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La actual crisis la Corte Suprema de Justicia, CSJ, y la Asamblea Nacional, donde a juicio de políticos y constitucionalistas están prevaleciendo los intereses del Poder Ejecutivo, es una muestra de que “estamos transitando de un Estado de Derecho hacia un Estado de facto”.

Para el constitucionalista Cairo Manuel López, la salida a esta situación es política, pero dentro del marco que establece la Constitución Política del país.

¿Cómo califica la actual crisis en la CSJ y en la Asamblea Nacional?
Hay una crisis profunda en el Estado de Derecho de Nicaragua. Decía Montesquieu en su obra “El Espíritu de las Leyes”, que cuando un poder del Estado domina a otro poder del Estado el sistema democrático se pone en peligro, pero cuando un poder del Estado se impone sobre los otros poderes del Estado todo está perdido, y aquí estamos viendo acciones concretas que tienden a minimizar los otros poderes del Estado subordinándolos a la voluntad del poder Ejecutivo.

¿Por qué se generó esta crisis?

Parte de esta crisis que se ha creado en el país es de carácter artificial, por un lado, por el irrespeto a la Constitución Política, pero todo esto tiene una finalidad determinada: lograr de alguna manera la reelección del Presidente de la República cuando la Constitución Política es sumamente clara y precisa. La Constitución permite la reelección presidencial por un período, pero no de manera inmediata, sino intermedio, además solamente por una vez y ese es el caso del presidente Ortega.

Pero en medio de esta crisis profunda que describe, ¿puede haber alguna salida?
El sistema judicial en este momento atraviesa una crisis que de profundizarse atraería la atención no solamente nacional, sino internacional, de llegar a creer que en Nicaragua el sistema judicial se ha subordinado y se está subordinando a la voluntad presidencial. De profundizarse esta crisis y de no lograr una solución a corto plazo las consecuencias se van a dejar sentir especialmente en el clima de la economía, lo que, por otra parte, provocaría una profundización de la pobreza en Nicaragua.

¿Cuál sería entonces la salida, si habla de que el Poder Judicial se está subordinando al Ejecutivo? ¿Sería política?
La salida es política, pero debe darse dentro del marco que señala la Constitución Política. Salirse del marco de la Constitución Política es subordinar el derecho a la política y en un Estado de Derecho es al revés: las decisiones políticas se toman y se dan dentro del marco que establece la Constitución Política.

En este caso que estamos viviendo, ¿cuál es ese marco que está dado por la Constitución?
La Constitución Política establece las calidades que deben ostentar los candidatos a ocupar los cargos de elección popular y la Constitución Política establece claramente la no reelección más allá de un período. Para eso tendría el partido de gobierno otra salida dentro del marco de la Constitución Política, pero no la ha explorado o sencillamente no logró la mayoría suficiente en los partidos de oposición.

¿Cuál es?

Por ejemplo, hubieran intentado una reforma a la Constitución Política. Eso está previsto que podría darse o no, hay que ver que en Nicaragua no tenemos normas pétreas como las que existen en la Constitución hondureña para señalar un ejemplo próximo. Pero no podría prorrogar el período presidencial a través de una sentencia y una sentencia sobre todo de una de las salas de la Corte Suprema de Justicia y sobre todo con una Sala Constitucional que no estuvo debidamente integrada.

¿Podrían intervenir organismos internacionales para resolver esta crisis?
Veo bastante difícil de organismos internacionales directamente en el país. Pero sí que las distintas embajadas están monitoreando la situación de Nicaragua, y éstas reportan a sus propios países, y los países tienen sus normas a cerca de qué países pueden apoyar o no con las ayudas que ellos proporcionan al Presupuesto General de la República o a programas específicos del Gobierno.

¿Cómo repercute en los ciudadanos comunes y corrientes esta crisis que a simple viste se está viviendo en las cúpulas del sistema judicial?
La repercusión más que en la cúpula del Poder Judicial tiene una significación en la población general. Recordemos que uno de los objetivos de un sistema jurídico es proporcionar seguridad a los ciudadanos, y cuando se dan estas situaciones un ciudadano no sabe si la resolución que va a obtener está apegada al Derecho o no, y esto desestimula no solamente a la ciudadanía, sino también una posible inversión que pudiera darse en Nicaragua.

¿Se puede hablar de Estado de Derecho en Nicaragua o de un Estado de Derecho colapsado?
Estamos más bien transitando de un Estado de Derecho que ha costado construirlo hacia un Estado de facto y ojala que existe la suficiente voluntad en las cúpulas políticas para tratar de rescatar esta situación y enderezar el rumbo del país.