Jorge Eduardo Arellano
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En un año electoral, el Presupuesto General de la República se ha convertido en un mecanismo de maniobra de los partidos políticos, con el único fin de obtener los mayores réditos, a saber, atraer hacía sí el mayor número posible de votantes.

Ofrecimiento de beneficios que antes negaron, engaños e ilusiones, reducciones presupuestarias para impedir la “capacidad de maniobra” del partido de gobierno y la redistribución de partidas que les garantice “un poquito” del dinero de los contribuyentes en beneficio de sus futuros candidatos a las alcaldías del país, es la tónica de la oposición liberal respecto de la aprobación del presupuesto.

Desde que fue presentado por el presidente Daniel Ortega, en octubre pasado, la propuesta fue “borrada” de la agenda legislativa por los diputados de la oposición, debido, en parte, a una crisis de poderes alentada por la legalización de los Consejos del Poder Ciudadano, CPC, y cuyo capítulo fue cerrado con la aprobación de las reformas a la Ley de Amparo.

Después del conflicto, el tema del Presupuesto fue retomado por los diputados con el debate sobre puntos “débiles”, que bien han servido para las negociaciones políticas.

Pero aunque los diputados niegan que haya intereses de por medio en la aprobación del Presupuesto, en los últimos días las posiciones cerradas de algunos parlamentarios de no aprobarlo si no hay cambios significativos en algunas partidas, empiezan a ceder en torno a los “puntos rojos” del Presupuesto 2008.

Aun así, continúan en la mesa de negociación el aumento del 12 por ciento para salarios a trabajadores de la salud, maestros, policías y soldados; la redistribución de fondos de los programas emblemas del gobierno Hambre Cero y Usura Cero, los gastos poco claros de la Presidencia–Secretaría del FSLN, así como la propuesta de renegociar el pago de los Cenis para destinar mayores fondos a la inversión pública.

Presupuesto no cambiará
Para el economista Adolfo Acevedo, los puntos torales que mantienen congelada la aprobación del Presupuesto no tendrán importancia al final, pues desde su perspectiva, las partidas presupuestarias de este año se aprobarán en el hemiciclo parlamentario, a la manera general en que lo sugirió el Presidente.

El principal debate es el aumento desde un tres a un cinco por ciento, adicional al 12 que propuso el gobierno, para incrementar la masa salarial; la oposición argumenta que la propuesta de Ortega es mínima, considerando que el nivel de inflación en 2007, según estimaciones extraoficiales, fue de casi el 17 por ciento.

A lo anterior se suma que el crecimiento económico no llegó ni al cuatro por ciento, aunque los cálculos del gobierno eran superiores a ese nivel.

Camisa de fuerza: salarios no deben subir
Acevedo duda de que la aprobación del aumento salarial se concrete más allá de la propuesta del Ejecutivo, pues el compromiso del gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es congelar la nómina del sector público.

En las negociaciones entre las bancadas, el FSLN propone un reajuste de tan sólo punto cinco por ciento, sugerencia que hasta el momento es rechazada por la bancada del PLC, cuyos miembros dicen seguir apostando a la renegociación de los Cenis para que el aumento sea al menos entre tres y cinco puntos más.

Pero las negociaciones, de acuerdo con el economista, posiblemente no lleven a ningún lado, pues existe un compromiso ante el FMI que el gobierno difícilmente incumplirá: “El gobierno comprometió ante el Fondo el congelamiento de la nómina salarial como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), de tal manera que si el PIB nominal crece un 12 por ciento, la nómina salarial puede crecer sólo eso”, señaló.

Argumento ilógico
Tras esta camisa de fuerza para continuar dentro de los programas del FMI, Acevedo asegura que se esconde el argumento ilógico de proteger la inversión privada, pues al aumentar los salarios públicos, la mano de obra privada también podría solicitar una nivelación salarial, que encarecería los costos de los inversionistas extranjeros.

Por ello el aumento, de acuerdo con el economista, no pasará más allá del famoso 12 por ciento, independientemente de los argumentos de la oposición, cuya firmeza en cuanto al tema específico no es una certeza.

Un replanteamiento de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional es una de las remotas posibilidades para que este año se logre invertir más en educación y salud, solución que el propio Acevedo cree que es difícil de concretar.

Renegociación de los Cenis, un engaño
Esperar que una exitosa renegociación de la deuda generada por el pago de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis) pueda ser una de las vías para los aumentos salariales, es una idea que Acevedo descarta.

El economista considera que el problema salarial no estriba en si hay dinero o no para el aumento, sino, más bien, en que existe un compromiso “en piedra”, del gobierno con el FMI, para no aumentar la masa salarial, haya o no recursos para ello.

De ahí que la renegociación planteada por la oposición, particularmente por los diputados del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, es una farsa.

La ilegalidad de una renegociación de los Cenis es otro de los argumentos que, a juicio de Acevedo, confirman la inconsistencia de este supuesto, al que apelan algunos parlamentarios para equilibrar el Presupuesto.

De darse una nueva renegociación, dice, se generaría un conflicto jurídico similar al de Eduardo Montealegre y demás miembros de la Junta Directiva del Banco Central de Nicaragua, investigados por la Contraloría General de la República (CGR), por el caso de los Cenis, y, por tanto, se caería en la ilegalidad.


Oposición busca más millones
La oposición ha identificado ciertos rubros de donde pretende sacar dinero para “cumplir” con el incremento salarial, que se ha convertido en el punto tenso del presupuesto; además de los gastos presidenciales, que tienden a confundirse con los de la Secretaría General del Frente Sandinista y con los de la residencia del mandatario y su familia.

La diputada y jefa de la Bancada por la Unidad, Jamileth Bonilla, considera que la Presidencia no necesita unos tres millones de córdobas --incluidos en el Presupuesto-- para el pago de la seguridad privada de la familia presidencial.

Según Bonilla, existen unos 400 millones de córdobas que podrían redistribuirse para cumplir con la demanda salarial, en los que se incluyen unos 175 millones del programa Hambre Cero.

La semana pasada, el presidente de la Comisión Económica del Parlamento, Francisco Aguirre, dio por un hecho que no dará “ni un centavo” de presupuesto a la Presidencia, tomando en cuenta las palabras del mandatario Daniel Ortega, quien dijo que no necesita dinero para sus gastos.


Discurso oficial por lo social... Presupuesto para macroeconomía
Sobre los programas Hambre Cero y Usura Cero, el economista afirma que éstos son mínimos dentro de la gama de necesidades, pues no compiten con la partida que los nicaragüenses deberán pagar en concepto de deuda pública.

Acevedo no ve problemas en los montos de ambos programas o en la manera en que se distribuyan los fondos, aunque apoya la idea de entregar el financiamiento a las alcaldías, pese a la significativa carga política que puede significar en un año electoral.

Tampoco considera relevante discutir sobre los montos destinados a cubrir los gastos de la Presidencia --y a la vez Secretaría del FSLN-- que, a su parecer, tiene más una connotación de rejuego político que económico.

Demagogia
Un gobierno de “trabajo y paz” es hasta el momento lo que menos ha propiciado el presidente Ortega. Aunque en sus discursos muchas veces prometió trabajos inmediatos, salud y educación gratuita, como buena izquierda revolucionaria, el Presupuesto General de la República, dice Acevedo, “está montado en los mismos carriles del gobierno neoliberal del ex presidente Enrique Bolaños”.

“Ese presupuesto está exactamente en las mismas líneas que la presidencia del ingeniero Enrique Bolaños. Este gobierno (que fue oposición) fue un duro crítico de la política económica de Bolaños, pero se ha montado exactamente sobre los mismos rieles, no hay ninguna modificación de ese esquema económico”, expresó Acevedo.

El economista agregó que es claro que la prioridad de este gobierno no es reducir la pobreza, sino pagar la desmesurada deuda pública (298 millones de dólares), de la cual el 75 por ciento es para cubrir la deuda con los bancos privados.

Sólo residuos para los nicaragüenses
“El chingaste es para la inversión pública”, manifiesta Acevedo, al hacer ver que los montos distribuidos entre ministerios, institutos del gobierno, universidades y alcaldías, no suman la enorme partida asignada para el pago de la deuda pública.

El pago de la deuda gubernamental es la principal asignación del Presupuesto 2008, que será, de acuerdo con estudios del analista económico, 28.3 veces superior al monto con que funcionará el Ministerio del Ambiente, 17.3 veces superior a la del Ministerio de la Familia, 5.2 veces mayor a la del Ministerio Agropecuario y Forestal; tres veces supera también la partida destinada para el Ministerio de Transporte e Infraestructura, y, por sorprendente que parezca, es 48.2 veces superior al presupuesto destinado para reconstruir los daños provocados por el huracán Félix.

“Caribe Norte otra vez olvidado”

Luego de la tragedia ocurrida en el Caribe, por el paso del huracán Félix, las estimaciones para la reconstrucción de la zona suman 200 millones, pero en la propuesta presupuestaria del jefe del Estado nicaragüense, tan sólo hay destinados 6 millones de dólares, mismo monto destinado para Usura Cero, “mientras quieren pasar un subsidio para Unión Fenosa de 10 millones de dólares”, criticó el economista. Conforme con la propuesta de Presupuesto, la Presidencia recibiría unos 62 millones de córdobas para gastos corrientes, pero Aguirre propondrá no asignar nada.

Jueves o viernes se acaba el debate
Se espera que entre el jueves y el viernes la comisión emita el dictamen correspondiente. De momento, se especula en torno a dos dictámenes, pero los diputados opositores no han presentado su propuesta, en la que se supone presionarán por un incremento de la masa salarial del 20 por ciento y no del 16, como lo propuso Aguirre el pasado jueves.

Como si fuera poco, tres mil 500 millones de córdobas en subvenciones fueron solicitados a la Comisión por al menos 60 organismos e instituciones no estatales. Aguirre adelantó que no habrá suficiente plata para cubrir la millonaria demanda.

La tensión aumenta con el paso de los días, pues el próximo 25 de febrero llega al país la misión de evaluación del FMI, por lo que es perentorio la aprobación del Presupuesto antes de esa fecha.

Otra de las preocupaciones es la falta de consenso. Aguirre considera que no es lo mismo aprobar la Ley de Presupuesto con el voto favorable de 47 diputados, que con 70 u 80 votos.

Para Aguirre, la parte económica es tan importante como la parte política que significa contar con el consenso total de los diputados para aprobar el Presupuesto, tal como ocurrió con la reforma a la Ley de Amparo, respaldada por 80 diputados.