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Octubre, 2005
La crisis institucional que atravesó el país los últimos meses de 2005 se remedió durante más de siete horas de conversación entre el entonces presidente Enrique Bolaños y Daniel Ortega, dirigente opositor.

Simultáneamente, la Asamblea Nacional aprobaba el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos, sin movilizaciones en las calles, tal como había amenazado el Frente Sandinista.

“Unas horas después” --recoge la Revista Envío en la edición de la época-- “el presidente Bolaños aparecía triunfante para comunicar ‘a la nación’ el resultado de su prolongada conversación con Ortega: ambos habían acordado una Ley Marco para congelar las reformas constitucionales hasta enero de 2007, y la reanudación del Diálogo tripartito. El FSLN se había comprometido también a aprobar todas las leyes estructurales pendientes para que Nicaragua se mantenga dentro del programa del FMI”.

El respiro de Bolaños
Así quedó resuelta la crisis que hizo tambalear al gobierno de Enrique Bolaños. Así como se hizo, se deshizo. Luego del acuerdo verbal entre Ortega y Bolaños, los tres ejes en conflicto, gobierno, Frente Sandinista y Partido Liberal Constitucionalista --que entonces ya le había dado la espalda a Bolaños-- se sentaron a dialogar.

La Ley Marco para la Estabilidad y la Gobernabilidad le dio al ex presidente Bolaños respiro en sus dos últimos años de gobierno, pues dejó suspendidas hasta enero de 2007 las reformas constitucionales promovidas por los opositores, léase FSLN y PLC. Le quitó, además, el fantasma de la desaforación que por la acusación por delitos electorales le amenazaba.

Dichas reformas, propuestas por la “voluntad popular”, crearon nuevas leyes y nuevas instituciones: la Superintendencia de Servicios Públicos, el Instituto de la Propiedad Urbana y Rural, la Ley de Seguridad Social y otras, que le restaban enorme poder al Ejecutivo.

Los giros del PLC
De acuerdo con el análisis de Envío, con la Ley Marco “Daniel Ortega compró legitimidad, presentándose ante la comunidad internacional como quien puede garantizar una tregua, como quien conoce y sabe mover los hilos del poder”.

“Con la Ley Marco, el PLC se vio obligado a comprar a toda carrera la benevolencia gubernamental y a vender ante la comunidad internacional la imagen de que apuestan por la ‘gobernabilidad’. De estar en una ardiente ‘oposición’ al gobierno de Bolaños, el PLC giró para convertirse en su aliado: los diputados del PLC se comprometieron a apoyar todas las leyes que el Ejecutivo envíe a la Asamblea”, continúa en análisis.

Dicha ley fue presentada como una especie de tregua ante la comunidad internacional, que llevó paso a paso los sucesos y aplaudió el desenlace. Ésta no fue la primera Ley Marco, sino la segunda.

Abril, 2010
Aunque las calles ya están despejadas del “pueblo”, la crisis que estancó la Asamblea Nacional y la Corte Suprema de Justicia aún no está superada del todo. Todavía los partidos políticos representados en el Parlamento no se ponen de acuerdo para elegir a 25 funcionarios de Estado a quienes se les venció y vencerá el período este año.

Esta crisis, sin embargo, no es la primera en su estilo. Desde las denuncias de fraude electoral luego de las elecciones municipales de 2008, el Frente Sandinista ha lanzado a sus partidarios a las calles a boicotear marchas opositoras y en ocasiones a producir caos.

Desde mediados del año pasado, el tema recurrente en el ambiente político es la reelección. Así fue como en octubre de 2009 la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, compuesta sólo por magistrados sandinistas, declaró inconstitucional un artículo de la Carta Magna, habilitando de esta forma al presidente Daniel Ortega para competir nuevamente por el cargo que hoy ejercita.

La sentencia que inició el conflicto
La crisis que provocó la sentencia emitida por esta Sala fue solucionada a finales del año, pero en enero, Ortega marcó el inició de otro conflicto. Mediante un Decreto Ejecutivo, prorrogó en sus cargos a 25 funcionarios a quienes se les venció y se les vencerá su período este año.

De esta forma, Ortega usurpó las funciones de la Asamblea Nacional bajo el pretexto de evitar una crisis institucional por la falta de estos funcionarios, entre quienes están magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), del Consejo Supremo Electoral (CSE), contralores colegiados y superintendente de Bancos.

Desde entonces se creó una crisis en el Parlamento, pues los diputados de oposición en más de una ocasión intentaron que prosperara una iniciativa de ley que deroga el Decreto Presidencial.

No obstante, este anteproyecto puede estancarse en el Parlamento puesto que el proceso de formación de una ley, con los requerimientos que esto conlleva, no transcurre en lapsos cortos.

La reelección otra vez
A pesar de que se creó una Comisión Especial Constitucional para dictaminar los nombramientos, las fuerzas políticas representadas en el Parlamento no han logrado coincidir en las negociaciones, y disienten del gobernante Frente Sandinista, partido que insiste en reelegir a los magistrados del CSE, a quienes la oposición acusa de ser artífices del fraude electoral en los comicios municipales de 2008, y asegura que no reelegirá.

Cuando en el Parlamento las aguas se apaciguaban, los diputados de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), ocasionalmente aliados del Frente Sandinista, colaboraron con el partido de gobierno para engavetar una y otra vez la iniciativa de ley que deroga el Decreto Presidencial, la crisis estalló en la CSJ.

El 11 de abril se les venció el período a cuatro magistrados de la CSJ, dos liberales y dos sandinistas. Un día más tarde, durante una audiencia en la Sala Penal, los magistrados Gabriel Rivera, Sergio Cuarezma y Antonio Alemán enviaron una carta al secretario de dicha Sala, en la que pidieron que sus homólogos, a quienes se les venció el período para el que fueron electos en sus cargos, no siguieran en funciones.

El “round” de la Corte
Durante la audiencia, uno de los magistrados que cesó en su cargo, Rafael Solís, llegó al punto de llamar “matón” a Rivera, y allí empezó la agitación en las calles. El conflicto en la Sala del CSJ es calificado por analistas, incluso, como innecesario, ya que los magistrados que cesaron en sus cargos no han sido vetados por los opositores para ser reelectos.

Sin embargo, la guerra empezó y los magistrados del FSLN se ampararon en el Decreto Presidencial, y también en el artículo 201 de la Constitución que pocos días antes el presidente del Parlamento, René Núñez, había invocado.

Días antes, en conferencia de prensa, Núñez aseguró que el párrafo segundo del mencionado artículo, contenido en la Constitución Política de 1987, faculta a los magistrados del CSE, de la CSJ y de otras instituciones a permanecer en su cargo hasta que sus sucesores sean nombrados.

El legislador adujo que ese párrafo del artículo 201 no se encuentra en la Carta Magna por “una omisión constitucional”. Sin embargo, opositores y críticos sostienen que esa disposición es transitoria.

De magistrado a agitador
Solís llamó a sus partidarios en el Poder Judicial a salir a las calles, y en una de esas manifestaciones éstos llegaron hasta la Asamblea Nacional. El martes pasado, cuando los legisladores habían sido convocados a sesión, partidarios del FSLN impidieron la entrada de todos los diputados.

La oposición, por primera vez después de mucho tiempo, logró el quórum de ley, y sesionó en un hotel capitalino a pesar del hostigamiento de los grupos de choque liderados por Solís.

Dos días después, la Policía Nacional garantizó la seguridad a los diputados para entrar al Parlamento, y a pesar del acoso de los partidarios del gobierno, quienes destruyeron ventanales en la sede parlamentaria, opositores y oficialistas sesionaron y aprobaron tres préstamos. La crisis parece estar superada en parte, pero lo estará completamente cuando se elija a los 25 funcionarios, y finalmente se dilucide qué pasará cuando se definan los candidatos presidenciales el año próximo.

Contrario a las demás crisis, la Policía Nacional ha sido de las instituciones más criticadas por su actitud pasiva ante los disturbios ocasionados por partidarios del gobierno.