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Si se cumple la posibilidad planteada por la presidenta interina de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, magistrada Alba Luz Ramos, de conformar Corte Plena con conjueces si los magistrados liberales no se presentan, el gobierno del presidente Daniel Ortega daría un salto definitivo hacia un gobierno de facto.

Así interpretó el diputado del PLC y jefe de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, José Pallais, el anuncio que dio Ramos el viernes, sobre la posibilidad de llamar a los conjueces, debido a que los magistrados liberales se niegan a asistir a sus convocatorias a Corte Plena en rechazo a la presencia de los ex magistrados Rafael Solís y Armengol Cuadra.

Antes, además, la magistrada había dicho que no podían “seguir soportando toda la vida” esa actitud de sus homólogos liberales, porque “todo tiene un límite”.

El freno legal del 163
Sin embargo, Pallais rechazó y condenó la idea de formar Corte Plena con conjueces, pues señaló que el artículo 163 de la Constitución Política establece que “la CSJ se integrará en salas, cuya organización e integración se acordará entre los mismos magistrados” y que por tanto, Ramos no puede convocar a los conjueces.

“El mismo artículo 163 dice que los conjueces se integrarán a Corte Plena, cuando se produjera ausencia, excusa, implicancia o recusación de cualquiera de los magistrados y esas circunstancias no se están concretando en absoluto”, agregó el diputado.

Golpe de Estado
Según Pallais, si se forma Corte Plena con los conjueces, “se estaría disolviendo la cabeza del Poder Judicial, que es la CSJ, lo cual es equivalente a un golpe de Estado”. “Se sustituiría a un órgano legal, por un órgano de facto”, subrayó.

“Estamos viendo un gobierno de facto y eso sería el salto a la integración de un gobierno dictatorial que no respeta las leyes, que viola la Constitución (…)”, advirtió el jefe de la Comisión de Justicia del Parlamento.

Todo sería ilegal
Mientras, el constitucionalista Omar García Palacios coincidió en que “no estamos ante los supuestos que establece la Constitución para que se llamen a los conjueces a formar Corte Plena”.

Expresó también que cualquier decisión de una Corte Plena integrada sin cumplir las condiciones constitucionales, sería ilegal e inexistente; sin embargo, lamentó que aún así no habría ningún órgano que denuncie y controle esa situación.

“Desde el punto de vista teórico sí es ilegal, pero desde el punto de vista práctico no, porque más bien es ahí que se genera el problema”, dijo.