Leonor Alvarez
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El presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional, diputado José Pallais Arana, proyectó que la profundización de la crisis institucional por la desintegración de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, creará una percepción negativa del país ante los ojos de los inversionistas nacionales y extranjeros, porque explicó que ahora está “ilimitada y desentendida” la seguridad jurídica para los negocios y también para la cooperación internacional.

Por su parte, el secretario de Relaciones Internacionales del partido de gobierno Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, y diputado sandinista al Parlamento Centroamericano, Parlacen, Jacinto Suárez, negó que haya una crisis en la CSJ, porque explicó que al asumir la primer vocal Alba Luz Ramos Vanegas, el problema “quedó resuelto”.

Sin embargo, el diputado José Pallais Arana rebatió lo dicho por Suárez al explicar que la primera vocal sólo sustituye por ausencias “temporales”, cuando los magistrados están ausentes por viajes o enfermedad, pero no puede sustituir cuando no hay presidente ni vicepresidente, es decir, cuando a éstos se les venció el término.

Cuidado hunden la ilegitimidad

En ese sentido, Pallais explicó que “la magistrada vocal que asumiere el cargo de presidente magistrado del CSJ, estaría llegando a atribuirse funciones que no le corresponden y estaría llevando al país al precipicio e incrementando la falta de ilegitimidad que envuelve al gobierno de Ortega”.

“El gobierno está hundiendo al país más profundamente en la ilegitimidad y ésto da una percepción negativa tanto para los inversionistas extranjeros, como para los mismos nacionales”, afirmó el diputado Pallais, quien lamenta que todo esto esté pasando por las intenciones “reeleccionistas y continuistas” del presidente Daniel Ortega, quien considera está impulsando la crisis institucional en haras de asegurar su continuidad en el poder, por encima de la Constitución Política.

Soluciones

Una de las soluciones que plantea Pallais es la misma que ha explicado el ex magistrado presidente, Manuel Martínez, que es reunir a los 12 magistrados que están legalmente “constituidos, designados y nombrados por la Asamblea Nacional” para resolver la crisis, pero, por su parte, los magistrados orteguistas se negaron debido a sus pretensiones de ratificar la resolución que permite al Presidente de la República –y a sus 109 alcaldes-, reelegirse en las próximas elecciones.

Otra solución es que los diputados del partido de gobierno nombren en consenso con los diputados de oposición en la Asamblea Nacional, a los magistrados de la CSJ.