Ary Pantoja
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“Nicaragua registra algunos avances en la aprobación de leyes anticorrupción respecto a los mandatos de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, CICC, sin embargo, este marco jurídico carece de implementación debido a que los órganos encargados de hacer cumplir las leyes son instituciones con presupuestos reducidos, un escaso personal técnico especializado y, peor aún, sumamente politizados y ampliamente desacreditados”.

La anterior es la principal conclusión del informe de la tercera ronda de evaluación del Mecanismo de Seguimiento para la Implementación de la Convención Contra la Corrupción, Mesicic, en lo que se refiere a nuestro país y divulgado ayer por el organismo Ética y Transparencia.

“No hay regulación”

Otra de las conclusiones incluidas en el informe, señala que Nicaragua “no cuenta con un marco o disposiciones específicas y suficientes que regulen la negación o impedimento de beneficios tributarios por pagos violatorios de las leyes anticorrupción. La Constitución, el Código Tributario y la Ley de Probidad abordan indirectamente el tema de las concesiones de parte del Estado, pero circunscrito a la función pública únicamente”.

Por otra parte, según el informe, pese a que el soborno a funcionarios nacionales y extranjeros está tipificado como delito en el Código Penal, “el marco jurídico es aún deficitario en cuanto a la aplicación de las sanciones”.

Avances

Otra de las conclusiones señala que “la tipificación del delito de enriquecimiento ilícito también es un avance significativo en la legislación nicaragüense, aunque las denuncias presentadas por la presunta comisión de este delito desafortunadamente han sido desestimadas por las autoridades competentes para investigar y por lo tanto no hay resultados objetivos”.

“Casos emblemáticos durante la administración actual y denunciados en los medios de comunicación son, entre otros, el enriquecimiento ilícito y desmedido del presidente del Consejo Supremo Electoral, CSE, Roberto Rivas Reyes; el caso del presidente de la Empresa Petronic, Francisco López Centeno, y el incremento desmesurado de los bienes y propiedades de la familia presidencial”, señala el informe del Mesicic.

La sombra de Alemán

El informe concluye también debilidades en los casos de extradición de nicaragüenses a otros países. “La Constitución Política niega toda posibilidad de extradición pasiva al margen de lo dispuesto en el Artículo XIII de la CICC. Al denegar solicitudes de extradición el Estado procede a presentar el caso ante las autoridades competentes para su enjuiciamiento en Nicaragua, aunque no precisamente por los mismos delitos por lo que es acusado en el país extranjero”, se lee en el informe.

Otro caso sonado, agrega el documento, es el del ex presidente Arnoldo Alemán Lacayo, quien no puede ser extraditado a Panamá para enfrentar un juicio por el delito de blanqueo de capitales.

Por otra parte, Nicaragua tampoco ha cumplido las recomendaciones originadas de la segunda ronda de evaluación del Mesicic, entre ellas, dar un uso debido a la Ley de Contrataciones del Estado y evitar el excesivo uso de la exclusión de procedimientos y contratación directa; además, desestimar la reforma a la misma ley, con el objeto de establecer definitivamente la contratación directa, lo cual atenta contra la transparencia.