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El partido de gobierno Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, logró crear un embudo, donde está dejando caer todo para sus fines obvios: la reelección presidencial de Daniel Ortega.

Esa es sólo una de las descripciones aproximadas que se hacen de la nueva “movida” del Frente Sandinista que apuesta a dividir más a la oposición, a partir de autorizar un beneficio para ellos, pero que a la vez, aceptarlo es también enterrarse un puñal.

La semana pasada, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, y el Consejo Supremo Electoral, CSE, habilitaron sorpresivamente las diputaciones de Alejandro Bolaños Davis y de José Alfredo Gómez Urcuyo. Y a la vez el CSE también habilitó la personalidad jurídica del Partido Conservador, PC, suspendida en 2008.

Para el jurista y ex diputado suplente ante la Asamblea Nacional, Oscar Carrión Orozco, estas habilitaciones sólo son un ensayo de lo que veremos en el futuro.

Qué manera de buscar legitimidad
Carrión Orozco considera que sin Consejo Supremo Electoral, CSE, no habrá elecciones; no obstante, sugirió que si a los magistrados se les vence su período el próximo primero de junio, los mismos dirigentes políticos se encargarán de legitimar su permanencia en el cargo a través de las resoluciones que estos funcionarios emitan en alusión a la posibilidad de que le restituyan la personalidad jurídica al Movimiento Renovador Sandinista, MRS y le devuelvan a Eduardo Montealegre la representación legal de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN.

Carrión recordó que el artículo 2 de la Ley Electoral establece que “el Poder Electoral se encargará de organizar, dirigir y supervisar las elecciones de autoridades señaladas en la presente Ley, así como también los plebiscitos y referendos, todo de acuerdo con la Constitución Política, las leyes de la materia y las regulaciones que al efecto dicte el CSE”.

Magistrados de facto no pueden convocar a elecciones
La pregunta que cabe, según Carrión, es ¿quien organizaría constitucional y legalmente el proceso electoral nacional del 2011, cuyo calendario debe aprobarse en los próximos meses si las actuales autoridades del CSE finalizan su período y constitucionalmente no estarían habilitadas para dirigir ese proceso?
“Sin duda alguna que el proceso de las elecciones presidenciales y desde el momento mismo de la finalización del período para el que fueron electos los magistrados, estaría completa y absolutamente viciado de nulidad por más que de facto se pretenda prorrogar el período para el cual la Constitución Política señala término expreso”, dijo Carrión.

¿Seguiría el MRS?
El jurista considera que, la estrategia del Presidente Daniel Ortega y del Frente Sandinista, “continuará siendo la de imponer a toda costa y a cualquier precio la reelección de Roberto Rivas y compañía que le signifiquen el despeje del camino a la reelección presidencial, ya sea porque piensa genuinamente que el pueblo le dará su respaldo, o como Somoza, pretenda de cualquier modo cambiar los resultado”.

“Dentro de esa lógica de continuismo desmedido, no sería nada extraño ver que luego de vencido el período constitucional de los magistrados, continúen en sus cargos amparados en el Decreto Ejecutivo 3-2010 y restituyan la personalidad jurídica del Movimiento de Renovación Sandinista, MRS, a fin de ponerlos en el dilema de si aceptan la resolución de un Consejo Electoral inconstitucional o desprecian la posibilidad de recuperarla”, expresó Carrión.

Dilemas
En la misma lógica, agrega, estos mismos magistrados --con período vencido--, podrían resolver devolverle a Eduardo Montealegre la representación legal de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN. Según Carrión, Montealegre se encontrará con el dilema de si acepta o no una resolución de funcionarios inconstitucionales.

Para Carrión, si la dirigencia del MRS y Eduardo Montealegre aceptan las resoluciones, legitimarán a los magistrados de facto y con ello el resto de acciones que estos realicen, incluyendo la inscripción de Daniel Ortega como candidato a las elecciones nacionales de 2011.

“Tampoco sería nada extraño que este CSE adelante el calendario de elecciones y programe precisamente para después de vencido el período constitucional de sus magistrados, el requerimiento de la presentación de las estructuras partidarias a los Partidos Políticos legalmente registrados, a fin de que si cumplen con ello, legitimen a los, para entonces, inconstitucionales e ilegales funcionarios; o si por el contrario prefieren no hacerlo, buscar como descalificar o eliminar de la contienda y a cualquier organización política que pretenda desconocerles”, explicó.

Habilitaciones son una trampa
En el mismo sentido opinó el presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, Amcham, Róger Arteaga, que también es candidato a magistrado del Poder Electoral y a Superintendente de Bancos.

Arteaga sospecha que los últimos acontecimientos políticos son una trampa del partido de gobierno, para que la oposición legitime las acciones de la sala constitucional de la CSJ --ilegalmente constituida-- y al ex magistrado Rafael Solís, ya que a la oposición le conviene aceptar al nuevo diputado José Alfredo Gómez Urcuyo, que sería un voto para los liberales.

“Están tratando de legitimar una sala judicial que no fue legalmente constituida, que utiliza a los suplentes de los titulares y también están utilizando a magistrados a quienes ya se les venció su período, todo eso es ilegal”, expresó Arteaga.

Aceptar o no aceptar
Agrega que aceptar la diputación de Gómez Urcuyo en la Asamblea, es también aceptar que la sala constitucional de la CSJ fue legalmente constituida.

“Si aceptás, reconocés que esa sala es válida y si no aceptás entonces estás perdiendo la oportunidad de traer más votos para la oposición, es una trampa”, manifiesta el presidente de Amcham, pero a la vez acepta que es una estrategia muy inteligente.

Con relación a la devolución de la personalidad jurídica al Partido Conservador, PC, Arteaga interpreta que el partido de gobierno está metiendo otro partido para que divida el voto de la oposición.

“Habilitado el PC, indudablemente que los conservadores querrán votar por su partido y ya no van a votar por Arnoldo Alemán o Eduardo Montealegre, entonces sí hay una posibilidad de que eso le reste votos a la oposición”, opinó Arteaga.

Sociedad presiona por unidad
Sin embargo, explica que están surgiendo una serie de movimientos que demandan la agrupación de la oposición y espera que esto se vea concretado antes de que el presidente logre sus objetivos.

Róger Arteaga es economista, ex funcionario del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE de 1981 a 2001. También representó al BCIE en Nicaragua de 1991 a 2001. Fue director General de Ingresos durante el gobierno del Presidente Enrique Bolaños Geyer (2002-2007).

“Cuánta sangre tendrá que correr”
La necesidad de cambio es latente por donde quiera que se le vea, según la opinión del candidato a magistrado al Consejo Supremo Electoral, CSE, Julio Icaza Gallard, sin embargo, no sabe cuánta sangre más tenga que derramarse para que se produzca un verdadero cambio de mentalidad en las personas que dirigen el destino del país.

Con una actitud más sincera que pesimista, Icaza acepta que el presidente Daniel Ortega no va renunciar a sus intenciones de reelegir a los funcionarios que le interesan y también acepta que no existe nadie que se le pueda cruzar en el camino, porque la oposición política a demostrado ser débil y apegada también a sus intereses.

En ese sentido, Icaza cuestiona la doble moral de los diputados opositores, porque le piden al presidente que renuncie a sus candidatos, cuando ellos insisten en poner en su lugar a representantes políticos suyos.

Crisis de representación
Afirma que estamos ante una crisis de representación porque no hay credibilidad ni confianza en los diputados. Afirma que la cara y los discursos públicos son unos, pero en privado las negociaciones están muy alejadas del interés común.

“Lo que priva en la mentalidad de los políticos es el concepto patrimonial del Estado, concibiéndose el Estado como una propiedad personal del caudillo o una propiedad del partido que lo comparten”, manifestó Icaza.

Con relación a su candidatura, Icaza hace silencio por un momento y luego contesta que “eso habría que preguntárselo a ellos (los diputados)”.

“Yo no sé cuánta más tragedias y desgracia tendrán que pasarle a mi país para convencerse de que los criterios con los que han venido escogiendo a la gente de las instituciones del Estado deben de cambiar radicalmente”, consideró el candidato.

Una esperanza
Icaza centra sus esperanzas en la nueva Alianza Patriótica de la que es miembro. La nueva organización política esta compuesta por la Unión Ciudadana por la Democracia, UCD; el Movimiento 9 de Noviembre, el Partido Liberal Independiente, PLI, y el Movimiento Renovador Sandinista, MRS.

La Alianza Patriótica aspira a participar en la contienda electoral del próximo año con la personalidad jurídica del PLI.

Julio Icaza Gallard es de profesión abogado. Fue embajador ante las Naciones Unidas durante seis años, de 1983 a 1989. También fue director general de organismo y conferencia en la Cancillería General de la República, de 1989 a 1992. Fue director de asuntos políticos y jurídicos en el Sistema de Integración Centroamericano, SICA, de 1995 a 1997. Ha sido profesor de derecho Internacional en la Universidad Centroamericana, Universidad Americana y en la Universidad Nacional Autónoma de Managua.

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