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El Presidente de la República, Daniel Ortega, desconoció esta mañana la invitación que le hizo la Asamblea Nacional, a través de la Primera Secretaría, para que asistiera esta tarde a la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos en la continuación del proceso de consultas al anteproyecto de Ley que deroga el decreto ejecutivo 03-2010, mediante el cual el mandatario nicaragüense prorrogó el período en el cargo a unos 22 funcionarios que cesaban este año.

Aferrándose al decreto del nueve de enero y basado en el artículo 167 de la Constitución Política, la asesoría legal de la Presidencia, envió una carta al Primer Secretario del Parlamento, Wilfredo Navarro, en el que textualmente le dice que “el Presidente Ortega no está en la obligación de asistir a dicha reunión, dado que antes de ello debe acatar tal y como se lo manda el artículo 167 de la Constitución y con rigor jurídico las cuatro sentencias dictadas por la Sala Constitucional  de la Corte Suprema de Justicia del año 2010, las cuales están firmadas y pasadas por autoridad de cosa juzgada dejando incólume el decreto 3-2010, dictado por el Presidente de la República”.

Además, recuerda en la misiva, que una de esas sentencias “ordena a la Asamblea Nacional que se abstenga de continuar cualquier procedimiento que tienda a la derogación de dicho decreto”.

“En todo caso, habiendo sido planteado un conflicto de competencia positivo entre Poderes de Estado ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por la diputada Alba Palacios, miembro de la Junta Directiva parlamentaria, la Asamblea Nacional debe esperar que se pronuncie la Corte Suprema de Justicia sobre la validez del decreto 3-2010, antes de continuar tramitando la supuesta Ley Derogatoria del Decreto”, señala la Asesoría Legal de la Presidencia en el punto 3 de la carta enviada al Parlamento esta mañana.