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El director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, Bayardo Izabá, señaló ayer con certeza que las órdenes de destituir a autoridades locales provienen directamente de la Secretaría General del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, donde, según él, se diseñó toda una estrategia para quitar y poner alcaldes.

Izabá explicó que la lógica del partido de gobierno es inculpar de “supuesta malversación de fondos” a las autoridades en la mira; “instrumentalizar” a los Concejos Municipales, “luego entran en juego el Poder Electoral y los tribunales de justicia, y ahora se ha llegado al extremo de involucrar de manera beligerante a la Policía Nacional”, enfatizó.

El director del Cenidh consideró que al destituir a los alcaldes de Boaco, Wiwilí, Ciudad Sandino y Dolores; y al vicealcalde de Jinotepe, se violentó el derecho humano al debido proceso, porque no se les dio a los acusados oportunidad de defenderse en un juicio administrativo.

También dijo que se violentó el derecho a la presunción de inocencia, “porque se les ha inculpado de ser corruptos sin haber siquiera un dictamen de la Contraloría General de la República, CGR”.

Ortega ordena al Comisionado Barrantes

Izabá tiene información de que el presidente Daniel Ortega es quien se comunica directamente con el Comisionado de la Policía Nacional, Luis Barrantes, segundo jefe de Managua, para que éste dirija a los policías antimotines, según el interés del FSLN.

Agregó que los oficiales de la Policía Nacional han pasado de ser una autoridad pasiva frente a los ataques partidarios, para ser ahora un instrumento de fuerza que ataca y reaccionan, parcializados a favor de quienes trabajan con el partido de gobierno.

Crearán un frente de defensa

Izabá ofreció las declaraciones en un “Foro Debate por la Autonomía Municipal”, en el que se decidió crear un “frente nacional para la defensa de la democracia y los derechos humanos”.

“La ciudadanía tiene que reaccionar con indignación y comprometerse en una lucha para defender la democracia”, dijo.

Por su parte, el Coordinador Nacional de la Red de Desarrollo Local, Enrique Ramírez, manifestó que esta estrategia del gobierno de sustituir autoridades locales, es un proceso con vista a las elecciones presidenciales de 2011, para tener los aparatos locales a su favor.

Ramírez dijo que en el foro debate se hizo referencia a todos esos elementos, para analizar cómo se está afectando los derechos políticos, los derechos sociales y los derechos humanos, y para determinar la forma en que se articularán los organismos que defienden a la ciudadanía.

Los alcaldes destituidos de Boaco, Hugo Barquero, y de Wiwillí, Octavio Aquiles Ramos, participaron en el foro debate y recibieron el respaldo de los miembros del Cenidh y de la Red de Desarrollo Local.

“Esto no se va a quedar así”

El alcalde depuesto de Wiwilí, Octavio Aquiles Ramos Hernández, adelantó que está levantando firmas de respaldo en su departamento.

Asegura que su destitución “no se va a quedar así”, sin embargo, se considera una persona que no actúa con violencia, así que pidió a la población manifestarse pacíficamente y reiteró el llamado a la desobediencia civil.

En tanto, el defenestrado alcalde de Boaco, Hugo Barquero, dijo que la lucha que se tiene que librar por los derechos ciudadanos, no sólo se debe hacer en las ciudades donde los alcaldes fueron removidos, sino en toda Nicaragua.

Barquero criticó la actuación de los magistrados del Consejo Supremo Electoral quienes -según declaraciones del magistrado José Luis Villavicencio-, se han declarado “incapaces” de intervenir en las decisiones tomados por los Concejos Municipales, que han ordenado las destituciones.