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La Comisión de Población, Desarrollo y Municipios de la Asamblea Nacional, podría emitir esta semana el informe de las investigaciones que está realizando sobre si las últimas ocho destituciones de autoridades de cinco municipios del país se hicieron bajo los criterios que establecen la “Ley de Municipios”, “Ley 40”, y la “Constitución Política”.

Así lo confirmó el presidente de dicha comisión legislativa, y aliado de la bancada del FSLN por la Convergencia Nacional, diputado Agustín Jarquín, quien aseguró que los diputados que la conforman están calificados para hacer esa investigación, por mandato de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

“Pero nosotros no podemos decretar que esas destituciones son ilegales”, aclaró Jarquín. Señaló que el informe que emitan será entregado al Plenario para que éste decida qué hará según el contenido del mismo. “Podrían acogerlo o no y llamar o no a las partes involucradas”, explicó al respecto el diputado.

Jarquín no ha hablado con los operadores

Jarquín declaró que la investigación se ha basado en entrevistar a la mayoría de las autoridades destituidas, a los ciudadanos de las municipalidades donde ocurrieron los hechos, e incluso a líderes religiosos.

También se pidió información al Consejo Supremo Electoral, el cual se ha encargado de nombrar —casi de inmediato— a las nuevas autoridades impuestas por los Concejos.

Jarquín fue consultado sobre si llamaron al presidente del FISE, Nelson Artola, y al secretario político del FSLN en Managua, Edgardo Cuarezma, ya que en el caso de la destitución del alcalde y la vicealcaldesa de Ciudad Sandino, Roberto Somoza y Juana Cuarezma, respectivamente, éstos los señalaron como los responsables.

Al respecto, respondió que no, “porque ninguno de ellos tiene funciones directas en el proceso de destitución”, que establece la Ley de Municipios y la Constitución. “No estamos evaluando criterios de orden político que involucran a autoridades de uno u otro partido”, agregó.

No habla de los hallazgos

De mayo a la fecha, ya son ocho las autoridades municipales que han sido destituidas de sus cargos en cinco municipios del país, pero sin conocerse ninguna justificación legal.

Jarquín no quiso dar información sobre los hallazgos de la investigación, pero cuando ésta comenzó, dijo que las destituciones no siguieron el mecanismo de ley porque no se les dio la oportunidad a los destituidos de apelar, tampoco se demostró ninguna sentencia firme de que hayan incurrido en anomalías, y no se cumplieron los plazos para las nuevas juramentaciones.