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El doctor Roberto Argüello Hurtado, ex presidente de la CSJ y con 55 años de experiencia en el derecho, siente que los actuales magistrados pretenden atacarle su “inteligencia jurídica” con sus actuaciones. A pesar de eso, se siente inmune a dichos ataques: “A mí no me van a engañar… Yo miro en la cara de los magistrados, cuando dicen que están legalmente en sus cargos, la cara de la mentira. Ni ellos mismos se creen”, dice.

Argüello Hurtado critica sin tapujos (y sin llamarlos por su nombre) a los ex magistrados Rafael Solís y Armengol Cuadra, quienes están en sus funciones, a pesar de que se les venció el período, amparados en un Decreto Ejecutivo que los prorroga en sus cargos, violando así la Constitución, que sólo le da esa facultad al Parlamento.

El jurista va más allá en sus críticas, y hace ver las consecuencias de esta ilegalidad: “Yo, de las partes litigantes, no lo acepto. Van a ver después los serios problemas, las partes que pierdan los casos que están firmados por los magistrados prorrogados, van a decir que es nulo porque este que hace de magistrado es un simple civil”.

Todavía cree que a Ortega le queda honestidad
En su análisis, le da un voto de confianza al presidente Daniel Ortega, quien, según él, podría no acatar la sentencia de la Sala Constitucional de la Corte que le permite participar para ser nuevamente electo en el cargo.

Sobre el artículo 201 dice que está “clarísimo, no hay tal prórroga” y cree que utilizan este argumento porque “tienen que buscar justificación constitucional a la prórroga, pero citar este artículo es más inconstitucional todavía”.

El jurista concluye esta entrevista con un nuevo atisbo de vergüenza por los ataques públicos de los magistrados y dice: “Yo fui magistrado de una Corte seria. Eso es lo peor, la falta de educación, la vulgaridad”.

¿Por qué, a su criterio, la crisis en la Corte Suprema de Justicia no tiene principio ni fin?
El problema de la Corte ya tiene varios meses, es un problema de magistrados, un problema personal de magistrados en el que influye mucho el poder. La única solución que yo le veo es el diálogo y que sepan ceder ambas partes.

(…) No se les puede obligar a los diputados a que voten a favor de dos magistrados que los atacaron y que violentaron la Constitución, porque se mantienen en el cargo sin estar electos.

La solución que usted recomienda, el diálogo, ¿podría interpretarse como que éste se dará a través de un acuerdo político que no necesariamente se apegará a las leyes, a lo jurídico?
El diálogo es un acuerdo político, así tiene que ser, pero también tiene sus limitaciones, como le digo, no se le puede obligar a los diputados de oposición a que voten por la reelección de los magistrados que ellos han impugnado toda la vida, por el fraude electoral o que voten por dos magistrados de la Corte Suprema que los atacaron con morteros como jefes de bandas.

¿Qué implica que la desacreditación de la Corte llegue a tal extremo que a dos de sus ex magistrados se les identifique “como jefes de banda”?
Ese es el problema, es serio, yo nunca había visto la situación que se está planteando en la Corte Suprema. Yo fui presidente de la Corte Suprema. Nunca pasaron estas cosas, no sólo no en mi presidencia, sino en su historia. Ni en el somocismo, pues. Con pena se lo digo. Insultos de magistrados y permanencia de magistrados contra la Constitución Política, y cada sentencia va a ser un problema, porque una de las partes del juicio que no esté de acuerdo con esa sentencia, lo que hace es impugnar esa sentencia porque es nula, absolutamente, y es una nulidad que puede declararse en cualquier tiempo porque va contra la Constitución Política.

¿A qué se debe que hayamos llegado a niveles que ni en el somocismo se vieron?
Por el poder. El poder que quieren imponer en las instituciones sus partidarios y sobre todo en la justicia, quieren poner magistrados a favor de sus intenciones. Ya vimos a los magistrados estos, que votaron derogando la Constitución para la reelección del Presidente. Esa es una sentencia servil, y los mismos magistrados, se nota cuando hablan, que no creen en lo que están diciendo.

¿Serviles para garantizar el cargo?
Por supuesto y para quedar bien con el Presidente. Le voy a decir más: yo creo que el presidente de la República, el comandante Daniel, a la larga, no va a aceptar el resultado de esa sentencia que reformó la Constitución. ¿Por qué no lo va a aceptar? Porque le va a perjudicar a él, a su partido, no sólo constitucionalmente, sino políticamente e internacionalmente, como ya le está perjudicando.

El Frente Sandinista --yo soy sandinista, pero crítico sí-- puede tener varios candidatos, incluso mujeres, hay candidatas que tienen popularidad y yo creo que Daniel está dejando su última carta al final y no va a aceptar su propia reelección porque él sabe que va contra la Constitución. Él se ha rodeado de consejeros malos.

¿Con su experiencia, no le parece un poco ingenuo creer que el Presidente, quien ha demostrado últimamente su interés por reelegirse sin necesidad de usar los cauces legales, a última hora no use la herramienta que posiblemente él mismo buscó?
¡Pues yo soy ingenuo! Ese es mi deseo. Consejo, también, que en el fondo le doy al comandante Daniel, a quien conozco y fui su funcionario.

¿Y qué diferencia hay con ese Daniel Ortega y los magistrados FSLN, a quienes usted llama “jefes de banda”, con lo que vemos hoy?
Es muy diferente. En ese tiempo no hubo ningún problema en la Corte Suprema de Justicia, el Presidente no recomendaba sentencias ni indicaba cómo votar. Había relación institucional.

¿Cree que lo más sano sería no reelegir a los ex magistrados Solís y Cuadra?
Es que no tienen capacidad, van contra la Constitución, en cierto sentido han cometido delitos. Al prorrogar sus funciones van contra la Constitución y además, los magistrados a todo le dan publicidad. Hablan en la televisión, hablan en los periódicos sobre los problemas internos de la Corte, de manera que cualquier recurso de amparo, recurso de inconstitucionalidad, recurso sobre la competencia de poderes, no lo pueden conocer, dieron opinión, están implicados de conocer y es delito si conocen.

Y en todo caso, las partes recurrentes pueden recusarlos y deben recusarlos. Tienen que organizarse para conocer de estos casos, una nueva Corte con suplentes.

Yo me opongo a que se reelijan a los magistrados que han violado la Constitución.

El magistrado Francisco Rosales, a quien no se le vence su período, es uno de los que ha emitido criterio sobre varios casos y esta semana en la Sala Constitucional aceptó un recurso de conflicto de poderes…
Es lo que le digo, magistrado que haya emitido opiniones no puede conocer de juicios posteriores de amparo, porque ya opinaron públicamente, están implicados. Si ellos conocen del caso su sentencia absolutamente nula.

¿Qué piensa de los magistrados liberales que han mostrado bastante pasividad?
En cierto sentido también dan declaraciones públicas y están también implicados. Se tiene que organizar una nueva Corte con magistrados que no emitan opinión públicamente. A ellos se les va a terminar su período, pero como son magistrados políticos en su reelección van a haber los mismos problemas que hay ahora.

¿Adónde va la justicia en Nicaragua con “magistrados políticos”?
Es difícil. Por eso le decía que el problema es el poder, la presión política de ambos partidos en la Corte Suprema de Justicia.

¿Es el Frente Sandinista el que ha llevado la justicia en Nicaragua hasta este punto?
Son más culpables los magistrados que hacen casos a cuestiones inconstitucionales, por eso le dije al inicio que hay sentencias serviles.

Vuelvo con la pregunta: ¿Hasta dónde llegará el país con una Corte Suprema de Justicia que promueve marchas partidarias en las que participan todos sus trabajadores, jueces, secretarios, magistrados de apelaciones, entre otros?
¡Pobres jueces de la democracia! El poder de los magistrados hizo que fueran. Hicieron muy mal en presionar a esos jueces creyendo que los van a reelegir, y diciendo que no los van a reelegir si no van. Hicieron muy mal y eso también los implica, pobres jueces de la democracia.

Se ha hablado de varios nombres para ocupar las magistraturas, entre ellos los de personas que se autodefinen como imparciales, desligadas de la vida partidaria y de la sociedad civil, ¿qué piensa usted?
En primer lugar, ningún diputado debe ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia ni del Tribunal Supremo Electoral, porque son políticos y llevan la política a las instituciones.

En Nicaragua hay buenos abogados que podrían ser magistrados, pero tienen que ser escogidos por la Asamblea, de moralidad notoria y que hayan ejercido su profesión. Yo creo que en la Corte hay magistrados que nunca han llevado ni un proceso, ni un juicio, eso no es correcto porque entonces no tienen preparación, y hay magistrados que tampoco han hecho un recurso de casación.

La Asamblea tiene una gran responsabilidad, saber escoger a los magistrados, no por política, no van a elegir de magistrados a un jefe de banda, si lo hacen, ¿cómo quedan los diputados eligiendo a sus propios atacantes?
Los diputados del Frente Sandinista deben comprender que no deben exigir el nombramiento de magistrados “jefes de bandas”.

¿Cree que existe la posibilidad de que la comunidad internacional ejerza presión?
Somos los nicaragüenses quienes debemos resolver nuestros problemas. No creo que la presión llegue a destituir a un magistrado.