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La magistrada Alba Luz Ramos, “en calidad de presidenta de la CSJ por ley”, según el comunicado, convocó ayer a los once magistrados de este Supremo Tribunal a reunión de Corte Plena para hoy a las 10 de la mañana, además incluyó en la convocatoria a los abogados Rafael Solís y Armengol Cuadra, cuyos períodos constitucionales están vencidos.

Mientras tanto, el Comité Ejecutivo Nacional, CEN, del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, respaldó a los magistrados de tendencia liberal en la Corte Suprema de Justicia, CSJ, para que se presenten a la cita que hizo la administradora de ese poder del Estado, la magistrada Alba Luz Ramos.

El ex presidente Arnoldo Alemán afirmó que los magistrados liberales presentarán un escrito en el que advierten a Ramos que ella no puede convocar ni conformar salas, porque no es la presidenta de ese poder del Estado.

Según Alemán, los magistrados atenderán la citatoria para proponer que se conforme Corte Plena, pero con los doce magistrados cuyos periodos están en vigencia, excluyendo a los magistrados de tendencia sandinista, Armengol Cuadra y Rafael Solís, cuyo mandato caducó el pasado mes de abril.

Doce magistrados, sin usurpadores
“Van a llegar a decirles usurpadores y que esos dos abogados no pueden estar ahí, que si quieren institucionalidad, están doce y que hagan Corte Plena, tal como lo señala la Ley Orgánica del Poder Judicial. Cualquier cosa diferente es ilegal e ilícita”, afirmó Alemán.

Del mismo modo opinó el jefe de la Bancada Democrática Nicaragüense, BDN, Adolfo Martínez Cole, al señalar que “cualquier llamado que se haga a Corte Plena con la presencia de estos dos abogados (Solís y Cuadra), no estaríamos respetando el orden constitucional, no estaríamos respetando la jerarquía de las leyes (entonces) no podríamos avalar nada que contradiga este principio de legalidad”.

Sería ilegal
“Todo lo que se genere por un acto que no está ajustado a la ley y a la Constitución no tiene consecuencias válidas, de tal manera que todo lo que se genere con la presencia de dos magistrados que no están debidamente investidos de la autoridad que la ley les otorga no tiene ninguna legalidad”, advirtió.

Según la convocatoria de la magistrado Ramos, uno de los puntos a tratar es el informe de ejecución presupuestaria del año 2010 y gastos relacionados al mes de mayo, información que estará a cargo de Róger Espinoza, secretario general administrativo, también conocerán y resolverán asuntos pendientes del anterior Consejo Nacional de administración y Carrera Judicial relacionados a materia disciplinaria y administrativa. Asimismo, autorizarán los nombramientos administrativos ordenados durante el mes de mayo, refirió en la convocatoria el doctor Rubén Montenegro, secretario general de la CSJ.

Aunque no aparece entre los puntos de agenda a discutir el decretazo, ni la sentencia reeleccionista de Ortega, no se descarta que puedan aparecer de la nada como sucedía en la Sala Constitucional, refieren magistrados liberales, quienes han mantenido que no se reunirán con magistrados que tieneN períodos vencidos.

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Elección de funcionarios terminaría crisis

Leyla Jarquín

Mientras tanto, el diputado de la BDN, Javier Vallejo, señaló que la actual crisis que se vive en la CSJ se solucionará cuando se elija a los 25 funcionarios públicos, entre los que están los magistrados del Poder Judicial; sin embargo, en la Asamblea Nacional todavía no llegan a un consenso con la bancada del Frente Sandinista, de la cual requieren votos para acumular los 56 necesarios para tales nombramientos.

Al respecto, Martínez Cole indicó que las comisiones de negociación del PLC y de la BDN ya están conformadas, que en reiteradas ocasiones han llamado al FSLN “a que se siente a negociar estos cargos”, pero éste se ha negado “con el afán de hacer valer únicamente el autoritarismo con que está llevando la cosas el presidente Ortega”.

Vallejo recordó que mientras ese consenso no llega, los diputados FSLN están amparados en el llamado “decretazo”, por lo que manifestó que la única salida—más allá de la anulación de ese decreto— es la negociación.

“Ellos pueden estar apegados al decretazo y a cualquier locura que se le ocurra al Presidente de la República, pero saben que no es legal, que está en contra el Estado de Derecho y esto tendrá que destrabarse como se ha hecho siempre: se sientan, se hacen negociaciones y se elijen a las personas idóneas”, aseveró.