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La ley anti inmigrantes de Arizona, está en cuenta regresiva y entrará en vigor el próximo jueves, mientras tanto miles están a la expectativa del fallo de la jueza federal, Susan R. Bolton, sobre las demandas levantadas contra la ley.

Esta ley fue objetada la semana pasada con siete demandas por el Departamento de Justicia, organizaciones de derechos civiles, dos agentes de policía de Arizona, una asociación religiosa hispana y un investigador de Washington, y pese a tanta presión, hasta el momento la jueza Bolton no ha comunicado cuándo emitirá su fallo.

La ley, promulgada el pasado 23 de abril por la gobernadora republicana, Jane Brewer, convierte en delito, ser indocumentado y obliga a las policías locales a cuestionar sobre el estatus migratorio, a las personas sospechosas de estar en forma ilegal en el país.

Las siete demandas interpuestas contra la ley argumentan que la misma se anticipa a la ley federal, al hacer cumplir funciones que no corresponden a los gobiernos locales.

Los hispanos

Mientras tanto la comunidad hispana, tanto dentro como fuera del país estadounidense, señala que la misma también vulnera los derechos humanos al criminalizar a una persona por el simple hecho de ser inmigrante.

Sobre el proceso judicial, expertos en la materia legal esperan que el fallo de la jueza Bolton sea dividido, es decir ni a favor ni en contra de defensores y detractores de la ley. Lo que es seguro es que el dictamen será apelado por una o ambas partes; lo cual marcaría pautas para dar inicio a una gran ofensiva legal, hasta llegar a tocar las puertas de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos.

Si el fallo es a favor del gobierno de Arizona, “éste va más allá y el gobierno federal perderá responsabilidades que siempre han sido de su competencia”.

Brewer optimista
A pocos días de que entre o no en vigor la ley, Brewer se mantiene optimista; hace saber que el fondo para la defensa legal de la ley se ha incrementado en más de 1.2 millones de dólares, desde que el gobierno federal el pasado seis de julio interpuso la demanda a fin de parar la SB1070.

Brewer no estuvo de acuerdo con que el secretario estatal de justicia Terry Goddard participara en la defensa de la ley, en lugar de ello, se acogió a una provisión de la ley que le autoriza contratar abogados privados.

La protesta no se hace esperar
Entre tanto llega “el día D”, organizaciones pro derecho inmigrante esperan un 29 de julio con protestas de desobediencia civil totalmente alegóricas. Las demandas tienen como objetivo trascender, ya que son muchos quienes consideran que al entrar en vigor la SB1070, ésta no afecta únicamente a los indocumentados sino a toda la comunidad hispana que está siendo fracturada por leyes de castigo.

Los activistas invitan a una condena antieconómica de “no hacer compras”; entre otras que se mantienen en el misterio, para dejar en claro su oposición a la SB 1070 como a la sección 287g de la ley de inmigración, vigente desde 1996, que permite a los gobiernos locales entrar en “acuerdos” con el federal para entrenar a alguaciles que ejerzan funciones de inmigración con el objetivo de identificar y deportar a indocumentados.

Las repercusiones
Ante esta situación, los abogados del Departamento de Justicia califican de insensato el pretender facultar a la Policía para aplicar la legislación, ya que esta propuesta ha empezado a deteriorar las relaciones con la comunidad internacional.

Para quienes apoyan la reforma migratoria, la aprobación de la SB1070, lejos de beneficiar a los ciudadanos estadounidenses, los perjudica. Esto porque posibles detenciones arbitrarias podrían ser objeto de demandas al Estado, ya que la ley contradice la enmienda XIV, sección 1 de la Constitución de los Estados Unidos.

La misma señala textualmente que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sometidas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y de los Estados en que residen. Ningún Estado podrá dictar ni dar efecto a cualquier ley que limite los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; tampoco podrá Estado alguno privar a cualquier persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni negar a cualquier persona que se encuentre dentro de sus límites jurisdiccionales la protección de las leyes, igual para todos”.

Ardid político y voto hispano
Por otra parte, en medio de la polémica ley, parece un hecho que los republicanos, a fin de alejar el voto hispano de los demócratas, lograron uno de sus objetivos: “mostrar a un presidente Obama que rompió su promesa a los hispanos al no cumplirles el sueño de la reforma migratoria”.

Así, la población hispana reclama acciones precisas al presidente. Son dieciocho meses y a la fecha la promesa de la reforma migratoria del presidente está en entredicho, mientras hacen presencia las redadas silenciosas, los juicios van en aumento y las deportaciones suman.

No obstante, este ardid político republicano es de doble filo, pues tampoco pueden olvidarse que ellos son quienes hace tres años, en tiempo de campaña electoral, votaron a favor de una reforma migratoria.

Agricultores indocumentados
Entonces fue que John McCain, respaldó la reforma migratoria y se convirtió en noticia de última hora, al afirmar que “no necesitaba decir que hay trabajos que los anglosajones no desean hacer”.

Las estadísticas dejan ver que de los 2.5 millones de trabajadores agrícolas en Estados Unidos, más del 60% son indocumentados.

Si bien, la responsabilidad es compartida, demócratas y republicanos, al parecer no están sopesando las consecuencias; y descuidan el equilibrio dentro del Congreso, dejando sus escaños en un juego de azar; ya que el voto hispano podría ser de “castigo” en los comicios de noviembre próximo.

125 millones de hispanos en 2050
Hay que señalar que la importancia del voto hispano va en aumento, sólo en 2008 el presidente Obama obtuvo el 75% del voto hispano y su oponente, John McCain, obtuvo el 25%. Según proyecciones del Instituto Pew, para el año 2050, en Estados Unidos habrá 125 millones de hispanos, lo que representa una tercera parte de la población estadounidense.

La fuerza de la SB 1070
Haremos “una agresiva defensa de la ley SB1070”, subrayó Brewer como pionera de la SB1070. Ella, muy determinante, se corresponsabiliza de la aplicación de la SB1070, lo cual le ha conferido “la fuerza de un búfalo” dentro de su Partido Republicano. Contradictoriamente la crisis migratoria, con sus costos humanos, le está dando notoriedad y fuerza política a Brewer, dentro de su partido. Sin embargo, no está del todo satisfecha. La gobernadora dejó saber su descontento por el envío de tan solo 524 soldados para resguardar la frontera del estado de Arizona.

“Una Brewer antes desconocida es hoy un secreto a voces”. ¿Qué pasará con esta notoriedad hasta hoy lograda por Brewer? Así la imposición republicana continúa, y McCain ha dicho que la SB1070 es una respuesta al presidente Obama y a la incapacidad de su Administración para proteger nuestras fronteras.

Igualmente, la líder republicana candidata a gobernadora por el estado de California, Meg Whitman, ha dejado muy en claro su postura manifestando que resguardará las fronteras a fin de frenar la inmigración indocumentada y protegerá las Ciudades Santuario, de los ilegales.

Emplazamiento
Según Whitman ningún inmigrante indocumentado debe ilusionarse con obtener beneficios de California, tales como licencias de conducir y oportunidades de estudio en universidades públicas. Asimismo agregó que esto creará una muralla económica contra los empleadores que irrespeten las leyes al emplear fuerza laboral indocumentada. Mientras tanto, el respaldo a la SB1070 de parte de la ex gobernadora de Alaska, Sarah Palin, fue avasallador: “Señor presidente, cumpla su trabajo. Garantice la seguridad de nuestras fronteras”.

De igual manera, a la decisión de la gobernadora del estado de Arizona, se le anexa la de la legisladora republicana por el estado de Texas, Debbie Riddle, entre muchos otros más, quienes planean para 2011 iniciativas parecidas a la de Arizona.

Durante perdure la injusta y “evitable” desigualdad en la distribución de la riqueza “en los países pobres”, la migración de las grandes mayorías necesitadas del mundo continuará siendo una necesidad obligada.

Por consiguiente, sigue siendo responsabilidad de los gobiernos y de los organismos internacionales generar políticas de confianza a través de convenios internacionales, para hacer respetar los derechos humanos de los indocumentados del mundo; a razón de vivir dignamente.


(*) Colaboradora