuvieron secuestrados las hordas del gobierno.

“Nos secuestraron porque el orteguismo tiene miedo a someterse a las reglas de la democracia”, dijo Montealegre en conferencia de prensa en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh.

Por otra parte, señaló a Ortega de ser un facilitador para la unificación de las fuerzas democráticas, pues los ha empujado a encontrar un objetivo. Dijo esto avalado por miembros de los partidos Movimiento Renovador Sandinista, sus correligionarios, y colegas del Legislativo, entre ellos Maximino Rodríguez.

Agradeció las acciones de las organizaciones de derechos humanos y de monseñor Abelardo Mata, quienes intercedieron ante la primera comisionada Aminta Granera, Directora de la Policía Nacional, para su protección, evitando un agresión directa a las instalaciones de las oficinas de Vamos por Eduardo.

Rebelión es permitida

Por su parte, la doctora Vilma Núñez agradeció a la Cruz Roja y a los doctores que estuvieron dispuestos a intervenir, además, señaló que la Carta Universal de Derechos Humanos indica que la rebelión es permitida cuando se cierran todos los espacios legales.

“No podemos quedarnos con los brazos cruzados viendo la situación en la televisión, la población debe comenzar a participar reclamando por sus derechos y exigiendo que se cumplan las leyes del país”, dijo la doctora Núñez.

Control sobre Policía

Por su parte el director ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, lamentó la actitud de la Policía ante el estado de sitio en que mantienen a la Asamblea Nacional, grupos afines al gobernante Frente Sandinista, y lo que sucedió en la sede del Movimiento Vamos con Eduardo. Señaló que “quien está coordinando y controlando en su totalidad a la Policía Nacional, haciéndola una Policía de un partido político, es Daniel Ortega”.

Organismos: “No usen a jóvenes”

Ante los últimos acontecimientos, tres organizaciones de la sociedad civil se sumaron a las voces de condena por el uso de la violencia en la lucha política, emitiendo una declaración conjunta en la que llaman, entre otras cosas, a resolver las diferencias por las vías del diálogo y a no usar a los jóvenes como armas políticas.

El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, Ieepp, la Fundación Nicaragua Nuestra, y el Centro de Prevención de la Violencia, Ceprev, emitieron ayer un comunicado en el que llaman a parar la ola de acciones violentas
Las organizaciones solicitan, específicamente, “la no utilización de jóvenes como fuerzas de choque, y la erradicación del uso de morteros y armas de cualquier tipo en las movilizaciones políticas”.


Con la colaboración de José Adán Silva