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Enero de este año es un mes que quedará marcado como el inicio de una crisis que promete extenderse y que hoy se muestra en las calles debido al desentendimiento de las fuerzas políticas y al vandalismo de sectores oficialistas.

El 9 de enero, el presidente Daniel Ortega --quien valga mencionar, no ha dicho una palabra sobre la crisis que atraviesan los poderes Legislativo y Judicial-- mediante un Decreto Presidencial prorrogó en sus cargos a 25 funcionarios a quienes se les venció y se les vencerá su período este año.

De esta forma, Ortega usurpó las funciones de la Asamblea Nacional bajo el pretexto de evitar una crisis institucional por la falta de estos funcionarios, entre quienes están magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Consejo Supremo Electoral (CSE) y contralores colegiados.

La batalla legislativa

Desde entonces se creó una crisis en el Parlamento, pues los diputados de oposición en más de una ocasión intentaron que prosperara una iniciativa de ley que deroga el Decreto Presidencial.

A pesar de que se creó una Comisión Especial Constitucional para dictaminar los nombramientos, las fuerzas políticas representadas en el Parlamento no han logrado coincidir en las negociaciones, y disienten del gobernante Frente Sandinista, partido que insiste en reelegir a los magistrados del CSE, a quienes la oposición acusa de ser artífices del fraude electoral en los comicios municipales de 2008, y asegura que no reelegirá.

Cuando en el Parlamento las aguas se apaciguaban y los diputados de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), aliados del Frente Sandinista, colaboraron con el partido de gobierno para engavetar una y otra vez la iniciativa de ley que deroga el Decreto Presidencial, la crisis estalló en la CSJ.

Abril caliente

El 11 de abril se les venció el período a cuatro magistrados de la CSJ, dos liberales y dos sandinistas. Un día más tarde, durante una audiencia en la Sala Penal, los magistrados Gabriel Rivera, Sergio Cuarezma y Antonio Alemán enviaron una carta al secretario de dicha Sala, en la que pidieron que sus homólogos, a quienes se les venció el período para el que fueron electos en sus cargos, no siguieran en funciones.

Durante la audiencia, uno de los magistrados que cesó en su cargo, Rafael Solís, llegó al punto de llamar “matón” a Rivera y allí empezó la agitación en las calles.

Los magistrados FSLN se ampararon en el Decreto Presidencial, y también en el artículo 201 de la Constitución que pocos días antes el presidente del Parlamento, René Núñez, había invocado.

El artículo 201

En conferencia de prensa, Núñez aseguró que el párrafo segundo del mencionado artículo, contenido en la Constitución Política de 1987, faculta a los magistrados del CSE, de la CSJ y de otras instituciones a permanecer en su cargo hasta que sus sucesores sean nombrados.

El legislador adujo que ese párrafo del artículo 201 no se encuentra en la Carta Magna por “una omisión constitucional”. Sin embargo, opositores y críticos sostienen que esa disposición es transitoria.

A las calles…

Solís llamó a sus partidarios en el Poder Judicial a salir a las calles, y en una de esas manifestaciones éstos llegaron hasta la Asamblea Nacional. El martes pasado, cuando los legisladores habían sido convocados a sesión, partidarios del FSLN impidieron la entrada de todos los diputados.

La oposición, por primera vez después de mucho tiempo, logró el quórum de ley, y sesionó en un hotel capitalino a pesar del hostigamiento de los grupos de choque liderados por Solís.

Hoy es el tercer día que los grupos de choque del FSLN están en las calles con el pretexto de protestar contra los opositores por no “trabajar por el pueblo”.