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Las últimas destituciones de autoridades municipales son prueba del principal problema que ha tenido el gobierno del presidente Daniel Ortega desde que llegó al poder en enero de 2007: el desconocimiento de la autonomía, además de que evidencia que el Frente Sandinista quiere el control político de los poderes locales con vistas a la reelección del mandatario.

Así analizaron los municipalistas Silvio Prado y Mónica Baltodano las destituciones de cinco autoridades locales en las últimas dos semanas, de las cuales tres son sandinistas.

En Dolores, departamento de Carazo, cuatro concejales sandinistas y la vicealcaldesa de la misma tendencia decidieron destituir a Yáder Ramos de su cargo de alcalde, argumentando una ineficiente administración, ausencia de la municipalidad y falta de rendición de cuentas.

En el caso de la destitución del vicealcalde de Jinotepe, Leonel Rojas, la bancada sandinista del Concejo y cuatro concejales opositores, con la venia del Alcalde, argumentaron incumplimiento de labores.

Qué hace la Policía metida en estos casos

El último caso es el del destituido alcalde de Ciudad Sandino, Roberto Somoza, quien extrañamente fue notificado por la comisionada mayor Concepción Torres, jefa de la Policía Nacional de ese municipio. Hasta la fecha se desconocen las causales de la destitución.

Somoza denunció que su destitución obedece a que durante su gobierno trabajó por la municipalidad y no por su partido.

Para Prado, del Centro de Estudios y Análisis Político, estas acciones no son más que la prueba de que el actual Gobierno “tiene problemas con aceptar que hay autoridades que se autogobiernan, pues es un gobierno que cree que hay un solo gobierno central que gobierna desde el vértice del poder”.

Lamentable retroceso

Ante eso, advirtió que “estamos retrocediendo a 1990, cuando los Concejos elegían a los alcaldes, lo cual causó una gran inestabilidad, porque los alcaldes estaban sometidos de tal forma, que seis meses después que asumiera el gobierno, 60 Concejos decidieron cambiar al alcalde”.

“O sea, que en vez de avanzar en el fortalecimiento de la autonomía municipal se está dinamitando la misma, y la autonomía municipal es una condición para el establecimiento de la democracia”, agregó.

El andamio de la reelección

Mientras, Baltodano expresó que “estos procesos se están haciendo con propósito de control político de los poderes locales con vistas a la reelección de Ortega”. “El poder de Ortega y las posibilidades de su perpetuación están muy vinculados al trabajo territorial y ahí el poder local ocupa un lugar fundamental”, explicó la diputada.

Los municipalistas reconocieron que el Concejo tiene la función de destituir a un alcalde, vicealcalde o concejal, pero siempre y cuando se apeguen a lo que dice la Ley de Municipios, que no es más que una reproducción de lo que establece la Constitución Política sobre las causales para destituir a esas autoridades.

“El Concejo tiene soberanía total, el problema está con qué manejo se ha hecho y con qué finalidades”, señaló Prado.

Además, dijo que el Consejo Supremo Electoral debió haber revisado si el Concejo procedió conforme la ley para destituir al alcalde o al vicealcalde.

Lamentable uso de Policía

Sobre la notificación a Roberto Somoza sobre su destitución de parte de la jefa policial de Ciudad Sandino, Prado dijo que “el papel de la Policía fue lamentable, porque actuó como un brazo político del Frente”.

Por su parte, Baltodano afirmó que las autoridades destituidas podrían recurrir de amparo por cuanto las causales de su destitución están en la Constitución y no han sido respetadas.